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| 4 de julio del 2005 |
Un orden internacional más justo (III)
Elaboración: Franklin Canelos, Oswaldo Padilla,
3. Alternativas políticas
El mundo requiere nuevas instituciones, empezando por el campo financiero donde prácticamente no existen normas ni regulaciones. Eso facilita la utilización de la deuda externa como un dogal que frena el desarrollo de los países empobrecidos o como un arma que garantiza su sumisión. A partir de las declaraciones de diversas instancias de Naciones Unidas y de una serie de Convenios Internacionales, se puede encontrar argumentos de peso que demuestran como la deuda externa implica una violación abierta de los Derechos Humanos, del Derecho al Desarrollo y del Derecho a la Libre Determinación de los Pueblos. Igualmente, ha quedado comprobada la ilegitimidad de muchas deudas y más aún, la imposibilidad de su pago sin poner en riesgo la existencia misma de amplios sectores de la población en los países endeudados. Teniendo en mente la búsqueda de soluciones integrales y reconociendo la vigencia de Estados de Derecho en todo el mundo, se ha propuesto una solución global: la creación de mecanismos que permitan resolver definitivamente la situación de sobreendeudamiento de los países subdesarrollados. Estos mecanismos, entre los que podría estar la auditoria y otros, deberían enmarcarse en el contexto de un Código Financiero Internacional, que cobijaría el funcionamiento de un Tribunal Internacional sobre Deudas Soberanas. En ese contexto, teniendo en la mira la necesidad de un marco regulatorio y una instancia para normar las relaciones financieras internacionales, se exponen a continuación varias opciones que no pueden ser vistas de manera aislada. Se precisa integrarlas en una concepción estratégica que tenga claramente definida la acción táctica a desplegar en cada momento. Sin minimizar la búsqueda de diversas opciones puntuales, hay que recordar que éstas deben enmarcarse en una concepción estratégica y plasmarse en un "policy-mix" acorde con las circunstancias. Y que las propuestas de la "sociedad civil" no pueden escudarse en un cobarde cómplice pragmatismo, sino que siempre deben sustentarse en la legalidad y legitimidad de sus raíces. Auditorías y veedurías El derecho a la información es un elemento fundamental y la piedra angular para solicitar una auditoria del endeudamiento, más aún cuando están comprometidos recursos públicos. El punto de partida para iniciar cualquier proceso de resolución definitiva de la deuda será, sin duda, la realización de una auditoria independiente. No todas las deudas merecen similar tratamiento. Muchas deben ser desechadas desde el inicio, sobre todo aquellas que caen en la categoría de deudas odiosas (contratadas por una dictadura o las deudas del Apartheid, aquel sistema inhumano de sociedad sustentada en la exclusión racial que existió en Sudáfrica, por ejemplo); además, existen otros créditos que, por sus condiciones, podrían ser considerados como usurarios (con tasas de interés desproporcionadas, que de antemano hicieron imposible el servicio de la deuda) y corruptos (contratadas en condiciones que no se ajustan a las normas legales del país acreedor o deudor, o a normas internacionales), que por definición deberían ser nulos. A modo de ejemplo de los factores que habría que considerar, se puede mencionar la existencia de cláusulas ilícitas, vicios de consentimiento, anatocismo, tasas de interés usurarias, gastos y comisiones desproporcionados, operaciones simuladas, deudas "estatizadas" o "socializadas", etc. La auditoria sobre determinados tramos de deuda es factible. Se requiere un esfuerzo sistemático de auditorias de los diversos tramos de la deuda externa, incluyendo la oficial, para establecer aquellas deudas que deben ser sujetas a procesos judiciales de anulación La auditoria permitiría identificar las deudas legítimas y las ilegítimas, establecer la corresponsabilidad de los acreedores en el proceso de endeudamiento, exigir la anulación de las deudas ilegítimas y/o negociar en mejores condiciones con los acreedores en el futuro y sentar precedentes para un manejo justo y responsable del nuevo endeudamiento. Este planteamiento justifica la necesidad de impulsar un proyecto de Ley para la creación de la Comisión Nacional de Auditoria a la Deuda Externa. Pero debe quedar absolutamente claro que la auditoria por si sola no resuelve los problemas. Es apenas un primer paso. Lo ideas sería que de la auditoria surjan procesos jurídicos que permitan resolver las disputas de la deuda, particularmente en el marco d eun tribunal internacional. La auditoria también será una herramienta poderosa para impugnar determinadas deudas en el marco de un proceso de renegociación. Y por cierto será una opción que permita concientizar y movilizar a la sociedad. Esta aproximación reclama transparencia para superar las tradicionalmente secretas negociaciones de la deuda y una activa acción de vigilancia y control por parte de la sociedad civil a través de veedurías ciudadanas. Hay que recodar que no sólo se debe auditar las deudas viejas, sino que se precisa un control riguroso y permanente en la contratación de las nuevas deudas, por parte de la "sociedad civil" e incluso de las instancias parlamentarias de cada país. Límites al pago del servicio de la deuda y la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal (LOREYTF), promulgada en junio de 2002 Urge desmontar el mecanismo perverso existente en la LOREYFET, comumente conocida como Ley de Transparencia Fiscal. En esta Ley, eentre otras cosas, se estableció que el gasto fiscal real no puede incrementarse sobre el 3,5% anual más el deflactor del PIB. De esta manera, sin importar los ingresos extras que pudiera obtener el Estado, la ley establece que no se puede aumentar el gasto público. Nótese que esto le pone un freno automático a la inversión social. Todos estos ajustes han sido realizados en aras de la austeridad fiscal, bajo vigilancia estricta del FMI. Con estas disposiciones y con el congelamiento del precio del petróleo para calcular los ingresos fiscales se han constituido dos fondos de estabilización: el Fondo de Estabilización Petrolero y el FEIREP. El principio detrás de los fondos de estabilización es coherente: ahorrar en época de vacas gordas para tener qué comer en época de vacas flacas. Sin embargo, al analizar los resultados se tiene una realidad alejada de los objetivos iniciales. Ya que lo que se ha conseguido es tener un presupuesto rígido e ineficiente. Las supuestas "responsabilidad" y "transparencia" no se han hecho presentes, y por el contrario al respecto el gobierno ha recibido varias críticas. De igual manera, es cuestionable la distribución de los recursos del FEIREP destinados en su mayoría a la recompra de la deuda. Nuevamente, por privilegiar a los acreedores se estaría dejando totalmente de lado la inversión social. Entonces ¿cómo se puede defender el manejo fiscal y aún más el desvío de ingresos públicos hacia el FEIREP, si en la práctica su funcionamiento sigue la lógica de 'ahorrar en época de vacas gordas para poder mantener el servicio de la deuda externa en época de vacas flacas'? (1) En los últimos tiempos, la "sociedad civil" ha dinamizado la comprensión de los alcances y limitaciones de esta Ley, y ha propuesto como contrapartida la creación de un Fondo de Desarrollo Humano, con el fin último de mejorar la calidad en el gasto social. La sociedad civil debe apoyar la reforma de la Ley plantada por el gobierno que se inició el 20 de abril del 2005. Los fondos petroleros no pueden tener una visión de corto plazo, articulados a las orientaciones fiscales y tendientes a favorecer a la los tenedores de papeles de deuda, sin considerar la necesidad de que las siguientes generaciones también usufructúen de un recurso agotable. Esta es la noción de "sembrar el petróleo".
Notas
(1) Es importante anotar que este planteamiento de la sociedad civil, para desarmar el FEIREP por inconveniente a los intereses nacionales, se plasmó por iniciativa del gobierno del doctor Alfredo Palacio, que accedió al poder el 20 de abril del 2005. El Congreso Nacional, por casi unanimidad, dio paso al planteamiento de reformar del Ministerio de Economía, introduciendo algunos reajustes a la propuesta del ejecutivo, el día 16 de junio del presente año. Con esto se desarmó la estructura de un esquema de ahorro que privilegiaba el servicio de la deuda, marginando la inversión social. Igualmente se abrió la puerta para transparentar el manejo de los recursos fiscales, al haberse dispuesto que los recursos que antes fluían al FEIREP pasen a ser parte del Presupuesto General del Estado; esta decisión, por cierto, contribuye a mejorar en algo la debilitada institucionalidad democrática del Ecuador. Ayuda también a demostrar la falsedad de la estabilidad macroeconómica que existiría en el país. Y, sobre todo, puede ser un primer paso para superar un largo de período de domino de políticas ortodoxas y conservadoras, a todas luces imprudentes para los intereses del país.
(*) Participantes en el primer encuentro de marzo: |
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