AI condena la legislación discriminatoria aprobada por el Parlamento israelí

En un sólo día, el 27 de julio de 2005, el Parlamento israelí aprobó dos nuevas leyes civiles, la Ley de Errores Civiles/Agravios Civiles (Responsabilidad del Estado) y la Ley de Ciudadanía y Entrada en Israel, cuyo efecto es llevar la discriminación de los palestinos a un nuevo nivel. En su forma actual, ambas leyes constituyen un incumplimiento de las obligaciones contraídas por Israel en virtud del derecho internacional, incluidos los tratados de derechos humanos en los que es Estado Parte y cuyas disposiciones está obligado a respetar.

Según la nueva Ley de Agravios Civiles (Responsabilidad del Estado), unos tres millones y medio de palestinos que viven bajo ocupación israelí en Cisjordania y la Franja de Gaza son considerados "residentes en una zona de conflicto". Como tales, se les niega el derecho a reclamar indemnizaciones por muertes, lesiones o daños materiales causados por las fuerzas israelíes.

La ley, que se aplica con carácter retroactivo a sucesos que datan de septiembre de 2000, afecta sólo a los palestinos, no a los israelíes que residen en los Territorios Ocupados violando el derecho internacional.

Las anteriores reformas de la Ley de Agravios original habían restringido ya considerablemente la capacidad de las víctimas palestinas para solicitar indemnizaciones. Hasta la fecha, la inmensa mayoría de las decenas de miles de palestinos que, sin culpa alguna, han sufrido lesiones, cuyos bienes han sido destruidos o dañados o que han perdido a familiares a causa de actos ilegítimos de las fuerzas israelíes en los Territorios Ocupados, no han recibido reparación alguna. De hecho, en la mayoría de los casos, las autoridades israelíes no han abierto siquiera una investigación ni han llevado ante la justicia a los soldados responsables de homicidios y otros abuso contra los derechos de los palestinos.

Los 54 miembros del Parlamento israelí que votaron en favor de la nueva ley el 27 de julio dieron deliberadamente un paso que discrimina a las víctimas palestinas. Su efecto será negar un derecho fundamental a víctimas como los 10 hijos de Noha Maqadmeh, que se quedaron huérfanos y sin hogar cuando su madre, que estaba embarazada y se encontraba en ese momento en la cama, resultó muerta al venirse abajo su casa por haber volado los soldados israelíes un edificio vecino en el campo de refugiados Al Bureij, en la Franja de Gaza, el 3 de marzo de 2003. A causa de la explosión quedaron destruidas también otras seis casas de las inmediaciones, con lo que unas 90 personas perdieron su hogar y las perspectivas, ahora, de obtener una reparación por loa injusticia cometida.

El 27 de julio, 59 legisladores israelíes aprobaron también una reforma de la Ley de Ciudadanía y Entrada en Israel (Ley de Reunificación Familiar) que prohíbe la reunificación familiar en el caso de los israelíes casados con palestinas menores de 25 años y de las israelíes casadas con palestinos menores de 35.

Esta ley discrimina explícitamente a los palestinos y de forma implícita también a los ciudadanos palestinos de Israel, que constituyen alrededor del 20 por ciento de la población del país, y a los jerosolimitanos palestinos (1), que son casi exclusivamente quienes se casan con palestinos de los Territorios Ocupados. La ley institucionaliza una forma de discriminación racial basada en la etnia o la nacionalidad, por lo que constituye un incumplimiento de la prohibición absoluta de la discriminación establecida en las normas internacionales de derechos humanos, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre los Derechos del Niño, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Israel ha ratificado todos estos tratados y esta obligado a cumplirlos.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité de Derechos Humanos de la ONU habían pedido a Israel que anulara esta legislación.

Al votar en favor de esta nueva ley, los parlamentarios israelíes ha dado un paso más en la transformación de un conjunto de disposiciones discriminatorias establecidas por el ministro del Interior en marzo de 2002, aparentemente como medidas provisionales, en derecho parlamentario permanente.

Las excepciones a la nueva ley están basadas en la edad y el sexo y son arbitrarias por naturaleza. Favorecen sólo a un pequeño porcentaje de las parejas palestino-israelíes que soliciten la reunificación familiar, ya que la mayoría se casan a edades inferiores a las establecidas en la ley. Además, incluso en estos casos, aunque el cónyuge cumpla los criterios de edad , la solicitud de reunificación familiar puede denegarse si las autoridades israelíes determinan que esa persona o algún familiar suyo constituye un "riesgo para la seguridad". Hasta ahora se han rechazado por este motivo gran número de solicitudes, aunque no se ha dado a los solicitantes ninguna explicación ni la oportunidad de impugnar la denegación.

La nueva ley continuará afectando a millares de parejas, a las que negará su derecho a disfrutar de una vida familiar normal, obligando a muchos ciudadanos israelíes a vivir separados de sus cónyuges palestinos o a marcharse del país para poder reunirse con ellos.

Las autoridades israelíes han intentando justificar las disposiciones discriminatorias de la nueva ley aludiendo a razones de seguridad, en especial a la necesidad de impedir que palestinos considerados una amenaza para la seguridad se establezcan en Israel. Sin embargo, en la práctica ya podían negar la entrada al país a los palestinos en tal caso en virtud de la legislación existente. Recientes declaraciones del primer ministro, Ariel Sharon, y de otros ministros y autoridades sugieren que, en realidad, la nueva ley podría estar motivada fundamentalmente por cuestiones demográficas (2) .

Amnistía Internacional reitera su llamamiento al gobierno Israelí para que reforme la Ley de Errores Civiles/Agravios Civiles (Responsabilidad del Estado) y la Ley de Ciudadanía y Entrada en Israel para que no sean discriminatorias y se ajusten a las obligaciones contraídas por Israel en virtud del derecho internacional.

(1) Los palestinos que, tras el establecimiento del Estado de Israel en 1948, se quedaron allí, se convirtieron en ciudadanos israelíes. A los jerosolimitanos palestinos se les reconoció una condición especial como residentes permanentes al ocupar y anexionarse Israel Jerusalén Oriental en 1967. En la actualidad hay unos 230.000 jerosolimitanos palestinos. Es probable que pierdan su condición de residentes permanentes y, con ella, el derecho a vivir en Jerusalén, si salen de la ciudad -por ejemplo, para irse a vivir con sus cónyuges palestinos a los Territorios Ocupados-.
(2) En una reunión celebrada el 4 de abril de 2005 para hablar de esta ley, el primer ministro Sharon, manifestó: "No hay necesidad de ocultarse tras argumentos sobre seguridad. Es necesario para la existencia de un Estado judío", Y el ministro de Economía, Netanyahu, señaló: "En vez de facilitarles las cosas a los palestinos que quieren obtener la ciudadanía, debemos hacer que el proceso sea mucho más difícil para garantizar la seguridad de Israel y una mayoría judía en Israel." (Según información publicada en el diario israelí Ha'aretz y que el gobierno israelí no ha desmentido). Véase también una declaración sobre esta ley hecha por la Oficina del Primer Ministro el 15 de mayo de 2005, en la que se decía que el primer ministro Sharon había afirmado que se debía preservar la naturaleza judía de Jerusalén y que de lo que se trataba era de la existencia de Israel:
http://www.pmo.gov.il/PMOEng/Government/Government+Secretary/Press/govmes150505.htm.