EEUU: AI exige que se detengan los procedimientos ante comisiones militares

Amnistía Internacional está consternada por el hecho de que una corte de apelaciones de Estados Unidos haya determinado recientemente que Salim Ahmed Hamdan, ciudadano yemení detenido en Guantánamo, puede ser juzgado por una comisión militar, y de que el Departamento de Defensa estadounidense haya anunciado a continuación que los procedimientos de la comisión se reanudarán de inmediato. La organización pide a las autoridades de Estados Unidos que desistan de seguir adelante con tales procedimientos y anulen la orden ejecutiva por la que se establecieron.

Amnistía Internacional ha manifestado que estas decisiones son sumamente preocupantes. Todos los detenidos han de poder disfrutar de su derecho al debido proceso. Tal como son estas comisiones militares en la actualidad, los juicios ante ellas supondrían dar un enorme paso en la dirección equivocada. El uso de comisiones militares constituye una afrenta al imperio de la ley y un grave incumplimiento de las normas internacionales y estadounidenses sobre juicios justos.

El 15 de julio, la Corte de Apelaciones del Circuito de Columbia determinó que Salim Ahmed Hamdan puede ser juzgado por una comisión militar. En el fallo se establece también que las medidas de protección de los Convenios de Ginebra no conceden derechos individuales exigibles por medio de la acción judicial directa en los tribunales estadounidenses. Este fallo revoca una decisión adoptada por la Corte de Distrito en noviembre de 2004, en la que se determinaba que el tercer Convenio de Ginebra otorga un derecho individual de acción y se impedía el juicio ante una comisión militar mientras un "tribunal competente" no determinara que Salim Ahmed Hamdan no es prisionero de guerra. La Corte de Distrito afirmó, además, que, incluso si un tribunal competente decidiera que Salim Ahmed Hamdan no es prisionero de guerra, no se podía seguir adelante con las comisiones militares, porque el reglamento permitía impedir al acusado escuchar los testimonios contra él y violaba el derecho básico al debido proceso.

En el último fallo judicial se establece que las comisiones militares pueden hacer las veces de "tribunal competente" para determinar la condición de prisionero de guerra de un detenido. Sin embargo, las comisiones fueron creadas por el presidente Bush, quien ha negado continuamente que los detenidos tengan tal condición.

La única norma que regula la admisión de pruebas en las comisiones militares hace posible la admisión de todas las que tengan "valor probatorio para la persona razonable". Cabe incluir aquí los rumores, las declaraciones obtenidas con tortura y las declaraciones de otros detenidos de Guantánamo o de otros lugares. No se dispone de grabaciones de los interrogatorios llevados a cabo en estos sitios, no se permite el interrogatorio de los testigos por la parte contraria ni se puede verificar la fidelidad de las traducciones. Sin embargo, tales declaraciones son admisibles como prueba en los juicios ante las comisiones militares.

El artículo 15 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en la que Estados Unidos es Estado Parte, prohíbe utilizar declaraciones obtenidas con tortura como prueba en todo procedimiento judicial o de otro tipo. La legislación estadounidense prohíbe el empleo en los procedimientos penales de las pruebas resultantes de confesiones obtenidas con coacción.

Amnistía Internacional afirma que todas las formas de tortura y malos tratos deben condenarse y erradicarse. Las pruebas obtenidas por medio de estas prácticas, incluida toda forma de coacción moral o física, no deben utilizarse jamás en procedimientos judiciales. Seguir adelante con los juicios ante comisiones militares que admitan pruebas obtenidas con tortura supondría claramente aprobar la tortura y los malos tratos.

Salim Ahmed Hamdan ha contado a su abogado militar que, durante el tiempo que pasó bajo custodia estadounidense en Afganistán, lo "golpearon, lo recluyeron durante unos tres días en una postura forzada, con frío... lo arrastraron, le dieron patadas y puñetazos". En Guantánamo ha estado recluido en régimen de aislamiento en Camp Echo durante casi un año, hasta que se le ha sacado de esta situación por orden judicial. Anteriormente, el gobierno estadounidense se había negado a trasladarlo por considerar que tal medida "entrañaría un riesgo indebido de destrucción del ambiente que el ejército está tratando de crear en Guantánamo a fin de facilitar la obtención de información para los servicios de inteligencia". Salim Ahmed Hamdan ha afirmado que ha considerado la posibilidad de hacer una confesión falsa para que mejore su situación.

Otro detenido contra el que se han presentado cargos en virtud de la Orden del presidente es el australiano David Hicks, quien ha denunciado que, estando bajo custodia estadounidense, lo golpearon reiteradamente, inmovilizado y con los ojos vendados, lo obligaron a tomar unos medicamentos que no conocía, lo sometieron a privación del sueño "por norma" y no le permitieron salir de la celda, en Camp Echo, para hacer ejercicio a la luz del sol desde julio de 2003 hasta marzo de 2004.

Las comisiones militares no tienen, tampoco, independencia respecto del poder ejecutivo, y restringen gravemente el derecho del acusado a contar con un abogado de su elección y tener una defensa efectiva. Niegan también el derecho de apelación ante un tribunal independiente, incluso en el caso de que se imponga la pena de muerte.

El 16 de julio de 2005, de Departamento de Defensa estadounidense anunció que las causas del detenido yemení Salim Ahmed Hamdan y el detenido australiano David Hicks se reanudarán lo antes posible, y que se seguirá adelante con el procedimiento entablado ante una comisión contra el yemení Ali Hamza Suleiman Al Bahlul y el sudanés Ibrahim Ahmed Mahmoud Al Qosi. Se espera que los miembros de las comisiones que verán estas causas sean nombrados esta semana.

Hasta ahora sólo se han presentado cargos en virtud de la Orden Militar contra cuatro personas. Había once más con respecto a las cuales se había determinado que fueran juzgadas ante comisiones militares con arreglo a la Orden del presidente, pero tres de ellas han sido puestas ya en libertad sin cargos. Un enviado de Amnistía Internacional asistió como observador a los procedimientos preliminares de las comisiones militares de Guantánamo durante la semana del 23 de agosto de 2004 y el 1 de noviembre de 2004. Está ya ampliamente reconocido que los procedimientos estaban mal organizados y adolecían de grandes deficiencias, sin embargo no parece que se haya hecho nada para mejorarlos a pesar de una serie de recomendaciones formuladas por grupos de derechos humanos, asociaciones legales y la oficina de comisiones militares. Sigue siendo patente que ni siquiera una reforma parcial del sistema de comisiones militares puede resolver sus fallos fundamentales. Amnistía Internacional ha pedido al gobierno estadounidense que garantice el bienestar físico y psicológico de todos los detenidos y que vele por que se haga justicia. Asimismo, la organización ha instado a las autoridades de Estados Unidos a que presenten cargos contra los detenidos y los sometan a un juicio justo o los dejen en libertad.