En este informe se pasa revista a los costes generados por la energía nuclear que no se satisfacen o no se han satisfecho por sus explotadores a lo largo de mucho tiempo. Los principales son la gestión de los residuos radiactivos de alta actividad, los costes del desmantelamiento de las plantas nucleares, que recaen en la empresa pública ENRESA; el almacenamiento del uranio a cargo de ENUSA; las indemnizaciones en concepto de la moratoria nuclear y los costes de transición a la competencia. Todos estos costes se sufragan con cargo al recibo de la electricidad, por lo que somos los consumidores quienes los acometemos en lugar de los explotadores de las centrales. Además se trata con favoritismo a la energía nuclear con respecto a otras actividades industriales, puesto que para aquélla se ha establecido una responsabilidad civil limitada. Lo que abarata fuertemente las cantidades que satisfacen sus explotadores en concepto de seguros por daños a terceros.

De esta forma, además, se falsea el precio final de la energía nuclear puesto que ninguno de estos costes no se tienen en cuenta para calcularlo. Gracias a este hecho la energía nuclear se puede mantener como opción en el mercado de producción de electricidad. Estamos ante una fuente de energía fuertemente subvencionada a pesar de lo cual su rentabilidad es más que dudosa, dadas las enormes inversiones requeridas que suponen un gran riesgo para sus inversores, sobre todo si consideramos las incertidumbres que aún quedan en torno a esta fuente de energía. En particular, todavía no se conoce cual va a ser la forma de gestión de los residuos de alta actividad por lo que no se puede conocer cuanto costará ésta. La prueba es que desde que la Ley del Sector Eléctrico de 1994 puso fin a la Moratoria nuclear, situación que ratifica el Protocolo Eléctrico de 1999, no existe ningún obstáculo legal para la apertura de una planta de ese tipo, a pesar de lo cual no se han abierto nuevas centrales nucleares.

Las indemnizaciones por la Moratoria Nuclear han supuesto unos pagos de 7.128 millones de euros y todavía quedan por pagar unos 1.855 millones de euros. Los costes de transición a la competencia se estimaron en unos 7.800 millones de euros. El desmantelamiento de una central nuclear puede suponer unos costes adicionales que encarecerían el kWh nuclear en un 50%. Los pagos de los seguros a terceros podrían multiplicarse por 800 en un marco de responsabilidad civil ilimitada y ascenderían a 20 millones de € para una central como Trillo. La gestión de los residuos de alta es un tema muy espinoso para cuya forma de gestión aún no se ha tomado ninguna decisión, por lo que no se puede evaluar su coste. Además de esta incertidumbre existe el problema de las incertidumbres futuras: los costes podrían aumentar fuertemente en caso de accidente. Con toda probabilidad las empresas que los han generado desaparecerán antes de que los residuos dejen de ser peligrosos, puesto que lo van a ser durante cientos de miles de años. Y serán las generaciones futuras quienes tengan que pagar y sufrir los efectos de una posible fuga al exterior.

Recientemente se ha anunciado un paso positivo en el sentido de esta propuesta. A partir de abril serán las empresas eléctricas quienes se encarguen de la financiación de ENRESA. Sin embargo es todavía insuficiente. La internalización de los costes, además de ser más justa, otorga al Gobierno un poderoso instrumento jurídico en el marco de la Unión Europea para proceder al cierre de las nucleares españolas.