Carlos Sánchez Almeida: Ciberderechos y libertad de expresión (I)

El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día, comparecencia, a petición del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, del asesor jurídico de entidades aseguradoras y empresas de seguridad informática, don Carlos Sánchez Almeida -no es la primera vez que asiste a esta comisión y le doy la bienvenida- y en esta ocasión lo hace a fin de dar su opinión como especialista jurídico sobre todas aquellas cuestiones que afectan al posible plan para el desarrollo de la sociedad de la información y de convergencia con Europa.
Tiene la palabra el señor Sánchez Almeida.

El señor SÁNCHEZ ALMEIDA (Asesor jurídico de entidades aseguradoras y empresas de seguridad informática):

Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías.

Ante todo, permítanme agradecer su amable invitación. Quisiera aportar a los trabajos de esta comisión mis reflexiones desde el ámbito de los ciberderechos, que es una materia en la que llevo trabajando algunos años, desde los ya lejanos tiempos de Fronteras Electrónicas, una organización pionera en España en el ámbito de defensa de los derechos fundamentales en Internet, por lo que en su momento tuve ocasión de colaborar, y, desde luego, debo agradecer la hospitalidad de esta Casa por cuanto que ya en 1998 se recibió al entonces presidente de Fronteras Electrónicas, don David Casacuberta, y posteriormente comparecimos también en esta Cámara tanto Javier Maestre, abogado, mi compañero de despacho, como yo mismo en el debate sobre la Ley de servicios de la sociedad de la información; y, desde luego, quiero agradecer también al Senado su actividad incansable en la defensa de las libertades en Internet. Evidentemente, es larga y fecunda la experiencia de esta Casa, que incluso en su momento tuvo reflejo en la Declaración de derechos en Internet efectuada por el Senado, y es justo reconocer su labor.

También quiero decirles que me acompañan hoy dos personas que tienen una actividad incesante en el terreno de las ideas en Internet, Enrique Dans y José Cervera, quienes mantienen una presencia constante en el terreno de la blogosfera, los debates que se realizan en el ciberespacio, y he pensado que, dado que íbamos a hablar de ciberderechos, era aconsejable que viniesen.

Entrando en materia y fundamentalmente en los contenidos que a mi juicio debería incluir el plan de desarrollo de la sociedad de la información y de convergencia con Europa, dada mi experiencia, obviamente, me voy a centrar en el ámbito de los ciberderechos.

Pero antes de ello quería compartir con ustedes una reflexión sobre los condicionantes del Derecho, de las leyes, en el mundo real y en el ciberespacio, y esta reflexión viene a raíz de una carta al director que tuve la ocasión de leer el pasado día 17 de febrero en un periódico de ámbito nacional, que me movió a una profunda reflexión. Era una persona que, a raíz de un accidente de tráfico había quedado discapacitada, e iba haciendo unas afirmaciones que, como verán ustedes, salvando las distancias, van a ser muy ilustrativas acerca de cómo debería legislarse el ciberespacio. Decía esta persona que tras su paraplejía pasaba a ser una ciudadana de segunda, que ya no tenía los mismos derechos. Decía que ya no podía entrar en la mayoría de edificios públicos o privados, que no podía coger el autobús que unía su pueblo con la capital de provincia, que le quedaban vetados infinidad de cines y teatros y al final llegaba a una conclusión, que es la que más mueve a la reflexión. Decía esta persona que los derechos no se escriben en papeles, en constituciones, hay que escribirlos en las calles, en los edificios, en la cabeza de cada ciudadano.

¿Por qué hago esta reflexión? Porque, de la misma forma que en el mundo real existen unas barreras arquitectónicas, una arquitectura que condiciona el ejercicio de los derechos -el hecho de que exista un muro muchas veces impide una libertad que está contemplada en las leyes-, de la misma forma en Internet se están construyendo, al margen del legislador, barreras arquitectónicas en el ciberespacio que también están condicionando el ejercicio efectivo de los derechos. Por eso, quiero reflexionar sobre un fenómeno sobre el que el Senado ya ha trabajado en profundidad y es por ello que quiero mostrar también un agradecimiento público al Senado por su actividad en el terreno de las patentes de software.

¿Por qué digo todo esto? Porque la arquitectura del ciberespacio, el código informático en el que está construido el ciberespacio es un condicionante, un determinante para el ejercicio de los derechos en Internet y, sin embargo, ese código informático en muchas ocasiones, a pesar de lo que fue la Internet de los inicios, donde todo se conocía, todos los que habían diseñado aquella Internet compartían su información, compartían el código, compartían las características de esos programas, sabían lo que hacían esos programas, hoy en día nos estamos encontrando con que cada vez más las empresas que venden software del que son propietarias están cambiando la estructura de Internet, están cambiando la arquitectura de Internet, condicionando los derechos de los ciudadanos. Y el gran problema es que estas nuevas normas -porque son normas, no lo olvidemos-, este código del ciberespacio no es debatido en el Parlamento, no está controlado desde el poder público, a diferencia de las leyes. En una sociedad libre lo fundamental es que las leyes puedan ser escudriñadas por los representantes del pueblo en el Parlamento y que luego estas leyes se sometan a debate público en la sociedad, pero para eso se tienen que leer. El problema sobre el código del software propiedad de una empresa es que no sabemos qué hacen esos programas.

Por ello, el primer paso que entiendo que hay que dar en el terreno del ciberderecho, en el terreno de los contenidos para este desarrollo de la sociedad de la información es acabar con estas barreras arquitectónicas, impedir que se vaya ocultando a los ciudadanos qué es lo que hacen los programas. Hay que hacer posible que los ciudadanos conozcan cuando están haciendo uso de una web qué software está controlando esa página, a fin de que su privacidad, su libertad de expresión, sus derechos fundamentales no estén condicionados, es decir, para saber que no se les está espiando indebidamente. Y para eso es necesario que el software sea de código abierto.

Por ello, entiendo que el primer paso que debe darse es el de no permitir los códigos secretos en Internet, dando un impulso decisivo al software libre por parte del público. Hay que desechar la neutralidad tecnológica. Entiendo que no puede haber neutralidad en materia de derechos de la ciudadanía. El Estado no puede ser neutral en aquello que afecta a todos nuestros derechos. Y, desde luego, hay que evitar cualquier tipo de patente de software -insisto en este punto en mis felicitaciones al Senado- y, en lo que se refiere al software libre, hay que seguir en el camino ya iniciado de forma muy fecunda por muchas administraciones autonómicas -por supuesto, en primer lugar, hay que felicitar el ejemplo de Extremadura-, con independencia del Partido que las gobierna. Por tanto, hay que decir que se está dando un impulso decisivo al software libre desde la administración. Por ejemplo, conozco el caso catalán y la Secretaría de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información está implantando en sus máquinas software libre.

Por tanto, creo que desde el poder público se debería limitar este aspecto. Y quizás habría que pensar que, en vez de distribuciones autonómicas, habría que hacer una distribución nacional se software libre, con el concurso de las empresas que participen en el desarrollo de ese software y la posibilidad de que se traduzca a todos los idiomas del Estado español. Y esta puede ser una punta de lanza fundamental en el desarrollo de la sociedad de la información.

Hay que evitar duplicar esfuerzos. Quizás sería preferible aunarlos en un proyecto común y no dejar que esté todo en manos de las multinacionales, de modo que las empresas que quieran colaborar en este proyecto participen, teniendo en cuenta además el impulso que en este terreno están llevando a cabo las universidades.

Respecto a otros derechos sobre los que se está debatiendo, se produce una fricción seria en Internet entre el derecho a la cultura, el derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión. En cuanto al derecho a la cultura, debo insistir -y este es el leitmotiv de esta comparecencia- en que hay que remover barreras innecesarias y hay que potenciar el derecho a la cultura a través de Internet. Y la primera forma de potenciar ese derecho no puede ser otra que acabar con la brecha digital, con los inconvenientes referentes al acceso, y potenciar la sociedad de la información, sobre todo en el ámbito educativo.

Hay un eslogan cuyo desarrollo creo que sería fundamental. Es algo que debe ser sometido a reflexión por parte de sus señorías y que deberían hablar seriamente con el Ministerio de Cultura y con el de Educación. Hay que llegar a todas las escuelas de España, a todas las bibliotecas públicas, a todos los institutos. La sociedad de la información tiene que llegar de una manera efectiva, pero solo veo una manera. Al margen de la banda ancha, tiene que haber una red inalámbrica a en cada escuela, en cada biblioteca, en cada instituto. Tiene que haber un PDA, un ordenador personal para cada profesor. No hablo de ordenadores portátiles, porque creo que es fundamental que sea una aparato ubicuo, que pueda estar en todas partes, para que quien esté estudiando pueda ver el esfuerzo que hace el profesor y sea éste quien dé ejemplo, de modo que, en vez de que nuestros adolescentes lleguen a la sociedad de la información a través de las consolas y de los teléfonos móviles, lo hagan a través del PDA de su profesor, insisto, que los jóvenes puedan ver el ejemplo de su profesor. Creo que este es un aspecto que debe incentivarse.

En segundo lugar, en lo que se refiere al derecho a la cultura, existe en estos momentos un debate muy profundo en el seno de Internet que está viviendo una auténtica revolución en cuanto a los derechos de autor en la medida que todo ciudadano es ya un editor en potencia; ya la galaxia Gutemberg está acabando; ya no existe el control absoluto sobre los contenidos por parte de los editores; cada ciudadano es un editor. Es un fenómeno que en España se está objetivando en el ámbito de lo que se ha denominado la blogosfera; es un debate permanente de ciudadanos. Las grandes ideas, las ideologías ya no comienzan en una biblioteca del Museo Británico, donde una persona estudia historia y analiza todas las ideologías, sino que es un debate permanente de todos los ciudadanos en un biblioteca inmensa, universal, llamada Internet.

A partir de ahí, de lo que está ocurriendo, debe analizarse cómo están cambiando los derechos de autor en la realidad porque, de la misma forma que está cambiando la realidad, debemos llevar a las leyes esas nuevas relaciones jurídicas.

En lo que se refiere a derechos de autor, seguramente en esta misma legislatura el Senado tendrá la oportunidad de examinar una nueva ley de propiedad intelectual; esta ley de propiedad intelectual no se puede confeccionar pensando en la galaxia McLuhan, ni en la galaxia Gutemberg. Hay que pensar ya en la galaxia Internet , hay que ver qué está ocurriendo en Internet y estas relaciones jurídicas que se producen en ese ámbito deben recogerse también en la Ley de propiedad intelectual. Y lo que es fundamental hoy en día en Internet es el concepto de procomun, de copyleft, el concepto de compartir la autoría, el conocimiento, licencias libres. El copyright restrictivo se está quedando obsoleto en Internet, y es precisamente la unión de diferentes mentes, de diferentes autores lo que está produciendo nuevas expresiones, y todo ello debe tener un tratamiento en la Ley de propiedad intelectual que respalde a estos autores y no solamente a aquellos que están hoy en día en manos de multinacionales.

Quiero hablarles hoy de nuestra experiencia en España en la traducción de las licencias, las Creative Commons, pensadas precisamente para compartir el conocimiento y que fueron desarrolladas por un grupo de intelectuales y juristas americanos. El proceso seguido en España ha sido bajo los auspicios de la universidad de Barcelona , lo que hemos tenido que hacer es cogerlas y adaptarlas a la legislación española, porque de esta forma los usuarios españoles que quisieran acogerse a estas licencias libres tienen una herramienta legal para hacerlo.

Ha habido un trabajo fundamental de dos personas, en primer lugar, Ignasi Labastida, quien decidió dentro de la universidad de Barcelona que los contenidos de los profesores, aquellos contenidos que los profesores quieren poner a disposición de los alumnos, de cualquier persona en Internet, pudiesen estar disponibles en la red y con una licencia que creará unos derechos de autor en condiciones.

En segundo lugar, otra persona colaboradora, mi colega Javier Maestre, ha tenido un trabajo fundamental en la que fue la ponencia de traducción de las licencias y sobre todo para adaptarlas a la legislación española. Después ha habido un grupo de internautas que han ofrecido también su colaboración desinteresada y entre todos se han corregido estas licencias y finalmente las tenemos en la red.

También hay que destacar un apoyo que se produce a nivel público, la Secretaría de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información está ya licenciando contenidos con estas licencias, se están traduciendo libros al catalán y al castellano bajo estas licencias, y lo que hoy pido es que ,aunque quizás estas licencias Creative Commons sean un paso adelante, tenemos que ir más allá en cuanto, como ya les he comentado, a los problemas para adaptarlo al derecho español, tenemos que huir del derecho americano de la Common Law; tenemos que adaptarlo al derecho europeo, conseguir una plasmación en el derecho positivo con arreglo a los criterios de la legislación europea ,y todo ello debe incluirse en la Ley de propiedad intelectual.

Con respecto a la Ley de propiedad intelectual, debo insistir en que tiene que haber un apoyo decisivo a los autores; debe erradicarse la piratería pero, al mismo tiempo, no debe criminalizarse sistemáticamente al usuario de Internet, todo lo contrario, debe incentivarse el uso compartido de recursos intelectuales.

Y quiero insistir en un punto que destaca incluso la Constitución europea, concretamente en su artículo 280, que hemos tenido que votar el pasado domingo, en el cual textualmente se dice que se promocionarán los intercambios culturales no comerciales. Estos intercambios culturales no comerciales se están produciendo a diario en Internet y hay una ofensiva de la industria intentando criminalizar este tipo de intercambios. Estos intercambios no son delictivos en la medida en que no están presididos por ánimo de lucro, y, es más, están hasta reconocidos indirectamente por la Constitución europea. Es un valor de Internet que no se debe perseguir sino todo lo contrario, hay que potenciarlo. Quizás, sobre esta ley debe haber una reflexión muy profunda, debe invitarse a todos los actores de la sociedad de la información, no únicamente a las entidades de gestión porque, precisamente, debemos avanzar en que éstas sean cada vez más transparentes, que haya más control público sobre sus fondos y actividades, y que realmente la ley de propiedad intelectual esté hecha girando en torno al autor. Lo que tiene que protegerse fundamentalmente es no tanto las entidades de gestión como los derechos de los autores.

En este diálogo habrá que discutir el canon de copia privada, para lo que en este momento se ha producido un acuerdo entre las entidades y los fabricantes, al margen del Parlamento. Esto es algo que debe analizarse por el Parlamento porque es este en todo caso el que tiene fijar impuestos y establecer en las leyes cómo se retribuye a los autores. No pueden ser las empresas privadas las que impongan su ley.

Quiero entrar en otro punto que también fue objeto de debate en su día en el Senado y animarles a legislar sobre ello. Se trata de la privacidad del correo electrónico, fundamentalmente de los trabajadores, que continuamente nos está obligando a ir a los tribunales. Continuamente están saliendo sentencias en uno y en otro sentido, en algunos casos, incluso, hay procedimientos penales abiertos contra empresarios por espiar el correo de sus trabajadores. Quiero recordar aquí una resolución histórica del Senado del año 2000, en la que se incentivaba al Gobierno a legislar sobre la materia y garantizar los derechos de todos los usuarios de Internet, el derecho a la privacidad, el derecho a un buzón electrónico en el trabajo, el derecho a utilizar herramientas de cifrado. Hubo un debate muy interesante en el Senado con dos propuestas de los senadores Laborda y Cámara y, posteriormente, un acuerdo por unanimidad de todos los grupos parlamentarios incentivando al Gobierno a desarrollar este asunto.

Insisto en que es necesaria una reforma del Estatuto de los trabajadores. Esto ya se ha sido reivindicado, incluso por los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, y tiene que hacerse cuanto antes por la sencilla razón de que no podemos dejar que cada dos por tres haya pleitos por este asunto que se resuelvan de formas distintas, y después cada trabajador tenga que buscar una solución a su problemática particular. Es necesario definirlo claramente, de la misma forma que no se puede pinchar un teléfono, no se puede pinchar el correo electrónico. La protección penal de las comunicaciones es la misma en el artículo 197 del Código Penal y se tiene que trasladar al Estatuto de los Trabajadores.

Otro aspecto sobre el que reflexionar y que no está previsto en la Ley General de Telecomunicaciones es el impulso a la exigencia de un mínimo de calidad a las operadoras de telecomunicaciones en lo que se refiere a la seguridad. En este momento un ciudadano se conecta a Internet sin antivirus y sin cortafuegos, tiene que comprárselo por su cuenta. En cualquier contrato que se firme con una operadora debería exigirse que esto ya esté garantizado, por lo menos, las herramientas mínimas de primeros auxilios para evitar que se vulnere la privacidad de los ciudadanos.

Entre los puntos sobre los que reflexionar, uno podría ser cuál es el papel de la Agencia de Protección de Datos, que quizá no debe ser tanto una agencia sancionadora, aunque tenga que continuar, obviamente, en esa labor de persecución de los que no cumplan con la Ley de Protección de Datos, como también un vehículo para plantear campañas más activas de concienciación de los ciudadanos sobre cuáles son sus derechos y cómo protegerlos. Por ejemplo, cómo proteger a los ciudadanos del uso cruzado de bases de datos o cómo evitar desajustes en la armonización de leyes. Tenemos una normativa europea muy seria de protección de datos y, sin embargo, cuando viajamos a Estados Unidos nos encontramos con que todas las compañías de vuelo estadounidenses recopilan datos de los ciudadanos españoles que viajan, y no sabemos qué tratamientos se les da por cuanto la legislación de esta materia en Estados Unidos es mucho más laxa.

Quiero llegar a la libertad de expresión en Internet, y vuelvo insistir con el leit motiv de esta intervención: no a barreras artificiales. Las mismas normas que rigen en el mundo real, deben regir en Internet. Y quiero insistir en que los medios de comunicación en Internet deben batirse con los medios tradicionales, televisiones, radios, periódicos, con igualdad de armas, igualdad de financiación pública, igualdad de leyes. No a las leyes especiales para Internet. La otra vez que estuve en el Senado vine a solicitar que no saliese adelante una ley porque había un grupo de internautas que considerábamos que era restrictiva para los derechos de los ciudadanos del ciberespacio, pero no sólo del ciberespacio, sino para los derechos de todos los ciudadanos porque estamos hablando de un mismo mundo.

Muchas veces hablamos de la sociedad de la información como si fuese algo alejado de nuestra realidad cotidiana, y es algo que está cada día en todo lo que hacemos. Todas las leyes deben regir en todos los mundos, en el de Internet y en el real y de la misma forma. Por ello, entendía entonces y entiendo ahora que la LSSI era un error de concepto, no tanto por sus contenidos puesto que algunos deben mantenerse y, en todo caso, traspasarse a otras leyes, salvando lo que se pueda aprovechar de esta ley en materia de defensa de consumidores, pero en otros aspectos, por ejemplo, en la responsabilidad, sería preferible llevarlo a las leyes que regulan la responsabilidad, sea Código Civil o sea Código Penal. Es absurdo que exista una situación distinta para el editor digital y para el editor en el mundo real porque, como decía el otro día una senadora, pueden darse situaciones en las que nos sepamos realmente si tenemos o no seguridad jurídica. Esto solamente se puede conseguir equiparando el mundo físico y el mundo digital. Desde luego, el camino a seguir es ya no tanto la modificación de la LSSI para proteger la propiedad intelectual, que es de lo que se ha estado hablando últimamente, que pienso que es un camino erróneo, sino hacer una reflexión de conjunto sobre toda la normativa que debe aplicarse a Internet. Y esta normativa debe hacerse de forma sectorial, por un lado Código de Comercio, por otro, Código Civil, y respecto a la responsabilidad lo que ya he indicado. No debemos olvidar que la libertad de expresión es la esencia de Internet. Les he dicho antes que en estos momentos se está produciendo un proceso de ebullición de ideas. Quiero incentivar a los senadores a que presten atención al fenómeno emergente de la blogosfera, que es un control permanente del poder económico, del poder político y, también, del poder mediático. Desde la blogosfera hoy en día los medios de comunicación ya no tienen la patente de corso que tenían a la hora de analizar el poder económico y el poder político. Ahora la blogosfera , Internet, está analizando también al poder mediático que hay detrás, y es bueno que todo esté sometido a control porque siempre el control del poder se traduce a la larga en más democracia y en más libertad.

Insisto en la idea inicial de acabar con las barreras arquitectónicas en Internet. Estamos viviendo un cambio de paradigma, cada vez se va más a una democracia controlada desde abajo. Creo que es algo fundamental que los representantes populares, el Parlamento, en todo momento sepa y pueda decidir porque, en definitiva, ustedes son los que tienen siempre la última palabra porque para eso se la han dado los ciudadanos, porque es una cuestión de soberanía. Cuando se está legislando desde el Parlamento, legisla todo el pueblo. Sin embargo, cuando en Internet alguien desarrolla un programa en el que no sabemos lo que hay dentro, lo está haciendo una empresa privada. Está poniendo restricciones a los derechos fundamentales y está cuestionando nuestra soberanía. Insisto, en que es una cuestión de soberanía, del poder en manos de quien tienen que tenerlo. El único legitimado para ejercer el poder en última instancia es el pueblo a través de sus representantes. No al control de Internet por empresas privadas, sí al control de Internet por parte del Estado en la medida en que el Estado representa a todos los ciudadanos.

Otro asunto que hemos visto esta semana con las elecciones europeas es el del voto electrónico, en la medida en que es una nueva forma de ejercer la democracia. A la vista de la experiencia nos deberíamos plantear no tanto cómo ejercer el voto electrónico, sino garantizar la participación y deliberación de los ciudadanos, que las opiniones de los ciudadanos en ebullición permanente en Internet puedan interactuar. En este sentido, debo agradecer al Senado su página en Internet porque realmente da lugar a la participación ciudadana, desde siempre el Senado en este sentido ha sido pionero. Pienso que debería insistirse más en ese camino, es decir, en crear el caldo de cultivo necesario para llegar posteriormente a la implantación de la democracia digital, antes de meternos en experiencias de voto electrónico, que de no haber una respuesta popular se traducen en la abstención, lo que siempre es malo para la democracia.

Sólo me queda decirles que quedo a su disposición para que formulen las preguntas que tengan a bien.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez Almeida. Le informo de que esta comisión tiene el compromiso de poner en marcha el foro electrónico, lo que llevaremos adelante en breve. Señorías, abrimos el turno de portavoces, rogándole a la vicepresidenta de la comisión que ocupe la Presidencia, para que yo pueda intervenir. (Pausa.)