Estados Unidos en guerra: Federico de Cárdenas: Guantánamo, año cuatro

El tercer aniversario del envío de los primeros prisioneros desde Afganistán a la base naval de Guantánamo, donde fueron condenados a un limbo jurídico, ha sido recordado con un diluvio de críticas por los grupos defensores de los DDHH, comprendidos los estadounidenses. Tres años después del ingreso de unos 700 presos a un conjunto de pabellones construidos por las FFAA de los EEUU, permanecen allí unos 500, de 42 nacionalidades diversas.

En febrero de 2002, el gobierno de Washington se negó a acoger a estos detenidos a las normas de la convención de Ginebra para prisioneros de guerra, alegando que la base, “alquilada” por tiempo indefinido y desde hace más de un siglo, no era territorio estadounidense o cubano. Tan retorcida interpretación permitió cancelar toda noción jurídica, pese a que luego se admitió oficialmente que no llegaban a 25% los presos “útiles” y solo se ha formulado cargos contra cuatro.

Esta situación no podía continuar. En junio de 2004 la Corte Suprema de los EEUU decidió, contra la opinión del gobierno, que los tribunales civiles de la superpotencia tenían competencia sobre Guantánamo, con lo cual quedó paralizado el anuncio del Pentágono de llevar a los presos ante cortes castrenses. Aunque se siguieron poniendo trabas para que los detenidos recibieran visitas, 63 de ellos han podido contratar abogados y una decena de ellos ha denunciado haber sido objeto de torturas.

Esta lenta recuperación de terreno del derecho sobre la arbitrariedad ha tenido repercusiones en este tercer aniversario, en el que fuentes militares de EEUU han anunciado por fin su intención de clasificar a los presos en dos grupos: aquellos que pueden ser juzgados por su peligrosidad y aquellos que no pueden serlo por falta de pruebas. Se abre así la posibilidad de que sean liberados o bien trasladados a sus respectivos países.

Sin embargo, lo anterior no significará el fin del monstruo, pues el Pentágono ha manifestado su intención de invertir 27 millones de dólares en la construcción un nuevo módulo para 200 reclusos, un centro de atención psiquiátrica y la creación de una guardia permanente de 324 efectivos, que sustituiría a la actual, conformada por reservistas. Este plan deberá ser aprobado antes por el Congreso, donde se anuncia una fuerte resistencia, entre otros del influyente senador republicano Richard Lugar.

El gobierno federal sufrió recientemente otra derrota legal cuando un juez declaró inconstitucional el tribunal militar que juzgaba al chofer de Osama bin Laden por no proporcionarle garantías procesales, lo cual ha obligado a suspender los juicios contra los únicos cuatro presos de Guantánamo acusados. A pesar de las triquiñuelas castrenses, la defensa del Estado de Derecho no está reñida con la lucha contra el terrorismo en los EEUU.