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12 de enero del 2005 |
La izquierda, el desarrollo y el ambiente
Gerardo Honty (*)
Durante la presentación del informe "Geo Montevideo", y en un discurso realizado ante decenas de personas vinculadas a cuestiones ambientales, el arquitecto Mariano Arana, futuro ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, expresó ideas similares a las mantenidas por su predecesor, el ingeniero Carlos Cat, en el momento de asumir el cargo. Ambos sostienen que antes que la solución de los problemas ambientales están "los problemas de la gente": el trabajo, el salario, la vivienda, la salud, todo lo cual vendrá, supuestamente, de la mano del crecimiento económico y la inversión. Así lo dio a entender Arana cuando afirmó que para lograr dichos objetivos habrá que "evitar los fundamentalismos", pues el hombre ha modificado la naturaleza desde siempre y si no lo hubiera hecho ni siquiera habría existido la agricultura. Sin embargo, y al igual que Cat, Arana olvida que será ministro de ambiente, no de agricultura, trabajo, desarrollo, ganadería o industria. Su misión es la protección del ambiente, no otra cosa. Aunque el discurso de Arana fue menos directo que el de Cat en su momento, no hay duda sobre el significado del eufemismo "evitar los fundamentalismos" a la hora de decidirse por un proyecto que conlleve riesgos ambientales. Desde hace 40 años hay trabajos académicos y análisis de casos que demuestran el profundo error de anteponer el desarrollo al ambiente. Si en la búsqueda del crecimiento económico no se cuidan los recursos y funciones ambientales, el crecimiento se convierte en una mera fantasía porque las pérdidas de riqueza y los gastos de reparación ambiental son mayores que el crecimiento del Producto Interior Bruto. La base de toda producción son los recursos naturales, pero más allá del error del punto de partida, hay razones de peso que muestran que la primera política social (y el Encuentro Progresista-Frente Amplio se jacta de la importancia que dicho asunto tiene para su partido) debe ser la defensa del ambiente. No en vano, cuando hay deterioro o catástrofes ambientales, los más castigados son los más pobres. Los ejemplos sobran. Aguas turbias Los últimos tramos de los arroyos que atraviesan Montevideo (básicamente: Miguelete, Pantanoso y Carrasco) están desde hace décadas muertos y contaminados hasta niveles que hacen absolutamente insalubre la convivencia con sus olores, sustancias tóxicas, agentes patógenos y metales pesados. Entre los principales responsables de la contaminación se encuentran los emprendimientos productivos que durante la segunda mitad del siglo pasado se instalaron en sus márgenes. Nuestros mayores cuentan que los habitantes de las cercanías de estos cauces solían bañarse, pescar y pasear sin temor y con gran placer en sus orillas. Las políticas desarrollistas de la época, que por falta de pruebas y estudios aceptados no consideraban los impactos ambientales de sus medidas, causaron un daño irreparable (o muy costoso de reparar, como muestra la propia administración de Arana) a los cursos de agua del departamento. ¿Quiénes son los que más sufren los impactos del desarrollo de las fábricas a las orillas de los arroyos? Los miles de montevideanos de la más humilde condición que se hacinan en viviendas muy precarias y sufren varios de los contaminantes más insalubres y dañinos que puedan encontrarse en un curso fluvial. Ya no pueden usufructuar el único bien del que podrían haber disfrutado si hubieran existido políticas de protección ambiental en aquellos años. Obviamente no podemos culpar totalmente a los líderes políticos de aquella época, pues la ecología y su relación con la calidad de vida y la economía no estaban estudiadas; pero hoy hemos avanzado notablemente tanto en el conocimiento como en la experiencia práctica de la relación conomía/ambiente y no hay justificación para cometer las mismas barbaridades. Quienes miren con ojos nuevos las condiciones de vida de los uruguayos que viven al borde del Pantanoso, el Miguelete o el Carrasco, verán cuánto habría aportado a la calidad de vida y al "desarrollo" la protección de la calidad de esos cursos fluviales, donde los niños más humildes juegan y se bañan entre inmundicias. Aire que mata Uno de los servicios públicos que tienen mayor impacto en la economía y calidad de vida de las poblaciones urbanas es el transporte. En Montevideo se ha avanzado poco en hacer del transporte un servicio público equitativo y accesible a todos los sectores. En primer lugar, porque el espacio urbano ha privilegiado el automóvil frente a otros medios de transporte. No hay sendas para ómnibus que mejoren el desastroso rendimiento de los 16 kilómetros por hora del transporte colectivo; no hay sendas para bicicletas que faciliten el traslado de los miles de ciclistas que circulan hoy por la ciudad; los automovilistas causan la mitad de la contaminación urbana pero sólo trasladan al 8 por ciento de la población, etc. La contaminación provocada por el transporte es un problema enorme en casi todas las ciudades del mundo. La relación entre el aumento en el número de vehículos en circulación y las enfermedades (y muertes) por causas respiratorias y cardiovasculares está más que documentada. El incremento de los costos (disminución del PIB) asociado con este aumento de vehículos en las ciudades también está abundantemente demostrado, incluso en nuestro país. En Montevideo, la particular situación geográfica y climática hace que no tengamos grandes problemas de contaminación "generalizada", como pasa en San Pablo o Santiago. Los regímenes de presión atmosférica, los vientos, la llanura, hacen que los gases se dispersen en un período de tiempo breve; pero la contaminación "a boca de escape", es decir, la que se sufre en la vereda en varios de los puntos neurálgicos del tránsito capitalino, provoca iguales daños en la salud. ¿Quiénes son los que más sufren la contaminación provocada por el transporte en Montevideo? Los sectores más pobres que viven o trabajan en la calle (mendigos, limpiadores de vidrios y vendedores ambulantes), los ciclistas y todos los que están expuestos 24 horas al día a los gases contaminantes de los escapes automotores. Una política ambiental aplicada al sector del transporte debería implicar la disminución del número de automóviles particulares, la mejora del sistema colectivo y la apuesta por medios no contaminantes. Dichas medidas mejorarían la calidad de vida y la salud de los más pobres y producirían un aumento de su "productividad" (pues se gastaría menos tiempo y plata en transporte). Es decir, tendríamos más "desarrollo". Veneno cae del cielo Para dar un ejemplo del sector rural hay que abordar los agroquímicos utilizados en la agricultura. También desde hace 40 años se sabe que el uso de pesticidas y fertilizantes químicos tiene un importante impacto en la salud y los ecosistemas. Por supuesto que también en Uruguay hay estudios sobre esto. Cualquiera que visite las zonas de producción agrícola extensiva con uso intensivo de agroquímicos se encontrará con el mismo panorama: el cáncer, las enfermedades respiratorias y del sistema nervioso central crecen a la par que la productividad de los campos. La experiencia pasada muestra que este crecimiento es también temporal: llega un momento en que la tierra se vuelve improductiva y los costos de recuperarla son mayores que todas las ganancias anteriores. Los dueños de las tierras se van con su ganancia a otro rubro o sector y queda la tierra seca y la gente pobre, enferma y -en muchos casos- loca. ¿Quiénes son los que más sufren los impactos del "desarrollo" agrícola basado en el uso de agrotóxicos? Los trabajadores rurales que en el tractor o con la mochila al hombro diseminan tanto en la tierra como en su propia piel y pulmones los venenos agrícolas. O los habitantes de los pueblos y parajes que son "regados" por las avionetas que descargan los plaguicidas. Una política ambiental en el sector agropecuario desarrollaría una producción orgánica sin contaminantes químicos, que es uno de los sectores de la economía que más crece en el mundo y que suma siempre al PIB sin restar nada. Cada peón rural enfermo, cada pedazo de tierra que se vuelve improductiva son una resta que hay que hacerle a la cuenta del PIB. Y además esta política ambiental mejoraría la calidad de vida y la salud de los más pobres entre los pobres de Uruguay, los pobres rurales, una de las banderas más queridas por el EP-FA. Local-global No hay duda de que el efecto invernadero y el inevitable cambio climático son producto del desarrollo de los países más ricos. El "progreso" y el "desarrollo" de los países industrializados se hizo a costa de la destrucción del ambiente: por un lado el agotamiento y deterioro de los recursos naturales y por otro la contaminación de los ecosistemas, particularmente en este caso el sistema climático. ¿Quiénes van a sufrir los peores impactos del cambio climático global? Los más pobres de los países más pobres. Aunque el cambio climático va a tener repercusiones en todo el mundo, los países ricos tienen mayores recursos para hacer frente a las catástrofes que se esperan: pueden desalojar en poco tiempo toda una ciudad ante la amenaza de un ciclón, pueden diseñar sus sistemas de salud para adecuarse a las fatales enfermedades que se desparramarán por el mundo, pueden construir diques de contención ante el aumento del nivel del mar, etcétera. El impacto del cambio climático va a ser brutal para países como Bangladesh, que tendrá la mitad de su territorio bajo el agua y deberá movilizar a 15 millones de personas para que no se ahoguen. ¿Y cómo lo va hacer? ¿De dónde va a sacar recursos para ello? Un política ambiental de carácter internacional mejoraría mucho más la vida de los pobres que cualquier política que privilegie el "desarrollo" frente al "ambiente". Uruguay tiene un puesto en la Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas y el futuro ministro Arana tendrá que definir durante su mandato una estrategia nacional ante dicho órgano. Una postura basada en la justicia ambiental haría mucho más por mejorar la calidad de vida de los más humildes que una como la actual, que especula con cuántos créditos de carbono puede vender Uruguay en el mercado de emisiones. Eso no va a mejorar la situación de los pobres uruguayos ni de ningún otro lugar del planeta. Por estas razones, la primera política social debe ser la protección del ambiente. Es lo único que puede disfrutarse -por ahora- sin dinero, y a lo que pobres y ricos tienen acceso por igual. Porque los más humildes son los más expuestos a la contaminación y los desastres ambientales. Y porque es la única política que puede asegurar un "crecimiento económico" absoluto. Sin descuentos. (*) Gerardo Honty es sociólogo y secretario ejecutivo del Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas (CEUTA). El artículo que reproducimos es una versión del original publicado en el semanario Brecha (Montevideo). |
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