UE: Los servicios públicos en Europa

La Directiva Bolkestein que creíamos fenecida por el rechazo mayoritario de las sociedades europeas, hecha explícita con la gran concentración sindical en la primavera pasada en Bruselas, vuelve a la carga con ocasión del debate en la Comisión de mercado interior de la Eurocámara, en la segunda quincena de noviembre, donde liberales y conservadores han impedido con sus votos las modificaciones que a título de enmiendas han sido realizadas por la izquierda con vistas a suavizar el rigor neoliberal de su contenido inicial.

Es un lugar común afirmar que el rechazo a esta Directiva ha tenido un peso fundamental en el mayoritario rechazo de las sociedades francesa y holandesa al TCE. Los ciudadanos han podido comprobar, en efecto, y más allá de las retóricas declaraciones constitucionales y de la opacidad de los gobiernos, cuál es la naturaleza real del futuro a partir de las condiciones de prestación de los servicios públicos caso de ser aprobada dicha Directiva.

La Constitución Europea y con ello el propio proyecto de constitución de Europa se encuentra en tal vía muerta que ni siquiera los Jefes de Estado y Gobierno, reunidos la pasada semana bajo la presidencia de Tony Blair se han atrevido a nombrarla aceptando sin rechistar el temario que éste les proponía en torno a la globalización, el proceso de envejecimiento, el futuro de los sistemas de protección social en Europa, la competencia internacional y la emergencia de China e India, etc. Problemas esenciales para los europeos, sin duda, pero a los que parece haberse renunciado a buscar soluciones enmarcadas en un proyecto global de conciencia.

A estas alturas de la década, en otro orden de cosas, ya es fácil percibir el fracaso de los objetivos de Lisboa. Tanto que el Consejo Europeo de primavera inició su relanzamiento pidiendo a los Estados miembros la elaboración de un Programa Nacional de Reformas que centrara la atención de estos en el crecimiento y en el empleo. Hay un sentir generalizado en todos los Estados de la UE de que será prácticamente imposible resistir la competencia de los gigantes asiáticos y de EEUU (… si sus déficits generales no explotan antes) si no emprenden, en forma acelerada además, el camino de las flamantes reformas estructurales señaladas por Blair. Aceleración en el desmantelamiento del Estado del Bienestar, desmantelamiento de la mayor parte de los servicios que han hecho posible en la segunda mitad del siglo XX una aproximación al ideal de la ciudadanía.

El mensaje político de las conclusiones que los gobernantes de los Estados parecen haber extraído del batacazo de Francia y Holanda es que ya no queda tiempo para el desarrollo de las previsiones relativas a la aprobación de la Constitución, que empeñarse en ese proceso distraería la atención de lo que constituye el reto capital e inminente al que se enfrenta Europa, la nueva fase de la competencia internacional, tras la irrupción de dos nuevas potencias asiáticas y en un contexto global en el que las reservas de petróleo están muy cerca del "pico" a partir del cual el impacto de sus precios sobre el conjunto de la economía global va a crecer en progresión geométrica.

Los gobernantes y directivos de los empresas trasnacionales europeas buscan desesperadamente un lugar al sol en la "nueva división global del trabajo" y lo único que parecen haber encontrado con posibilidades de garantizar una cuota suficiente de mercado mundial es la economía de los servicios. Todos los análisis apuntan, en efecto, a que es este sector cajón de sastre el que más crece en volumen de operaciones, facturación, empleos y demanda a nivel mundial. Son los "nuevos territorios" a colonizar por la economía capitalista una vez agotados prácticamente los campos de lo económicamente rentable en nuestro planeta.

Una demanda crecida espectacularmente sobre la base de las aspiraciones y las exigencias de satisfacción de las necesidades sociales básicas (el agua, la salud, la enseñanza, la vivienda, etc..), el resultado de duras y prolongadas luchas sociales por la conquista de estos derechos sociales y ciudadanos. Consagrados los cuales con mayor o menor grado de efectividad, su ejercicio puede convertir en la más suculenta oporturnidad de negocio si previamente ha sido llevada a cabo toda una operación política de conversión de los sistemas públicos en mercados, de los derechos en mercancías.

Esto ha sido la misión -junto a otras- de la OMC desde su creación siendo este uno de los puntos cruciales de la agenda de Hong Kong, como se sabe. El capitalismo europeo, por su parte, es consciente de que sólo podrá conquistar una cuota privilegiada en el mercado mundial de los servicios, si se ha "instalado" previamente en el mercado europeo, alcanzando un volumen de negocio que le permita acudir a cualquier punto del globo en donde está en liza la adjudicación de un servicio público; la experiencia de los servicios de aguas así lo acredita.

Es por ello que iniciativas como la Directiva Bolkestein no pueden ser abandonadas a pesar de los duros rechazos que ha generado y del alto precio que ha hecho pagar a la llamada construcción europea. La CES, junto a muchos otros movimientos sociales y entidades ciudadanas, ha exigido con firmeza la exclusión del ámbito de aplicación de todos los servicios públicos garantes de derechos ciudadanos.

La derecha y las grandes corporaciones intentarán aprovechar las diferencias de interpretación que el concepto de servicio público tiene en el derecho continental europeo y en el anglosajón. Es preciso ser intransigente al respecto; nuestro concepto de servicio público está estrechamente asociado al modelo social europeo. Los servicios públicos son una parte irrenunciable del contenido del pacto social sobre el que descansa la paz y la democracia en nuestro continente. Es la contrapartida insoslayable a la dirección capitalista de la economía. Su enraizamiento en la conciencia colectiva de las sociedades europeas es más firme y profunda de lo que muchos políticos habían supuesto. Si estos políticos que sólo conciben Europa como el subproducto de la expansión de las grandes corporaciones, se empeñan en su liquidación podrían abrir una fractura social de consecuencias imprevisibles.

Los servicios públicos europeos son un pilar fundamental de la cohesión de nuestras sociedades, que comienzan a mostrar síntomas de desagregación características de aquellas otras que han sido gobernadas durante décadas por las políticas neoliberales. Los recientes acontecimientos en los suburbios de Paris y otras ciudades francesas ponen de manifiesto, sin prejuzgar su naturaleza y alcance, el nivel de desesperación que está calando en los sectores más desfavorecidos de nuestras sociedades que ven esfumarse las esperanzas de bienestar y justicia por los que tantos esfuerzos y sacrificios han pasado. El futuro de Europa no puede ser dejado al arbitrio de las políticas y los políticos que están conduciendo a sus sociedades a gravísimos riesgos de ruptura, al renacimiento del racismo y la xenofobia, al estado de guerra .La democracia es, todavía y junto con una ciudadanía plena, una conquista pendiente para los pueblos de Europa. La existencia de servicios públicos universales es condición de existencia de ambas.

(*) Director del Observatorio de Administraciones Públicas de la FSE.