José Cabrera, notario: Ana Angulo: La vista gorda

El notario José Cabrera Román captó recursos del público durante dos décadas, a vista y paciencia de las autoridades que debían actuar para impedir que se continuara cometiendo el ilícito, que se halla terminantemente prohibido por la Ley General del Sistema Financiero.

Aunque el escándalo estalló a escala nacional el pasado 26 de octubre, a raíz de la muerte del funcionario judicial, las actividades de Cabrera eran bien conocidas en las esferas políticas, bancarias, judiciales, así como en las instituciones militar y policial. Poco a poco ha salido a la luz pública que personas y funcionarios que se mueven en esos ámbitos tenían fuertes depósitos en las arcas del notario.

Pero la Superintendencia de Bancos (hubo 23 superintendentes en ese período), el Consejo Nacional de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Consep), la Fiscalía, la Corte Superior de Machala, el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y el Servicio de Rentas Internas (SRI) no ejercieron controles ni impusieron sanciones al notario, cuyos empleados captaron recursos del público hasta varios días después de su fallecimiento.

Tampoco lo denunciaron e investigaron la Policía, las Fuerzas Armadas, las autoridades seccionales, los gobernadores y algunos diputados de El Oro que, de una u otra forma, han reconocido que sabían de primera mano todo lo que ocurría.

Si todas las autoridades hubiesen cumplido a cabalidad sus funciones, se habría podido evitar la estafa de la que fueron víctimas 30 000 clientes de Cabrera. Si se toma como promedio cinco personas por cada grupo de inversionistas, el número de perjudicados sería de 158.905.

Al parecer, el delegado de la Superintendencia de Bancos en El Oro, se enteró demasiado tarde. Tampoco prosperó la indagación previa iniciada por el fiscal distrital, Francisco Quevedo, a raíz de la publicación del diario Opinión, de diciembre del año anterior. El manejo de cuentas millonarias de Cabrera en los bancos tampoco despertó la curiosidad del Consep, que suele pedir informes sobre los depósitos de más de $10 mil, obligado por la Ley de Narcolavado. El SRI no ha informado todavía sobre las declaraciones de impuestos del extinto notario, pese a que manejaba cientos de millones de dólares. El CNJ, cuyo representante tenía la oficina un piso arriba del despacho de Cabrera, no se dio cuenta de lo que sucedía…

Qué decir del alcalde de Machala, Carlos Falquez, cuya esposa, Miriam Aguirre, reconoció haber depositado $85 500 de su sobrino donde el notario; ni diputados como el socialdemócrata Jorge Sánchez, jefe de bloque de la Izquierda Democrática, cuya esposa (Carmita Gutiérrez) también tenía plata allí, y el roldosista Ernesto Valle, que dice haber evitado que Cabrera se alzara con las acciones de un diario local y de una radio, ¿porque sabía a lo que se dedicaba?

¿Cómo iban a investigar al notario el presidente de la Corte Superior de Machala, Teodoro Cordero; el comandante de la III División del Ejército acantonado en Machala, Julio Mancheno, y el comandante de Policía de El Oro, Milton Martínez, si todos ellos recibían mensualmente los intereses (entre el 7% y 10%) de los miles de dólares que habían confiado a Cabrera?

En su tiempo, el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Octavio Romero tampoco investigó, pues aparece como acreedor de Cabrera con $45 mil. Igual pasividad la tuvo el ex alto mando policial Paco Urrutia, quien aparece en la famosa lista con $77 mil. Ahora se sabe que, desde la Base Aérea de Quito, salían mensualmente aviones a Machala con miembros de las Fuerzas Armadas que se iban a recibir intereses y realizar nuevos depósitos, en vuelos logísticos que se desplazaban a esa ciudad con el pretexto de acumular horas de vuelo en los entrenamientos a los pilotos. Las máximas autoridades militares 'no se enteraban'.

Definitivamente, el 'negocio' envolvía a demasiada gente importante. Hasta un seguro candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Nicolás Castro Patiño (renunció a la candidatura tras el escándalo) y la esposa de un potencial candidato vicepresidencial José Gallardo, Gladys Carmona, con $125 mil, estaban dentro de él.

Con todas esas seguridades, el vástago del notario, José Cabrera Gallardo, quien fue nombrado titular de la Notaría Segunda de Machala, por la Corte Superior de El Oro, cuando el cadáver de su padre aún no se enfriaba, anunció a los cuatro vientos que continuaría con el negocio del 'doctor Cabrerita', como lo llamaban sus coterráneos. Al parecer, los clientes no tenían por qué preocuparse, las captaciones continuaban, todo estaba en calma. Ninguna autoridad se inmutó por las declaraciones del heredero, de que la actividad seguiría, a pesar de tratarse de un delito penal sancionado por la Ley de Instituciones Financieras y el Código Penal.

Las cosas siguieron así hasta el 10 de noviembre cuando la Policía informó que el flamante notario y su hermana Carolina habían partido hacia los Estados Unidos, cuatro días después de la salida. La Notaría había quedado encargada a Óscar Granja, que aparentemente fungía como administrador de esa dependencia.

Al día siguiente, a las 11:00, el mayor del Ejército Patricio Rosas ingresó a la Notaría, con el argumento de que debía otorgar seguridades a Granja, quien supuestamente tenía autorización para pagar a los depositantes. Nueve horas después, este anunciaba a cientos de clientes que se hallaban apostados en las afueras de las oficinas que se había terminado el dinero. Pero no pudo salir del despacho. Quedó retenido por disposición del Comandante de Policía de El Oro, Milton Martínez.

En horas de la noche llegó personal del Ejército uniformado y armado; dijeron que debían dar seguridad al local. En la madrugada del 12 de noviembre, llegaron más oficiales. Fue cuando empezó a propagarse el rumor de que solo habían retirado el dinero los militares y policías que se hallaban al interior de las oficinas. En las aceras se encendieron los ánimos, se generó el caos y algunos uniformados escaparon por paredes y casas aledañas.

Otros, como el cabo segundo Iván Bravo, quien llevaba $26 mil en su chaleco antibalas, no corrieron con igual suerte. La multitud les obligó a entregar los billetes que llevaban escondidos. Recién la tarde del 12 de noviembre, hicieron su aparición el fiscal Francisco Quevedo,el comandante de la Policía local, Milton Martínez, y el gobernador de El Oro, Ermo Romero. La Policía informó que, tras el 'rescate', tenía bajo custodia $370 mil, pero se estima que esa noche había $30 millones en las bóvedas de la Notaría. Supuestamente, el comandante de la Policía, José Vinueza, se enteró de los detalles del 'operativo' 28 horas después de iniciado.

Mientras en Machala reinaba el caos, dos aviones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) realizaron tres vuelos a esa ciudad, entre el 11 y 12 de noviembre. Uno fue el Sabreliner que está a las órdenes del Presidente de la República. El otro avión es un Twin Otter. Varios pasajeros de las naves eran acreedores de Cabrera.

Expertos comparan lo sucedido en Machala con la caída de los bancos entre 1999 y 2000. De los libros de cuentas que registraba el notario, se desprende que manejaba un promedio de $800 millones. Operaba una banca paralela, pero nadie lo denunció, nadie lo investigó, nadie lo sancionó. La cantidad podría ser más alta, si se comprueba la existencia de un 'libro rojo' donde constarían los nombres de los mayores depositantes, quienes ya habrían recuperado su dinero.

En todo caso, ahora no hay plata para pagar a decenas de miles de personas de todas las provincias del país que, de la noche a la mañana, se quedaron sin recibir los jugosos intereses que percibían mes a mes. La hija del notario, Carolina Cabrera, así lo afirmó desde los Estados Unidos, tras el saqueo a la oficina de su padre.

Entre los perjudicados, hay alrededor de 6 mil militares, según reportes de Inteligencia (entre el 30% y 40% de los soldados) y 539 policías, que no dudaban en hacer préstamos a sus instituciones de seguridad social, vender e hipotecar bienes y endeudarse con los bancos para dejar el dinero donde el 'doctorcito Cabrera'. Tal como lo hicieron los civiles perjudicados.

La Superintendencia de Bancos despertó del 'letargo' el 17 de noviembre de 2005, cuando su ex titular, Alejandro Maldonado, dijo que iniciaría una investigación a los 'chulqueros' que se publicitan por la prensa. El mismo día, la fiscal de la Nación, Cecilia Armas, inició las investigaciones.

Enseguida vinieron los justificativos. El ex superintendente de Bancos, Alejandro Maldonado, tras admitir que le había llegado una denuncia sobre las actividades ilícitas de Cabrera, manifestó que solo tiene facultad para controlar a las instituciones legalmente constituidas. El secretario ejecutivo del Consep, el general de Policía retirado, Oswaldo Montalvo dijo que, al no ser de su competencia investigar el caso, entregó los informes a la Fiscalía. El alcalde de Machala y un diputado recién se enteraban que sus esposas eran acreedoras del notario. El presidente de la Corte Superior de El Oro dijo que había escuchado 'rumores' sobre las actividades de Cabrera, para luego reconocer que había sido inversionista. Lo mismo ocurrió con los jefes del Ejército y de la Policía de El Oro. Tras recibir más de 10.000 denuncias en contra del fallecido notario y de sus hijos, la Fiscalía investiga cuatro delitos: enriquecimiento ilícito, lavado de activos, operaciones financieras ilegales y estafa. También indaga al fiscal de El Oro, Francisco Quevedo, por supuesta negligencia en el desempeño de sus funciones. El presidente subrogante de la Corte Superior de Machala, Luis de los Reyes, pidió a la Interpol capturar a los hermanos José y Carolina Cabrera.

También hay una instrucción fiscal por presunto peculado en contra de 17 militares implicados en el desplazamiento de los aviones de la FAE hacia Machala.

En total, las FFAA han separado a 28 miembros, entre altos oficiales y miembros de la tropa, tras comprobarse su participación en el saqueo a las oficinas del extinto notario. Por el mismo caso, la Policía juzgará a ocho de sus miembros, investigará a 539 uniformados que depositaron recursos donde Cabrera, separó de sus filas al cabo que fue hallado con los $26 mil y relevó de los mandos a los jefes policiales de El Oro.

Hoy se sabe que la actividad financiera de Cabrera era conocida en todo el país, pero la Superintendencia de Bancos nada hizo, pese a que el artículo 121 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero le obligaba a actuar con la mera presunción de la existencia de la infracción.

El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) tampoco actuó. Es el órgano de gobierno, administrativo y disciplinario de la Función Judicial y le correspondía a su Comisión de Recursos Humanos investigar de oficio las actividades del Notario, quien no acataba el artículo 20 de la Ley Notarial, que les prohíbe ser depositarios de 'cosas litigiosas o de dinero, salvo el que corresponda al valor de los impuestos que ocasione el acto o contrato'. Un ex miembro de esa comisión, José Robayo Campaña, fue designado magistrado de la flamante Corte Suprema de Justicia.

El Consep, cuyo presidente es el procurador general del Estado, tiene a su cargo los organismos de control de activos y lavado. El artículo 12 de la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas le obliga a vigilar, coordinar, evaluar, supervisar y controlar los depósitos superiores a $10 mil.

¿Las autoridades incurrieron en el delito de omisión? ¿Lo mismo quienes sabían sobre las actividades de Cabrera y no lo denunciaron? Eso lo determinará la justicia. El artículo 249 del Código Penal señala: "El funcionario público a quien corresponda, como a tal, el cumplimiento y ejecución de una ley, reglamento u orden superior que legalmente se le comunique, no lo cumpla y ejecute, o no lo haga cumplir y ejecutar, en su caso, por morosidad, omisión o descuido, será reprimido con multa de $16 ó $31".

Esto no libra de responsabilidad a los depositantes, personas mayores de edad, en goce de sus derechos de ciudadanía, que libre y voluntariamente dejaron su plata donde Cabrera. Quienes ahora aducen no haber tenido conocimiento de que la actividad era ilegal tampoco salen bien librados. El Código Civil obliga a todos los habitantes de la República, incluidos los extranjeros, "y su ignorancia no excusa a persona alguna". El artículo 3 del Código Penal dice: "Se presume de derecho que la ley penal es conocida por todos y nadie puede invocar su desconocimiento como causa de excusa de su cumplimiento".

(*) Editora de Investigación de Diario HOY.