La alta densidad de población de estos gigantes implica que un aumento de su nivel de industrialización, aunque sea pequeño, supone un crecimiento notable de emisiones sobre todo si su consumo energético depende del carbón y del petróleo. Pero la realidad actual es que las emisiones de CO2 derivado de combustión por habitante de China son de menos de 3 toneladas por habitante frente a casi 20 las de EEUU o de 8,5 de la UE. Por ello si los países desarrollados no cumplen Kioto, será muy difícil que China acepte someterse a objetivos cuantificados de reducción.

Aunque a velocidad muy inferior a la urgencia del problema, se va abriendo camino la idea de que frenar el cambio climático exige adoptar decisiones claras hacia la reducción de emisiones. Destaca en este sentido la declaración del Parlamento europeo del mes pasado en que pide que la UE se comprometa con reducciones del 30% para el 2020, y que se apoye a los países más pobres en la adaptación a los impactos del cambio climático tanto tecnológica como financieramente. Estas peticiones las apoyaban 450 votos frente a 66, y el Parlamento europeo ha sido elegido por 457 millones de ciudadanos.

También existen datos muy esclarecedores de la situación interna de Estados Unidos (25% de las emisiones del planeta) que refuerzan esta idea. Hay más de diez estados de EEUU que tienen compromisos de reducción de emisiones, entre las ciudades adalides destaca la ciudad de Seattle, con cinco millones de habitantes. Las empresas comienzan a preocuparse por sus negocios, y la opinión pública cada vez es más consciente de las consecuencias del cambio climático, especialmente tras sufrir durante este año las consecuencias del huracán Katrina.

Ecologistas en Acción espera que la UE fije un calendario de emisiones post-Kioto y cumpla con las expectativas de protección de la atmósfera en un año donde la población mundial ha sufrido drásticas consecuencias por el cambio climático. De esta forma, con unos objetivos concretos, unos plazos fijados y unos procedimientos claros, los países más alejados irían sumándose a un proceso imparable. Retrasarlo demasiado significaría, entre otras cosas, que los países no tendrían tiempo para ratificar estos acuerdos, que se tienen que tomar obligatoriamente, y el futuro del Protocolo de Kioto correría peligro.