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| 19 de diciembre del 2005 |
Edición para Internet: La Insignia, diciembre del 2005.
De Globalización: La euforia llegó a su fin
El análisis precedente sobre dimensiones de sustentabilidad requiere de
mayor precisión respecto de los actores que están por detrás de éstas y
que las ponen en movimiento. Para tales propósitos, conviene partir de
la constatación de que, sin ignorar la importante evolución del pensamiento
mundial respecto de la crisis del desarrollo que se manifiesta en
la crisis medioambiental, el recetario para su superación todavía desconoce
el trasfondo humano de la crisis, y sigue ciñéndose a la farmacopea
neoliberal, incluyendo los programas de ajuste estructural, de reducción
del gasto público, y de mayor apertura en relación al comercio
y a las inversiones extranjeras (Rich, 1994 y Guimarães, 1992). Desde el
punto de vista de los actores, no cabe duda que el discurso de la sustentabilidad
encierra así múltiples paradojas.
De partida, el desarrollo sustentable asume importancia en el momento mismo en que los centros de poder mundial declaran la falencia del Estado como motor del desarrollo y proponen su reemplazo por el mercado, mientras declaran también la falencia de la planificación. Al revisarse con atención los componentes básicos de la sustentabilidad se constata, entretanto, que la sustentabilidad del desarrollo requiere precisamente de un mercado regulado y de un horizonte de largo plazo. Entre otros motivos, porque actores y variables como "generaciones futuras" o "largo plazo" son extrañas al mercado, cuyas señales responden a la asignación óptima de recursos en el corto plazo. Lo mismo se aplica, con mayor razón, al tipo específico de escasez actual. Si la escasez de recursos naturales puede, aunque imperfectamente, ser afrontada en el mercado, elementos como el equilibrio climático, la capa de ozono, la biodiversidad o la capacidad de recuperación del ecosistema, transcienden a la acción del mercado. Por otra parte, es en verdad impresionante, por no decir contradictorio desde el punto de vista sociológico, la unanimidad respecto de las propuestas en favor de la sustentabilidad. El pensamiento mismo sobre desarrollo, como también la propia historia de las luchas sociales que lo ponen en movimiento evoluciona sobre la base de la pugna entre actores cuya orientación de acción es, como mínimo, dispareja. La industrialización, por ejemplo, se ha contrapuesto durante largo tiempo a los intereses del agro, desplazando el eje de la acumulación del campo a la ciudad, del mismo modo como el avance de los estratos de trabajadores urbanos provocó efectos negativos para la masa campesina. No se trata de sugerir aquí una visión de la historia en que los antagonismos entre clases o estratos sociales se cristalicen a través del tiempo. De hecho, el capital agrícola se ha vinculado cada vez más fuertemente al capital industrial, mientras el campesino se ha ido transformando gradualmente en trabajador rural, con pautas de conducta semejantes al de su contraparte urbana. Así y todo, hay que plantearse la pregunta: ¿cuáles son los actores sociales promotores del desarrollo sustentable? No es de esperar que sean los mismos que constituyen la base social del estilo actual, los cuales tienen, por supuesto, mucho que perder y muy poco que ganar con el cambio. Resulta inevitable sugerir que el paradigma del desarrollo sustentable sólo se transformará en una propuesta alternativa de política pública en la medida en que sea posible distinguir sus componentes reales, es decir, sus contenidos sectoriales, económicos, ambientales y sociales.No cabe duda, por ejemplo, que uno de los pilares del estilo actual es precisamente la industria automotriz, con sus secuelas de congestión urbana, quema de combustibles fósiles, etc. Ahora bien, lo que podría ser considerado sustentable para los empresarios (vehículos más económicos y dotados de convertidores catalíticos) no necesariamente lo sería desde el punto de vista de la sociedad (transporte público eficiente). En verdad, hay que decir sobre este aspecto que no hay nada peor que un equívoco perfeccionado. Existen informes de prensa, por ejemplo, que Mercedes-Benz estaría proyectando un auto cuya proporción de partes reciclables y reutilizables ascendería a un 95% (Daimler Chrysler, 1999). Eso podría parecer un progreso si no fuera imperioso preguntarse, por una parte, quién estará en condiciones de pagar el precio de ese Mercedes-Benz "sustentable" y, por otro lado, si eso no llevaría a alejarse aún más de alternativas eficientes de transporte colectivo. En otras palabras, un Mercedes-Benz "sustentable", si bien reduce en el corto plazo la presión en términos de estrés sobre los ecosistemas, profundiza en los hechos la insustentablidad de un patrón de consumo empotrado en el transporte individual. Por otra parte, una aproximación más bien lógico-formal a la interrogante de los "actores" detrás de una estrategia de desarrollo sustentable, sería la de utilizar los propios pilares del proceso productivo: capital, trabajo y recursos naturales.Históricamente, dos de éstos, capital y trabajo, han contado con una base social directamente vinculada a su evolución, es decir, "portadora" de los intereses específicos a tales factores. Es así como la acumulación de capital, financiero, comercial o industrial pudo nutrirse y a su vez sostener el fortalecimiento de una clase capitalista, mientras la incorporación de la naturaleza a través de las relaciones de producción pudo favorecerse y, al mismo tiempo, favoreció la consolidación de una clase trabajadora. Es por ello que nadie necesita convocar a una "cumbre de capitalistas" para convencer a la clase empresarial de la necesidad de garantizar la conservación y la mejor remuneración del factor capital. De igual modo, la clase trabajadora no requiere de una "cumbre del trabajo" para tener conciencia de la necesidad de emprender acciones que permitan conservar y fortalecer las condiciones de reproducción del factor trabajo. El dilema actual de la sustentabilidad se resumiría, por consiguiente, en la inexistencia de un actor cuya razón de ser social sean los recursos naturales o los servicios ambientales, fundamento al menos de la sustentabilidad ecológica y ambiental del desarrollo. Esto se vuelve aún más complejo al considerar que, en lo que dice relación con el Capital y el Trabajo, sus respectivos actores detentan la propiedad de los respectivos factores, mientras la propiedad de algunos de los recursos naturales y de la mayoría de los procesos ecológicos es, por lo menos en teoría, pública. No cabe duda de que convivimos todavía con dos realidades contrapuestas. Todos los actores parecen concordar que el estilo actual se ha agotado y es decididamente insustentable, no sólo económica y ambientalmente, sino principalmente en lo que se refiere a la justicia social. Por otro lado, no se adoptan las medidas indispensables para la transformación de las instituciones económicas y sociales que dan sustentación al estilo vigente. A lo más, se hace uso de la noción de sustentabilidad para introducir lo que equivaldría a una restricción ambiental en el proceso de acumulación, sin afrontar todavía los procesos político- institucionales que regulan la propiedad, acceso y uso de los recursos naturales y de los servicios ambientales. Tampoco se introducen acciones indispensables para cambiar los patrones de consumo en los países industrializados, los cuales determinan la internacionalización del estilo. Hasta el momento, lo que se ve son transformaciones sólo cosméticas, tendientes a "enverdecer" el estilo actual, sin de hecho propiciar los cambios a que se habían comprometido los gobiernos representados en Río. Un fenómeno por lo demás conocido de sociólogos y politólogos, que lo clasifican como de conservadurismo dinámico (Schon, 1973). Antes de constituir una teoría conspiradora de grupos o estratos sociales, se trata simplemente de la tendencia inercial del sistema social para resistir al cambio, promoviendo la aceptación del discurso transformador precisamente para garantizar que nada cambie (una especie de "gatopardismo" posmoderno). Adoptando una postura quizás más optimista respecto de la capacidad de la élite para adaptarse a fuentes de cuestionamiento de su poder, podríamos sugerir que antes del resultado de una conspiración deliberada de los grupos que más se benefician del actual estilo (insustentable), el desarrollo sustentable está padeciendo de una patología común a cualquier formulación de transformación de la sociedad demasiado cargada de significado y simbolismo. Es decir, por detrás de tanta unanimidad yacen actores reales que comulgan con visiones bastante particulares de sustentabilidad. Tomemos una ilustración, por lo demás muy cercana al corazón de los proponentes de la sustentabilidad: la Amazonía (Guimarães, 1997b). Esto permitiría entender, por ejemplo, por qué un empresario maderero puede discurrir sobre la necesidad de un "manejo sustentable" del bosque amazónico y estar refiriéndose preferentemente a la sustitución de la cobertura natural por especies homogéneas, o sea, para garantizar la "sustentabilidad" de las tasas de retorno de la inversión en extracción de madera, mientras el dirigente de una entidad preservacionista defiende ardorosamente medios precisamente para prohibir cualquier tipo de explotación económica y hasta de presencia humana en extensas áreas de bosque primario, es decir, para garantizar la "sustentabilidad" de la biodiversidad natural (algunos más cínicos dirían que no debiera permitirse siquiera la presencia de monos… ¡en una de esas se produce la evolución y se transforman en humanos!). Todo lo anterior mientras un dirigente sindical esté razonando, con igual énfasis y sinceridad de propósitos del empresario y del preservacionista, en favor de actividades de extracción vegetal de la Amazonía como un medio para garantizar la "sustentabilidad" socioeconómica de su comunidad (por ejemplo, las llamadas "reservas extractivistas" que se hicieron mundialmente famosas gracias a la lucha de Chico Mendes en Brasil). Por último, en algún lugar cercano en donde los tres actores anteriormente citados se encuentran arengando a la gente, quizás en la misma reunión, podamos toparnos con un antropólogo o indigenista explayándose sobre la importancia de la Amazonía para la "sustentabilidad" cultural de prácticas, valores y rituales que otorgan sentido e identidad a la diversidad de etnias indígenas. En resumen, el empresario puede fundamentar sus posiciones en favor del desarrollo sustentable de la Amazonía en imágenes (¿caricaturas?) del bosque como una despensa, el preservacionista como un laboratorio, el sindicalista como un supermercado y el indigenista como un museo. Para tornar la situación aún más complicada: ¡todas esas imágenes revelan lecturas y realidades más que legítimas respecto de lo que significa la sustentabilidad! Pero tales imágenes tampoco son estáticas y pueden cambiar, y de hecho cambian con el tiempo, como lo comprueban las diversas alianzas intersectoriales para la producción y extracción sustentable de madera certificada, o bien las experiencias de actividades (extractivas, de ecoturismo y otras) en áreas protegidas o de reserva indígena. El desafío que se presenta por tanto para el gobierno y la sociedad, para los tomadores de decisiones y los actores que determinan la agenda pública, es precisamente el de garantizar la existencia de un proceso transparente, informado y participativo para el debate y la toma de decisiones en pos de la sustentabilidad. Pareciera oportuno delinear algunos criterios operacionales de sustentabilidad de acuerdo con la definición sugerida. Por limitaciones de espacio, la presentación estará limitada a la enunciación no exhaustiva aplicable apenas a las dimensiones ecológicas y ambientales de la sustentabilidad (para otras dimensiones véase, por ejemplo, Guimarães, 1997a). La sustentabilidad ecológica del desarrollo se refiere a la base física del proceso de crecimiento y consiste en la conservación de la dotación de recursos naturales incorporado a las actividades productivas. Se pueden identificar por lo menos dos criterios para su operacionalización a través de las políticas públicas (Daly, 1990, y Daly y Townsend, 1993). Para el caso de los recursos naturales renovables, la tasa de utilización debiera ser equivalente a la tasa de recomposición del recurso. Para los recursos naturales no renovables, la tasa de utilización debe equivaler a la tasa de sustitución del recurso en el proceso productivo, por el período de tiempo previsto para su agotamiento (medido por las reservas actuales y la tasa de utilización). Tomándose en cuenta que su carácter de "no renovable" impide un uso indefinidamente sustentable, hay que limitar el ritmo de utilización del recurso al período estimado para la aparición de nuevos sustitutos. Esto requiere, entre otros aspectos, que las inversiones realizadas para la explotación de tales recursos, para que sean sustentables, deben ser proporcionales a las inversiones asignadas para la búsqueda de sustitutos, en particular las inversiones en ciencia y tecnología. La sustentabilidad ambiental implica una relación con poder mantener la capacidad de carga de los ecosistemas y la capacidad de la naturaleza para absorber y recomponerse de las agresiones antrópicas. Haciendo uso del mismo razonamiento anterior, el de ilustrar formas de hacer este concepto operativo, dos criterios aparecen como obvios. En primer lugar, las tasas de emisión de desechos deben equivaler a las tasas de regeneración, las cuales son determinadas por la capacidad de recuperación del ecosistema. A título de ilustración, el alcantarillado doméstico de una ciudad de 100 mil habitantes produce efectos dramáticamente distintos si es lanzado en forma dispersa a un cuerpo de agua como el Amazonas, que si fuera desviado hacia una laguna o un estero. Si en el primer caso el sumidero pudiese ser objeto de tratamiento sólo primario, y contribuiría como nutriente para la vida acuática, en el segundo caso ello provocaría graves perturbaciones, y habría que someterlo a sistemas de tratamiento más complejos y onerosos. Un segundo criterio sería promover la reconversión industrial con énfasis en la reducción de la entropía, es decir, privilegiando la conservación de energía y el uso de fuentes renovables. Lo anterior significa que tanto las "tasas de recomposición" (para los recursos naturales) como las "tasas de regeneración" (para los ecosistemas) deben ser tratadas como "capital natural". La incapacidad de sostenerlas a través del tiempo debe ser tratada, por tanto, como consumo de capital, o sea, no sustentable. Corresponde destacar, refiriéndose todavía a la sustentabilidad ambiental, la importancia de hacer uso de los mecanismos de mercado, como son las tasas y tarifas que incorporan al gasto privado los costos de preservación ambiental, y por medio de mecanismos que satisfagan a principios como el "precautelatorio" o el "contaminador-pagador". Entre muchos mecanismos, se podrían citar también los "mercados de desechos", donde las industrias de una determinada área negocian los desechos de sus actividades, muchas veces convertidos en insumos para otras industrias, y los "derechos negociables de contaminación". Es cierto que subsisten importantes limitaciones en muchos de los instrumentos de mercado propuestos en la actualidad -entre las cuales el problema de los factores externos futuros e inciertos, y la dificultad de adjudicarse derechos de propiedad de muchos de los recursos y servicios ambientales- mayormente cuando se les atribuye un carácter generalizado como solución de todos los problemas de insustentabilidad ambiental. Sin embargo, los derechos de contaminación poseen la ventaja adicional de permitir, a través de su transferencia intra-industria, que el Estado disminuya la regulación impositiva vía el establecimiento de límites de emisión por unidad productiva, y pase a regular límites regionales, sobre la base de la capacidad de recuperación del ecosistema. De este modo, una parte significativa de la preservación de la calidad ambiental pasaría al mercado, en la medida que la comercialización de tales derechos estimulan la modernización tecnológica y dejan de penalizar las industrias que, en el nivel tecnológico actual, no poseen las condiciones de reducir sus niveles de emisiones. En el sistema vigente, en que se privilegia la fiscalización por unidad productiva y a través de la aplicación de multas, además de dificultar la internalización de los costos de degradación del medio ambiente, son penalizadas las industrias que, aunque utilizando la tecnología más avanzada disponible en el mercado, siguen excediendo los límites establecidos, mientras se premian aquellas que, aún operando dentro de éstos, se abstienen de perfeccionar sus procesos productivos.
Notas
(*) Roberto P. Guimarães es doctor en ciencias políticas con licenciatura
en administración pública. Miembro permanente del departamento de desarrollo sostenible
de la CEPAL (Santiago de Chile). |
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