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| 19 de diciembre del 2005 |
Edición para Internet: La Insignia, diciembre del 2005.
De Globalización: La euforia llegó a su fin
¿Las transnacionales convertidas en cooperantes?
La fuerte participación del comercio intraempresarial en el comercio mundial - actualmente corresponde al 40% del comercio mundial -indica la creciente importancia de las empresas transnacionales en la economía mundial. El llamado comercio mundial depende actualmente en mayor grado de las decisiones de los gerentes de empresas grandes de organización vertical que del comercio entre países, tal como lo afirma la economía neoclásica. Las ganancias y pérdidas relacionadas con el libre comercio dependen, por lo tanto, de los intereses específicos de las empresas transnacionales. Los países interesados en atraer la inversión directa extranjera tienen, por consiguiente, que concebir su política de manera que sirva a estos intereses. ¿Pero qué es lo que los países pueden esperar a cambio de una política favorable a los inversionistas? Aparte del comercio internacional, las inversiones transfronterizas son consideradas la mejor vía para alcanzar el desarrollo económico y social. La UNCTAD las considera incluso el garante de los objetivos de desarrollo del milenio (UNCTAD 2003); por ello, una reducción de los flujos nuevos de inversión directa extranjera a partir del año 2000 es interpretada como un riesgo para la obtención de cualquier objetivo de desarrollo. Sin embargo, el auge de inversiones transfronterizas de los años 90 que, hasta fines de 2002, alcanzó la cifra acumulada de 7,1 billones de dólares estadounidenses de inversiones extranjeras directas a nivel mundial (un monto diez veces superior a la cifra de 1980) no estuvo acompañado de una ampliación masiva de las inversiones productivas en todas las regiones del mundo. Por un lado, gran parte de estas inversiones fue destinada a las fusiones internacionales de empresas o la adquisición de empresas existentes, es decir a las llamadas [en inglés] brown-field-investments. Por otro lado, incluso en los años de "bonanza" de los 90, las inversiones de empresas transnacionales se concentraron en pocos países del Sur: el 90% de las FDI transferidas a los países en desarrollo se destinó a apenas diez países, entre ellos China, México y Brasil, que juntos obtuvieron más del 50% de las FDI. Para el 70% de los países más pobres, entre ellos también el Ecuador, las remesas de los emigrantes y la cooperación al desarrollo fueron y siguen siendo más importantes que las inversiones extranjeras directas. Pero haciendo caso omiso de la importancia cuantitativa variada de las FDI en los países más pobres, tenemos que preguntar ¿qué peso tienen las FDI con respecto a los intereses a largo plazo de un país en desarrollo? Sin duda, las FDI tienen un alto beneficio potencial porque pueden dar acceso a nuevos recursos financieros, tecnologías y mercados. Por otro lado, en la mayoría de casos, sirven para asegurar las ventas nacionales en los países de origen de las empresas, y con ello, más bien al país exportador de las inversiones. Por consiguiente, el beneficio actual de las FDI para los países más pobres suele ser sobrevaluado porque generalmente "las transferencias financieras reales son reducidas considerablemente por un amplio reflujo de los beneficios a los países de origen, por los incentivos costosos invertidos para atraer a los inversionistas y por la evasión fiscal. Por cada dólar que llega por concepto de las inversiones extranjeras directas, aproximadamente 30 centavos vuelven mediante transferencia de beneficios a su respectivo país de origen" (Oxfam 2002: 12). Los estudios empíricos sobre la interrelación entre inversión extranjera y desarrollo realizados por el Research and Information System for the Non-Aligned and Other Developing Countries (RIS) en 81 países para el período de 1980-1999 demuestran que sólo en muy pocos países existe una relación positiva con el crecimiento; en la mayoría, incluso, la relación fue inexistente (Kumar 2003); y en 29 países, especialmente en América Latina, las inversiones nacionales fueron desplazadas por las inversiones extranjeras. Apenas en 23 países las FDI tuvieron un efecto positivo sobre las inversiones nacionales. Pero también se constató que debido al efecto de desplazamiento mencionado, las inversiones extranjeras pueden tener un impacto negativo sobre el desarrollo del bienestar en los países en desarrollo (ídem). Es muy obvio que las inversiones extranjeras directas no fomentan automáticamente el desarrollo económico y social de un país. A diferencia de lo que sugiere el Informe de Inversiones Mundiales 2003 de la UNCTAD (2003), tampoco existen relaciones empíricas entre las FDI de la industria alimenticia y la eliminación del hambre, o entre la comercialización del sistema de salud y la reducción de la mortalidad infantil. Lo mismo se puede decir a propósito de una investigación de la industria farmacéutica orientada a los beneficios y la lucha contra el sida y la malaria, o las infraestructuras financiadas por el sector privado y la protección sustentable del medio ambiente (UE-MERCOSUR Boletín No.1, enero 2004: 20). El factor decisivo de una eventual contribución de las empresas extranjeras al desarrollo es la calidad de las inversiones. Esta calidad depende en gran medida de la política comercial de un Estado y de su capacidad de dirigir las inversiones extranjeras en forma selectiva; lo que puede hacerse prohibiendo estrictamente no sólo la inversión en determinados sectores sino también las participaciones mayoritarias; se puede exigir la creación de empresas conjuntas (modalidad impuesta de manera ejemplar por el gobierno chino) o establecer requisitos de tipo local para el inversionista extranjero (por ejemplo con respecto a la utilización de precursores locales). En todo caso, lo que se trata de lograr con las FDI es un beneficio para la economía local. No importa si se trata de efectos cuantitativos directos o indirectos sobre el empleo o la transferencia de conocimientos tecnológicos y gerenciales. Más allá de ello se puede pensar en un sinnúmero de otros requisitos de rendimiento para todos los inversionistas: condiciones para la exportación, estabilización de la moneda, montos máximos para las licencias o la obligación de las empresas extranjeras de formar recursos humanos nacionales. Mientras que los países actualmente industrializados aún eran receptores netos de FDI, el manejo selectivo de estas inversiones en conformidad con las prioridades nacionales y la situación de la economía mundial que incluso preveía diferentes políticas para los diferentes sectores económicos, era un procedimiento obvio. Es decir que no basta atraer más inversiones extranjeras al país si se quiere alcanzar la estabilidad macroeconómica o promover un desarrollo sustentable. Con respecto a ambos objetivos, la clave está en que las inversiones sean mejores, y ésto significa que tengan un efecto productivo sobre el respectivo desarrollo regional. Sin embargo, los efectos causados por el déficit de un manejo estratégico y flexible de las FDI pueden ser demostrados tomando los ejemplos de países latinoamericanos como Brasil, Argentina y México, que en los años noventa lograron atraer cantidades relativamente importantes a sus respectivos países: en vista de su alta deuda externa, tanto Brasil como Argentina estuvieron empeñados en atraer inversiones directas, con efecto positivo sobre la balanza de pago, y en obtener divisas extranjeras con las exportaciones. En los años noventa, ambos países lo lograron y obtuvieron los efectos positivos esperados en sus balanzas de pago. Sin embargo, a largo plazo, estas inversiones directas generan flujos de salida de capital debido a la transferencia futura de los beneficios generados. Además, es muy probable que estas inversiones directas no contribuyan a la estabilización macroeconómica contra posibles crisis financieras, porque se trata, sobre todo, de inversiones orientadas hacia el mercado nacional que finalmente no aportan más divisas por concepto de exportaciones. También el aporte productivo de estas inversiones al desarrollo regional es más que dudoso, porque responden en su mayoría a la adquisición y fusión de empresas en el sector de servicios como las telecomunicaciones y bancos (véase UE-MERCOSUR Boletín No.1, enero 2004: 21). El caso mejicano resulta particularmente ilustrativo para los países pobres del Sur: con un total de once tratados de libre comercio y su afiliación al TLCAN (NAFTA) durante los últimos diez años, México comenzó a beneficiarse del libre comercio en los años noventa. Este beneficio se debió, más que nada, a la exportación de cash-crops y productos industriales de poco valor agregado.Además, desde la entrada en vigencia del acuerdo del TLCAN hasta la primavera boreal de 2002, 140,9 mil millones de US-dólares, en su mayoría en forma de inversiones directas, fueron destinados a México (Picard 2002: 15). En este período, el ingreso per cápita subió como promedio anual del 1%; esta cifra superó las cifras correspondientes de los demás países latinoamericanos pero fue muy inferior a la tasa anual del 3,2% lograda por México entre 1948 y 1973 (Stiglitz 2004). Gran parte del capital de inversión que llegó al país hasta el año 2002, estuvo destinado - al igual que en toda América Latina - a la adquisición de empresas existentes (especialmente bancos y grandes cadenas comerciales), de modo que lo único que se promovió fue la desnacionalización de la economía mexicana. A pesar de ello, se crearon en el período de 1994-2000 cientos de miles de puestos de trabajo en la industria transformadora, incluyendo los malos trabajos de la industria maquiladora, caracterizados por contratos laborales temporales muy inseguros, horarios excesivos y represiones múltiples del personal y sus representantes sindicales. Al mismo tiempo, se trata de empresas exportadoras que adquieren menos del 3% de sus insumos a nivel nacional. Además en muchas otras empresas de la industria transformadora que en 1983 adquirían aún el 91% de sus insumos en México, este porcentaje bajó al 37% (Picard 2002: 14). Esto explica por qué, a pesar de una triplicación de las exportaciones, el déficit de la balanza de comercio exterior de México subió en el transcurso de pocos años. Aunque el TLCAN haya significado para México una leve ventaja frente a otros socios comerciales, el precio que tuvo que pagar el país es muy alto: con el incremento de las importaciones de trigo provenientes de los Estados Unidos en un 180% y la multiplicación por seis de las importaciones de maíz, se perdieron, en la agricultura de subsistencia - base vital de 20 millones de mexicanos- 1,3 millones de puestos de trabajo (Audley et al. 2003). En los años de afiliación al TLCAN, el déficit de la balanza comercial frente a los Estados Unidos subió a la vez que crecieron las diferencias de ingreso entre México y EE.UU. y cayeron los salarios reales en México (en un 0,2% anual). Como consecuencia, aumentó también la emigración hacia los Estados Unidos (en 210.000 a 270.000 inmigrantes irregulares por año). Pero sobre todo, el TLCAN con los vecinos del norte incrementó claramente la vulnerabilidad de la economía mexicana ante los ciclos económicos de los Estados Unidos: como consecuencia de la crisis económica que siguió al estallido de la burbuja de la nueva economía en los Estados Unidos se perdieron, desde fines del año 2000 hasta comienzos de 2002, 287.630 puestos de trabajo en la industria maquiladora. Esto equivale a un poco menos de la mitad de los puestos creados en la industria proveedora en los primeros siete años del tratado TLCAN (Picard 2002:15). Pero hay otro aspecto aún más preocupante a largo plazo: a pesar del libre comercio y la llegada de la inversión directa extranjera, México no se ha transformado en una economía productora independiente.Hoy en día debe incluso temer la competencia de proveedores de otros países con un nivel salarial aún más bajo: "Con impuestos bajos, baja inversión en educación y tecnología y un alto índice de desigualdad, México tendrá graves dificultades para competir con una dinámica China " (Stiglitz 2004) [Trad. de La Insignia]. Por consiguiente, podemos decir, a manera de resumen intermedio, que si los países pobres quieren atraer inversiones de mayor calidad y no sólo un monto máximo de las mismas, se necesitan reglas y normas que definan los derechos y obligaciones de las empresas transnacionales, de tal modo que las inversiones se destinen a actividades que promuevan el desarrollo social y ecológicamente compatible. Objetivos e instrumentos de un orden económico mundial alternativo (…) Incluso en el propio movimiento antiglobalizador se discute si una reforma de la agenda de la OMC permitiría realmente convertir el comercio en un "instrumento de desarrollo humano" (PNUD 2003). Seguramente se necesitará una mayor dosis de tratamiento diferenciador para que las reglas de acción tomen en cuenta la variedad y las diferencias de las instituciones y estructuras nacionales. Tampoco cabe duda de que una democratización de las estructuras de "gobernabilidad" de las instituciones internacionales (entre otras FMI, Banco Mundial y OMC) volvería más transparentes los procedimientos y negociaciones. También hay muchos argumentos a favor de acelerar la "desglobalización" - mediante la repartición del poder entre varias instancias regionales, democráticamente controladas, tal como lo exigen los representantes de los movimientos sociales del Sur (entre ellos Walden Bellow y Nicola Bullard del Focus of the Global South). Sin embargo, si hacemos un análisis más detallado, poco parece indicar que una reforma amplia de la OMC y de sus principios directivos pudiera tener éxito. Las modificaciones del tratado de la OMC requieren de unanimidad. Incluso si algunos Parlamentos nacionales presentaran una mayoría del cien por ciento a favor de la abolición de una medida de desregulación existente, el sistema OMC no lo permitiría. El sistema sólo permite lo que corresponde a una desregulación aún más amplia. Por otro lado, hay la tendencia nacional hacia la desregulación, es decir la abolición de todas las leyes que norman la relación entre economía y sociedad. Sin embargo, a nivel de la OMC, no se crean nuevas regulaciones en vista de que la función de la OMC consiste únicamente en vigilar que la desregulación se desarrolle según las reglas convenidas. En este proceso, los principios neoliberales de liberalización, desregulación y privatización están por encima de cualquier otra consideración de valor o decisión. En otras palabras, la OMC es una vía única del desarrollo social, a final de la cual no se pueden esperar ni una justicia global ni tampoco una sustentabilidad ecológica. A pesar de todo ello, la economía mundial, cada vez más interrelacionada, necesita una institución global. Pero esta institución debería, en primer lugar, ser parte del sistema de la ONU, obligada como todas las demás organizaciones de la comunidad internacional a rendir cuentas y presentar informes. En segundo lugar, este tipo de organización tendría que cuidar de que los precios de los bienes y servicios reflejen los costos reales del transporte internacional, incluyendo todos los costos hasta la fecha transferidos al medio ambiente y la sociedad, por ejemplo, en forma de condiciones laborales dañinas para la salud o salarios que no cubren las necesidades básicas. Esto supondría, en tercer lugar, que los derechos humanos inajenables, los derechos internacionales y nacionales de los trabajadores, las normas de medio ambiente y los derechos de los consumidores tendrían que prevalecer ante los principios de la OMC, concebidos exclusivamente para la abolición de las trabas comerciales. (…) En consecuencia, se puede decir que la crítica fundamental exige la creación de una "organización económica mundial de tipo nuevo", responsable de la regulación de las relaciones económicas internacionales y no de la desregulación de la economía global como en el caso de la OMC. Una organización cuyas decisiones y acciones apuntarían hacia la satisfacción de las necesidades básicas de la población mundial. Sin embargo, la vía única del desarrollo, emprendida con la OMC, sólo podrá ser abandonada si crece la presión de los movimientos sociales en contra de una globalización que sirve a los intereses de los consorcios transnacionales y de sus normas de libre mercado, propiedad privada, venta de bienes públicos e institucionalización de monopolios de saber. En este sentido, un movimiento antiglobalización fuerte y creciente sería la condición indispensable de un desarrollo futuro del proceso de globalización. O dicho de otra manera: la globalización poco regulada genera insatisfacción política y obliga a la política a revisar sus posiciones. Podría entonces repetirse, de una u otra forma, lo que sucedió entre las dos guerras mundiales cuando se revirtió la integración de las economías nacionales al mercado mundial.
Notas
(1) La UE firmó acuerdos comerciales y de asociación de "segunda generación" con: la Autoridad
Autónoma de Palestina (1997), Tunesia (1998),Marruecos (2000), Israel (2000), los
Estados ACP (2000), México (2000), África del Sur (2000), Egipto (2001), Argelia (2002),
Jordania (2002), Líbano (2002) y Chile (2002).
(*) Birgit Mahnkopf, miembro del consejo asesor de la Fundación
Alemana para la Investigación de la Paz y miembro del consejo científico de ATTAC
en Alemania, es socióloga y profesora de política europea en la Escuela de Economía
de Berlín. Entre sus ámbitos de trabajo se encuentran la economía política internacional y la
globalización y la gobernabilidad; actualmente realiza una investigación sobre el efecto
de la privatización de los bienes públicos. |
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