En el año 2003 vio la luz la propuesta de reglamento REACH que obligará a las empresas del sector químico a proporcionar datos sobre los efectos en la salud y el medio ambiente de unas 30.000 sustancias aproximadamente.

Los esfuerzos de grupos ecologistas por una reforma de esta propuesta para que recoja controles más estrictos han chocado frontalmente contra la oposición ejercida por la industria alertando sobre las consecuencias negativas sobre la competitividad y el empleo del sector, además de afirmar que el reglamento es poco flexible, burocrático y difícil de poner en práctica.

En vista de la incertidumbre creada en la batalla alrededor de la propuesta REACH, la patronal europea (UNICE y CEFIC) encargó, junto con la Comisión Europea, evaluaciones de impacto del reglamento sobre la economía y la innovación del sector, así como sobre la viabilidad de puesta en práctica. El primero de los estudios, encargado a la consultora KPMG, concluyó que ninguna sustancia química importante sería retirada por motivos económicos derivados de los costes de registro, los cuales serán absorbidos por la cadena de distribución. El segundo estudio, el proyecto SPORT (Strategic Partnership on REACH Testing), demostró que el reglamento REACH funcionará, pero que se necesitará más información sobre su implementación.

Después de dos años de acalorados debates, el Comisario de Economía e Industria ve la situación "mucho más calmada que antes". ¿Por qué? "La propia industria ha producido evaluaciones de impacto que demuestran que, en términos de costes, el REACH no es un monstruo como se había descrito...Vivimos en un mundo expuestos a miles de sustancias químicas cada día y es importante que conozcamos sus efectos."

Ecologistas en Acción, junto con otras organizaciones ecologistas de España y de la Unión Europea comparte esta conclusión y alerta de la importancia vital de este reglamento y sus efectos sobre la salud y el medioambiente.

Después de densas reuniones entre el Ministerio de Industria y Medio Ambiente sobre la propuesta de reglamento, se espera que haya un acuerdo interministerial a mediados de septiembre para determinar la posición española en el Consejo Europeo. La votación en el Parlamento está programada para la última semana de octubre y se confía que el reglamento pueda estar aprobado a mediados del 2006.