Timor Oriental: Sin noticias de la ONU

Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por el hecho de que el Consejo de Seguridad siga retrasando el estudio de un detallado informe de las Naciones Unidas (ONU) sobre el procesamiento de graves violaciones de derechos humanos cometidas en Timor Oriental en 1999.

El informe, elaborado por una Comisión de Expertos independiente, se terminó de redactar con admirable diligencia el 26 de mayo de 2005, se transmitió al Consejo de Seguridad el 24 de junio y se publicó el 27 de julio. Sin embargo, aún no se ha programado la fecha en que se debatirá en profundidad en el Consejo de Seguridad. Amnistía Internacional insta a este órgano de las Naciones Unidas a que incluya el debate pendiente de este importante informe en su reunión sobre Timor Oriental prevista para el 29 de agosto de 2005 o programe una reunión aparte con carácter de urgencia, y a que ponga en práctica las recomendaciones del informe.

La necesidad de actuar de inmediato quedó de manifiesto a finales del mes pasado cuando Manuel Maia entró a Timor Oriental procedente de Timor Occidental y fue detenido por miembros de la comunidad y entregado a la policía nacional. Manuel Maia ha sido inculpado por una de las Salas Especiales de Delitos Graves por crímenes de lesa humanidad, incluido asesinato, cometidos en el distrito de Bobonara en marzo y abril de 1999. Según los informes, otros inculpados están volviendo a Timor Oriental en similares circunstancias. Más de 300 personas contra las que las Salas Especiales de Delitos Graves auspiciadas por las Naciones Unidas han dictado acta de acusación formal aún no han sido juzgadas porque no pudieron ser puestas bajo la jurisdicción de estas Salas antes de que la ONU les retirara prematuramente su apoyo en mayo de este año.

Según las resoluciones del Consejo de Seguridad números 1543 (2004) y 1573 (2004), las actividades de la Dependencia de Investigación de Delitos Graves y de las Salas Especiales de Delitos Graves en Timor Oriental han terminado de hecho. El mandato de la nueva misión de las Naciones Unidas en Timor Oriental no incluye la continuidad ni el apoyo del proceso relativo a los delitos graves. Aunque la Comisión de Expertos subrayaba en su informe la necesidad de garantizar la continuidad del trabajo iniciado por la Dependencia y las Salas Especiales, no se ha dispuesto claramente qué hacer para ocuparse de las investigaciones, las actas de acusación ni las apelaciones pendientes. El resultado es la incertidumbre jurídica, la inestabilidad potencial y la persistencia de la impunidad.

Según el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, Manuel Maia y otros detenidos en las mismas circunstancias deben ser juzgados en un plazo razonable por un tribunal competente, independiente e imparcial. Actualmente esto no puede garantizarse en Timor Oriental. Incluso si pudiera formarse adecuadamente un tribunal de acuerdo con las leyes existentes para juzgar un caso de delitos graves, en general se reconoce que el sistema judicial nacional no tiene capacidad suficiente para ocuparse de un juicio de estas características conforme al derecho internacional y a las normas de garantías procesales. Además, también se reconoce, como ha reiterado frecuentemente el gobierno de Timor Oriental, que no debe dejarse a las autoridades timorenses soportar todo el peso del proceso relativo a los delitos graves.

Las actuales actas de acusación formal por delitos contra la humanidad se dictaron con el apoyo de las Naciones Unidas. Supondría un grave quebranto para el Estado de derecho en Timor Oriental que dichas actas no se aplicaran contra las personas que están bajo la jurisdicción de los tribunales que las dictaron. El hecho de que Manuel Maia fuera detenido, según los informes, por miembros de la comunidad y entregado a la policía demuestra que la comunidad espera que los presuntos perpetradores comparezcan ante un tribunal. Si estas expectativas legítimas no se cumplen, hay grave peligro de que las comunidades se tomen la justicia por su mano en el futuro.

La ambivalencia del Consejo de Seguridad ante el proceso relativo a los delitos graves ha permitido que surja esta incertidumbre. El dilema que presenta el regreso y la detención de Manuel Maia demuestra el peligro de que el Consejo de Seguridad siga sin actuar y la urgencia de aplicar las recomendaciones de la Comisión de Expertos independiente.

Entretanto, según Amnistía Internacional, la Comisión de la Verdad y la Amistad, creada por los gobiernos de Timor Oriental e Indonesia, no ofrece otra solución a estas apremiantes cuestiones más que la promesa de impunidad para los presuntos perpetradores, violando el derecho internacional. La Comisión carece de apoyo popular y ha sido muy criticada por la sociedad civil tanto de Indonesia como de Timor Oriental. Como señala la Comisión de Expertos en su informe, cualquier proceso de reconciliación o búsqueda de la verdad creíble tendría que ser concebido y puesto en práctica paralelamente a cualquier iniciativa de justicia que el Consejo de Seguridad decida adoptar, o ser explícitamente complementario a ella.

Información complementaria

La secretaria general de Amnistía Internacional escribió el mes pasado a los miembros del Consejo de Seguridad instándoles a que, como parte del compromiso de las Naciones Unidas de reforzar el Estado de derecho, den los pasos necesarios para poner en práctica su reiterado compromiso de garantizar la justicia para los graves delitos cometidos en Timor Oriental en 1999. Basándose en las recomendaciones de la Comisión de Expertos, Amnistía Internacional aconsejó que estos pasos fueran:

- proporcionar suficiente apoyo, recursos y pericia al proceso relativo a los delitos graves en su forma actual o a un mecanismo de justicia alternativo dentro de Timor Oriental. Este apoyo debe durar hasta que concluyan las investigaciones, las actas de acusación y los procesos de los presuntos autores de delitos graves.

- apoyar la designación por parte del gobierno de Indonesia, y por recomendación del secretario general, de un equipo de expertos jurídicos y judiciales internacionales con un mandato claro de brindar al gobierno asesoramiento jurídico especializado e independiente en materia de derecho penal internacional, derecho internacional humanitario y normas internacionales de derechos humanos, incluso sobre normas procesales y probatorias, reforzando con ello “su capacidad judicial y de enjuiciamiento”.

- fijar etapas y plazos estrictos dentro de los cuales las autoridades indonesias deben: revisar exhaustivamente los procesamientos ante el Tribunal Especial de Derechos Humanos y, en su caso, volver a abrir los procesos basándose en nuevos cargos, nuevos hechos o pruebas u otros motivos que disponga la ley indonesia; revisar todas las pruebas disponibles, especialmente relativas a sospechosos de alto nivel no inculpados previamente en Indonesia, incluidas las pruebas recogidas por la Comisión para Investigar las Violaciones de Derechos Humanos en Timor Oriental (KPP-HAM) y por la Dependencia de Investigación de Delitos Graves, para determinar si deben iniciarse actuaciones contra los sospechosos mencionados en ellas, e informar al secretario general del resultado de su investigación.

- si la oportuna aplicación de las recomendaciones indicadas supra no se materializa por la falta de cooperación de los gobiernos de Indonesia o Timor Oriental, adoptar una resolución para crear un tribunal penal internacional especial para Timor Oriental.