La polémica que ha estallado en Argentina es poco habitual, ya que no sólo incluye a los productores agrícolas, sino que además involucra al sector exportador y al propio gobierno. Recordemos que ese país es uno de los principales exportadores internacionales de soja, con una producción de 36,5 millones de toneladas de soja y 13,7 millones de hectáreas cultivadas (datos: zafra 2003-2004).

El conflicto se desencadenó a principios del 2005 con la decisión de Monsanto de cobrar la regalía a partir del mes marzo. La multinacional preveía que el sistema de regalías comenzara a aplicarse este año, cobrando alrededor de un dólar por tonelada de soja, cifra que para el 2006 aumentaría a 2,5 dólares. En el caso argentino las semillas de soja transgénica son propiedad exclusiva de la empresa estadounidense, que tiene por ley el monopolio de los derechos hasta el año de 2021.

Cabe precisar que actualmente existe un sistema de cobro basado en la venta de la semilla certificada, pero la multinacional no está conforme con ese mecanismo porque no lo considera eficaz. Los productores argentinos sostienen que hoy pagan 3 dólares por concepto de derechos de uso sobre cada bolsa de semillas de soja que adquieren. También denuncian que la patente de Monsanto nunca tuvo validez, en la medida que no cumplió con los trámites de registro en los plazos establecidos.

Este tipo de prácticas, que imponen un precio a los productores agrícolas, no es ajena a la estrategia de Monsanto, y muchos recuerdan que en el año 2003 intentó imponer el precio del herbicida glifosato, que la empresa también produce y que se utiliza para eliminar las malezas que crecen en las superficies donde se siembran semillas de soja genéticamente modificadas.

La transnacionalización del conflicto

El actual conflicto se ha expandido notablemente e involucra a los productores rurales, a los exportadores y al gobierno argentino. Monsanto ha solicitado un pronunciamiento de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Esta apelación a un arbitraje internacional no es bien vista por las autoridades argentinas, que son partidarias de involucrar en la negociación a todos los sectores de la cadena comercial, incluyendo a los propios exportadores de granos.

El gobierno argentino intentó destrabar la situación presentando un nuevo proyecto sobre regalías basado en una ley que debería aprobar el Congreso, pero esta postura no es bien vista por Monsanto, que reclama una vía rápida por medio de un decreto del Ejecutivo. En consecuencia, la poderosa multinacional subió la apuesta al enviar a mediados del pasado mes de marzo una carta desde su sede en San Luis (EEUU) en la que advertía a los exportadores de productos de soja argentinos sobre su disposición a aplicar una multa de 15 dólares por cada tonelada de soja que llegue a un país europeo donde se encuentre registrada la patente RR.

Monsanto no sólo presiona en Argentina, sino que además plantea dar un nuevo paso afectando las exportaciones de soja al amenazar con demandas en los sitios compradores. Teniendo en cuenta que la Oficina Europea de Patentes de la UE confirmó recientemente que la estadounidense Monsanto mantiene el derecho sobre sus semillas modificadas genéticamente en Europa, el mecanismo que ahora utilizaría la multinacional es sencillo: Monsanto iniciaría demandas en todos los países europeos compradores de soja argentina donde esté patentada la variedad roundup ready. De esta manera se afecta a la cadena de comercialización internacional y se transnacionaliza el conflicto, puesto que las sedes judiciales para dirimir el problema ya no estarían en Argentina y podrían ubicarse en cualquier país importador, generando implicaciones y derivaciones que pueden resultar interminables.

La diversificación del conflicto

Frente a esta situación tan compleja se han movilizado los diversos grupos involucrados en el problema. En los últimos meses, los productores rurales grandes y pequeños han expresado su rechazo a través de la Federación Agraria Argentina. El sector exportador también se ha visto afectado y el gobierno de Néstor Kirchner ha cuestionado la posición de Monsanto.

El secretario de agricultura, Miguel Campos, fue categórico y expresó su total disconformidad con los planteamientos de la empresa, que consideró insolentes. Afirmó que "pese a las conversaciones mantenidas para encontrar la solución para brindar un marco legal adecuado para la comercialización de semillas, Monsanto persiste en su actitud patoteril", y sostuvo que se trataba de "un atropello que pretende intimidar a nuestros productores". Un comunicado emitido por la Secretaría de Agricultura agregaba que "Monsanto actúa como si fuera una pequeña empresa, desconociendo las enormes inversiones que tiene en la Argentina y el cuantioso beneficio que ha recibido de nuestro campo. El gobierno argentino no permanecerá impasible frente a estas amenazas y actuará en su debida forma en el momento apropiado".

El gobierno Kirchner también ha buscado internacionalizar el conflicto involucrando a los otros miembros del Mercosur, y en especial a Brasil, otro gran productor global de soja. En el marco de esa estrategia regional de resistencia frente a Monsanto se convocó a los demás ministros de Agricultura del MERCOSUR ampliado (Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay), a un encuentro del Consejo de Agricultura del Sur. En esa reunión los ministros de los demás países apoyaron la postura argentina de rechazar las regalías que pretende cobrar la empresa estadounidense, con el argumento de que las regalías "sólo deben ser cobradas al momento de comprar las semillas".

La presencia de Brasil en este debate es importante. En ese país existe actualmente una situación compleja, donde se paga por la semilla de soja pero también rige un acuerdo de indemnizaciones a Monsanto por el uso indebido de las mismas. Ese acuerdo de la empresa con las entidades agropecuarias brasileñas se basa en el pago del 1 % del valor recibido por cada agricultor en la zafra 2004/05, y que se elevaría al 2 % para la próxima temporada. A pesar de esto, un productor rural de la región de Três Passos (Río Grande do Sul) presentó una reclamación judicial contra esos pagos, y sorpresivamente obtuvo una resolución favorable que lo exime de pagarle a Monsanto.

La política de las regalías

La política que pretende imponer Monsanto de cobrar por la utilización de su variedad transgénica de semilla de soja es resistida desde amplios y diversos sectores y tiene pocos defensores. Entre ellos el caso mas notorio es el de Héctor Huergo, que desde su columna regular en el suplemento de asuntos rurales del periódico Clarín de Buenos Aires ha manifestado que en "lugar de poner paños fríos, el titular de la SAGPyA [Secretaría de Agricultura] echó nafta al fuego sin percatarse de que podía quedar entre las brasas ... Campos le grita a Monsanto, aprovechando que el comunicado de la empresa llegó en un momento de alta sensibilidad política, en lugar de hacer un mea culpa por la falta de definiciones en un área fundamental para el futuro de la competitividad agropecuaria".

El campo de los opositores es ahora muy amplio, aunque entre ellos existen diferencias importantes. Algunos cuestionan el pago por considerar que el valor actual es muy alto, pero no rechazan el mecanismo de la regalía en sí mismo, mientras otros sectores consideran que no se pueden imponer regalías sobre semillas, ni impedir que los agricultores guarden parte de esas semillas para futuras cosechas. Por otro lado es un hecho positivo que el gobierno argentino buscara algunos mecanismos de coordinación política regional en el seno del Mercosur, aunque todavía no se ha profundizado sobre las serias implicancias de la transnacionalización y de la presión que a su vez está ejerciendo Monsanto. Las amenazas de afectar las exportaciones argentinas por medio de demandas en países compradores es de una gravedad sustantiva, y va mucho más allá de la anécdota actual, representando una nueva escala en la reconfiguración de la dinámica comercial mundial.

El caso Monsanto y el conflicto en marcha, que se desenvuelve tanto en Buenos Aires como en las capitales europeas y en la sede corporativa de la empresa en San Luis, también muestra la creciente dependencia de los productores en relación a la compra de un paquete tecnológico desarrollado por multinacionales, que incluye los procedimientos de labranza, los agroquímicos, la semillas y hasta las formas de comercialización y uso. Esta es una dependencia que abarca planos que van desde las estrategias productivas hasta las áreas de ciencia y tecnología. Todos esos factores no hacen otra cosa que restringir cada vez mas derechos de los agricultores y reducen sus opciones. El enorme poder de estos gigantes globales también amenaza la propia autonomía e independencia de los gobiernos.

(*) Martín Pardo es analista de información de D3E (Desarrollo, Economía, Ecología, Equidad - América Latina) en cuestiones de desarrollo sostenible rural.