España: La ignorancia no es un derecho

El derecho a la educación está recogido en la Constitución española, en la Declaración de los Derechos Humanos, en el proyecto de Constitución Europea. En nuestras sociedades, que se vienen definiendo como sociedades del conocimiento, la educación es un factor clave en la compensación de las desigualdades de partida y un eficaz instrumento en la prevención de la marginación y la exclusión social, además de un elemento imprescindible en la conformación del llamado capital humano.

Nadie discute la importancia de la educación para formar ciudadanos libres y responsables, y existe una amplia conciencia de que la educación es vital para el desarrollo económico y social así como para la propia pervivencia de las sociedades democráticas, en las que los poderes públicos se constituyen en garantes del derecho a la educación y promueven las acciones necesarias para su efectivo disfrute.

Lo que no está recogido en ningún sitio es el derecho a la ignorancia. Por eso causa estupor el titular que abre la entrevista con la viceconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid que Magisterio publica en el último número: «Defiendo el derecho a la ignorancia». Y no es una frase sacada de contexto. Lo dice y lo argumenta. Pero el «derecho a la ignorancia» no es para todos, tiene un claro sesgo social. Defiende que hay que sacar del sistema educativo al alumno ignorante «que ha venido a trabajar» o al perteneciente a alguna minoría para la que «ascender en la escala social por formación no goza de muy buena fama». Es decir, el derecho a la ignorancia es para los más desfavorecidos social y económicamente, para los que se prevé su inserción en el mercado laboral como mano de obra descualificada y barata.

Lo que subyace en este planteamiento es la negación del derecho a la educación para determinadas capas sociales; la quiebra del carácter compensador de la educación; la negación de que para garantizar la igualdad de oportunidades no hay que darle lo mismo a todo el mundo, sino más a quien más lo necesita. Pero la apuesta es miope creyendo que es bueno tener mano de obra descualificada, cuando resulta evidente que no podemos ser competitivos por los bajos salarios sino por el incremento de la productividad, en la que la formación es fundamental.

A lo mejor el «derecho a la ignorancia» que se proclama está consagrado en alguno de los decretos de desarrollo de la LOCE que el Gobierno regional se empeña en sacar adelante. Aún así, es preferible que nuestros responsables educativos defiendan el derecho a la educación. Dormiríamos más tranquilos.