Edith Papp: El salto al vacío de América Central

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• ALCA

Edith Papp
Agencia de Información Solidaria (AIS).
España, febrero del 2003.

Aunque la opinión pública internacional siga con la respiración contenida el pulso entre lo que desde el otro lado del océano se llama "la vieja Europa" y la administración estadounidense dominada por los partidarios de la guerra contra Irak, otras tierras del mundo reclaman a principios de 2003 la atención mediática ante encrucijadas muy diferentes.

Este es el caso del proyectado Acuerdo de Libre Comercio de Estados Unidos con las cinco repúblicas de América Central, que contrariamente a su "hermano mayor", el ALCA, objeto de múltiples cuestionamientos, no ha levantado hasta ahora las voces de discordia que su acelerada preparación debía generar por la extrema vulnerabilidad de esas pequeñas naciones.

Como parte de una agresiva política de liberalización comercial de la administración Bush, se inicia este mes de febrero la etapa decisiva de las negociaciones para la conformación del Área de Libre Comercio con Centroamérica, un nuevo paso de su marcha triunfal hacia la creación del mercado regional más grande del mundo.

De acuerdo con lo previsto, según una nota de prensa de la Casa Blanca, cinco grupos de negociadores llevarán a cabo nueve rondas para concluir, antes de fin de año, la elaboración del acuerdo a firmar, mediante el cual cinco países más se sumarán a aquéllos que hoy tienen suscritos este tipo de documentos con Washington: sus socios del ALCA México y Canadá, así como Israel y Jordania, a los cuales pronto se agregará otro similar con Chile (pendiente de aprobación legislativa) y Singapur, mientras se prevé el próximo inicio de conversaciones al respecto con Marruecos, Australia y la Unión Aduanera de África Meridional (SACU), integrada por la República Sudafricana, Namibia, Lesotho, Swazilandia y Botswana.

Diversas organizaciones de la sociedad civil centroamericana han expresado recientemente sus reservas con respecto al libre comercio para una región que en los últimos treinta años ha sufrido múltiples cataclismos de todo tipo, entre los que se incluyen erupciones volcánicas, sequías, huracanes, inundaciones y el desplome de los precios de sus principales productos de exportación como el café, sin contar la generosa tajada que se llevan las empresas multinacionales que dominan ese comercio.

Sumándose a las pérdidas causadas por los caprichos de la naturaleza -apenas resistidos por la extrema vulnerabilidad de las poblaciones debilitadas y las instituciones frágiles- la crisis cafetera provocó en los últimos tres años, según las estadísticas del Banco Mundial, la pérdida de unos 800.000 puestos de trabajo en Centroamérica.

Recientes sondeos de opinión reflejan también un profundo descontento por las reformas políticas y económicas de la última década en la región, cuyo escaso éxito se refleja en la corrupción administrativa creciente, las disfunciones de la democracia, el incremento de la pobreza y el aumento de la violencia social que ha sustituido la violencia política de la guerra fría que imperaba en la región durante los 80.

Hace apenas unos meses, expertos del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas expresaron su preocupación por el agravamiento del hambre en la región, donde unos 8,6 millones de personas son afectadas por diferentes niveles de desnutrición. En algunas zonas, según criterios expresados por funcionarios de esa organización, se observan situaciones sólo comparables con las zonas de África Subsahariana afectadas por hambrunas periódicas.

Ante tal panorama, la prisa con que los negociadores estadounidenses emprenden esta nueva etapa de contactos, resulta preocupante y varias ONG han llamado la atención recientemente a la falta de estudios sobre el probable impacto de dicho acuerdo en las sociedades centroamericanas, sin los cuales, apuntan, la adhesión a este esquema resultaría un salto al vacío con los ojos vendados.

Llevar a cabo estos análisis resulta aún más necesario si tomamos en cuenta los discutidos avances logrados por la incorporación de México en el esquema integracionista liderado por Washington. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo mientras el volumen de sus exportaciones se ha triplicado y su economía ha mostrado un fuerte crecimiento desde 1996, el 20% de su población con mayores ingresos acaparó prácticamente todos los beneficios de las nuevas condiciones y los índices de la pobreza no han cedido, demostrando una vez más que la relación comercio-desarrollo no es, ni remotamente tan rectilíneo como lo plantean los apologistas del modelo neoliberal.

Mientras representantes de la sociedad civil centroamericana reclaman mayor transparencia en los planes, acceso a la información y la posibilidad de abrir debates públicos sobre los temas de mayor interés del previsto acuerdo, otros recomiendan aprovechar el momento para introducir mejoras sustanciales en la situación de los estratos más desfavorecidos. Hace pocas semanas el Comité de Juristas por los Derechos Humanos, con sede en Washington, reclamó en un comunicado que se incluyera en el acuerdo un párrafo legal sobre la protección de los derechos de los trabajadores centroamericanos, cuyas violaciones flagrantes han sido denunciadas en numerosas ocasiones en las maquiladoras, o en las plantaciones, donde, además, en los últimos años se ha incrementado nuevamente el uso de la mano de obra infantil.

Las actuales negociaciones -manifestaron representantes del Comité- "constituyen una oportunidad para la administración Bush de poner en práctica su retórica de la defensa de los estándares internacionales en materia laboral". La prisa con que los representantes comerciales estadounidenses emprenden esta nueva etapa de las negociaciones, sin embargo, difícilmente permitirá dedicar mucho tiempo a estos "detalles".

Sobre todo cuando detrás de ellos vienen, pisando fuerte, los promotores del megaproyecto de inversiones conocido por el nombre de Plan Puebla-Panamá, que buscan allanar el camino para el mayor programa de desarrollo infraestructural jamás visto en la región, que tenderá una alfombra roja a la inversión privada estadounidense, ávida de emprender, de lleno, la explotación de los recursos naturales de la región.