Carolina Broner: Formosa: Persecución y etnia

Ataque masivo: el 16 de agosto la policía provincial desató una feroz cacería en la comunidad indígena Toba, Nam Qom. Con armas de fuego, y sin exhibir orden judicial, golpearon, detuvieron y torturaron a niños, mujeres y hombres.

"Un indio mató a nuestro compañero, un indio pagará por ello". La frase todavía retumba en las paredes de las casas de los integrantes de la comunidad indígena Toba Nam Qom, más conocida como Lote 68. En la madrugada del viernes 16 de agosto, más de cien efectivos de la policía provincial, la mayoría de civil, entraron por la fuerza al terreno que ocupan 600 familias tobas -ubicado a diez kilómetros de Formosa capital- y durante más de doce horas revisaron casa por casa, dispararon sus armas, lastimaron a más de treinta personas, en su mayoría mujeres y niños, y se llevaron detenidos a ocho hombres, bajo la acusación de ser los presuntos autores de la muerte de un policía, durante un confuso episodio ocurrido horas antes del brutal operativo.

El relato de los hechos estremece por la evidente impunidad con la que actúan las fuerzas de seguridad y por la inevitable comparación con la metodología desplegada durante la última dictadura militar.

Llegaron y pasaron un largo rato disparando a mansalva; hubo algunos heridos y el ambiente se volvió irrespirable entre el olor a pólvora, el desconcierto y el terror. A los familiares de los buscados y a los que veían como supuestos sospechosos, también los llevaron a la comisaría de la UEAR (Unidad Especial de Asuntos Rurales) del barrio Eva Perón, donde fueron torturados, pateados y golpeados sin discriminación entre grandes y chicos.

Al pánico y el desconcierto le siguieron las humillaciones. Un matrimonio de jóvenes fue sacado brutalmente de su casa, y obligado a dejar solo y llorando a su hijo de 2 años. Una mujer Toba fue encañonada con arma de fuego en un cuarto oscuro de la comisaría, y fue amenazada de muerte para que incriminara a sus familiares y vecinos. En estas condiciones, éstas y otras personas fueron obligadas a firmar sus declaraciones.

"Un indio mató a nuestro compañero, un indio pagará por ello". La etnia valió como única carta de sospecha. A los ocho detenidos se los acusa por el homicidio del policía Juan de la Cruz Barrios, ocurrido el 16 de agosto en unos campos propiedad de Gaspar Zarín. Un grupo de tobas había entrado allí para cazar animales silvestres y recoger comestibles. Los policías declaran que cuando murió su compañero se escucharon seis tiros seguidos. Pero los tobas tenían escopetas de un solo tiro, de las que necesitan ser cargadas cada vez que se dispara.

Los detenidos, actualmente encarcelados, acusados de homicidio y resistencia a la autoridad (a pesar de que no existió orden judicial para el operativo), fueron incomunicados y brutalmente golpeados y torturados. Algunos fueron encapuchados con bolsas de plástico e interrogados con la técnica del submarino que gustaban usar los represores del proceso. Uno de los hombres que está preso fue herido de bala en el estómago y en un brazo. Otro, quedó con serias lesiones en el tímpano. Quienes los vieron durante las indagatorias que les realizaron en Tribunales el jueves 23 de agosto, declaran que "causaba impresión mirarlos y ver el estado en que los habían dejado, llenos de hematomas en sus ojos, en sus rostros y ver las dificultades que tenían para caminar". Declararon bajo la presión del dolor y rodeados de policías. Recién después de la indagatoria intervino el médico forense.

Al violento ataque de la policía a la comunidad indefensa, realizado más como una venganza que como un procedimiento legal, le sucedió la complicidad de la prensa y los organismos oficiales. Funcionarios y operadores del gobierno, presionaron a la gente para que no declarara sobre lo que la Asamblea de la comunidad denomina como "ataque masivo". Esta vez no hubo golpes, pero si coerción. Llegaron con bolsones de comida y mercaderías, y amenazaron con retirarlos del plan "jefas y jefes de hogar", buscando dividir a la comunidad mediante el clientelismo y la manipulación de las diferencias políticas existentes.

Para los agentes del orden, ciegos de poder e impunidad, no hay diferencias. "Un indio mató a nuestro compañero. Un indio pagará por ello".