Arnaldo Pérez Guerra: Chile: Las turbias aguas de Lavín

A principios de junio, el alcalde de Santiago, Joaquín Lavín Infante, vendió los derechos de agua de la comuna. Varias iniciativas legales intentan detener el "negocio" y la Cámara de Diputados formó una Comisión para investigar irregularidades en su contrato con Aguas Andinas S.A.

Por cinco votos contra tres, el Concejo Municipal autorizó al alcalde Lavín a enajenar el derecho a gratuidad perpetua de aguas que fueran donadas a la municipalidad, lo que se materializó mediante un contrato con la transnacional española el 5 de julio. La reunión que aprobó la cuestionada venta fue un bien montado show publicitario, en que tanto la Concertación como la derecha intentaron sacar dividendos. Marta Larraechea de Frei (concejal demócrata cristiana) increpó a Lavín, denunciando "irregularidades", mientras éste respondía que la privatización del agua había corrido "por cuenta de los gobiernos democráticos". Los perjudicados -vecinos de la comuna- no tuvieron voz en el "negocio", aunque algunas organizaciones manejadas por Lavín lo apoyan pues suponen que los dineros se ocuparán en disminuir la cesantía y en seguridad ciudadana.

Más de algún escozor causó la actuación de los representantes de CORFO (Corporación de Fomento, empresa estatal) -propietaria del 42% de Aguas Andinas- y miembros del directorio de la transnacional nombrados por el Presidente de la República: Pedro Buttazzoni aprobó la compra por ser un "excelente negocio para Aguas Andinas", mientras Bernardo Espinosa y Gibran Harcha votaron "en contra" al considerarla "un mal negocio" pues "los derechos caducaron y no es necesario pagar por su compra". Ninguno defendió los intereses de los vecinos y la ciudadanía que, mayoritariamente, ha manifestado su rechazo a la venta, presentando iniciativas legales que intentan paralizarla.

Un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, en representación del "Comando de Defensa de Empresas del Estado y de la Probidad Pública" interpuso el ingeniero Pedro Araya Díaz-Valdés. Lo fundamenta en que la donación había sido "a favor y provecho, preferentemente, de los habitantes de la ciudad, para el disfrute de los parques, plazas y jardines que con dichas aguas se riegan, inmuebles que tienen el carácter de bienes nacionales de uso público (...) En consecuencia, la propiedad de esta agua pertenece a la comunidad nacional y no a la Ilustre Municipalidad de Santiago".

No es el único argumento de los vecinos. Una de las irregularidades es que sólo el día de la sesión los concejales pudieron ver el contrato que debían "aprobar o rechazar". Además, éste es por 40 años, lo que obligará a la municipalidad a pagar, al menos, 16.000 millones de pesos (21,3 millones de dólares) en consumo a cambio de 6.500 millones (8,6 m. de dólares), que es la oferta de Aguas Andinas S.A. La transnacional se comprometió a "donar" al Teatro Municipal 365 millones de pesos (US$486.670), lo que de acuerdo a la Ley de Donaciones Culturales significará que todos los chilenos pagarán 211 millones (281.340 dólares), pues la norma permite a la empresa "descontar una parte de los dineros del impuesto a la renta".

El mes pasado se dio a conocer un oficio de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) que anula la cláusula Nº 9 del contrato. Joaquín Lavín Infante, alcalde de la ultraderechista Unión Demócrata Independiente UDI, negoció con la empresa el pago anual de 1.890.000 metros cúbicos de agua (consumo) hasta el año 2042. Según las autoridades del SISS, esa cláusula es inaplicable pues la ley sólo permite "cobrar por consumos efectivos". El superintendente, Juan Eduardo Saldivia, afirmó que Aguas Andinas, además, debe pagar una multa pues la Ley General de Servicios Sanitarios establece que los contratos por más de 5.000 Unidades de Fomento (UF) deben ser aprobados con una licitación previa, "salvo autorización del SISS", lo que en este caso no ocurrió.

"Contrato ilegal"

Otra iniciativa que intenta paralizar la venta del agua es el recurso de reclamación por ilegalidad interpuesto por el abogado Eduardo Contreras Mella en representación de Jaime Gajardo, presidente del Regional Metropolitano del Colegio de Profesores; Luis Guajardo, presidente Sindicato de Estucadores en Resistencia URE; Ana Sánchez y Norma Campos, presidentas de las Juntas de Vecinos N° 13 y N° 12; Norma Rojas, presidente de la Agrupación de Defensa de la Seguridad Social; y Héctor Corvalán, de la Comisión de Pobladores del Partido Comunista.

"La resolución del Concejo Municipal -tomada en Sesión Extraordinaria convocada y presidida por el alcalde- tiene un vicio de ilegalidad y se trata de una resolución que causa un daño y un perjuicio enormes que sólo puede repararse mediante la anulación de tal actuación, como asimismo de los actos posteriores que de ella derivan como lo es el contrato suscrito entre la Municipalidad de Santiago y Empresas Aguas Andinas, y el restablecimiento del Derecho. (...) El Concejo mediante dicho acto acordó junto al Alcalde enajenar los derechos de agua. Sin embargo, esta resolución se ha realizado sin tomar en cuenta la normativa legal vigente bajo la cual deben regirse las Municipalidades, esto es, la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOC), pasando a infringir o desconocer tanto la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado como la Constitución. (...) El agua al momento de la venta era un bien inmueble por destinación. Destinado al uso y beneficio de todos los colegios municipales, consultorios, parques comunales y edificios municipales. Por tanto, Se deben aplicar las normas relativas a los inmuebles de la LOC de Municipalidades: 'los bienes inmuebles municipales sólo podrán ser enajenados, gravados o arrendados en caso de necesidad o utilidad manifiesta. El procedimiento que se seguirá para la enajenación será el remate o la licitación pública. El valor mínimo para el remate o licitación será el avalúo fiscal, el cual sólo podrá ser rebajado con acuerdo del consejo'", señala el escrito.

De la normativa se desprende que la resolución es ilegal, por lo que el contrato debe ser anulado: no hubo ni remate público ni licitación; menos, certificado de avalúo para determinar el valor mínimo. "Fue simple y llanamente una venta o transacción directa entre el municipio y la empresa Aguas Andinas", señala Eduardo Contreras. "No se está frente a un caso de necesidad manifiesta. Tampoco frente a un caso de utilidad manifiesta, más bien, se está frente a una pérdida manifiesta: los derechos de aguas de la municipalidad son gratuitos y perpetuos", agrega.

No existen cifras exactas de cuanto se gasta en agua, pero estas van desde los 650 a 800 millones de pesos anuales (866.700 - 1.066.700 dólares), cifra que aumentará por las alzas y el mayor consumo. Para la municipalidad no es un negocio, pues el contrato "amarra" a los próximos alcaldes. Los únicos beneficiados son la transnacional española Aguas Andinas S.A., que recibirá un pago millonario anual, y Joaquín Lavín, que obtendrá dinero fresco para su permanente campaña política.