Chile: El secreto de Alto Hospicio (I)

Blanca Castro Mamani, hermana de Deisy

Desde un comienzo se dijo en el "caso Alto Hospicio" que las desapariciones de diez menores y cuatro adultas se debían a situaciones de carácter social: violencia intrafamiliar, abusos deshonestos, prostitución, abandono de hogar... Ésa fue la explicación fácil impuesta por el gobierno, las policías, los medios de comunicación y los Tribunales, tendiendo un manto de olvido e impunidad; negando, en definitiva, la justicia.

La tesis se mantuvo hasta que los cuerpos fueron encontrados por los propios familiares. Nadie, salvo las familias directas de las víctimas, manifestó que eran "homicidios", "asesinatos en serie", con "uno o más involucrados". El mea culpa del gobierno descabezó a los jefes policiales de la I Región de Iquique, pero no hubo nada más.

Aún hoy los familiares mantienen sus dudas, sus aprensiones con el curso de la investigación, su temor de que la verdad nunca se sepa.

Las policías, Carabineros e Investigaciones, en ningún momento investigaron la desaparición de las menores, y lisa y llanamente se dedicaron a esperar que aparecieran, mientras el gobierno y los tribunales negaban la justicia a estas familias solo por su pobreza.

"Tenían todos los recursos y no investigaron. No lo hicieron. Se atentó violentamente contra la dignidad de estas personas, pues tenían derecho a que se investigara, como sí se hizo en el caso del sicópata de La Dehesa, donde, en dos meses se resolvió el caso", señala Roberto Vega representante de la "Agrupación de Promoción y Defensa de los Derechos Individuales y Colectivos" (APRODDIC), quien asesora a los familiares de Alto Hospicio, en la I Región. "Cuando en un momento histórico en nuestro país secuestraron a personas con poder económico, el Estado puso a disposición todo su aparataje. Aquí eso no sucedió, y una de las razones es la pobreza de estas víctimas", agrega.

Las familias carecen de asesoría jurídica, y la que han logrado obtener no ha sido satisfactoria. Ese es el motivo del nacimiento de APRODDIC, que funciona en Iquique y está conformada por familiares de las víctimas de Alto Hospicio y profesionales como Edith González y Víctor Morales, asistentes sociales, entre otros.

Discriminación absoluta

El poblado de Alto Hospicio vive el abandono. Nació, en pleno desierto, hace algunos años, producto de la "toma de terrenos" de pobladores de Iquique y Pozo Almonte. Ni siquiera hay datos oficiales respecto de su realidad. No se sabe cuál es su gentío, que se calcula en 35.000 personas, dato obtenido por los arranques domiciliarios del agua, pero es mucha más la población y la pobreza.

Las primeras gestiones realizadas por los familiares de las víctimas de Alto Hospicio, no obtuvieron ningún resultado; después, la Corporación de Asistencia Judicial asumió algunas defensas. "Los familiares, en un comienzo, tenían reticencia con la actuación de la directora de la Corporación, pero hoy ella sigue la línea investigativa de buscar a eventuales terceros responsables de los crímenes", señala Roberto Vega. Otro grupo de familiares recibe la asesoría de la Fundación Amparo y Justicia, vinculada a la ultraderechista Unión Demócrata Independiente UDI. Durante las elecciones parlamentarias, algunas familias optaron por asesorarse con la UDI, que les prohibió reunirse con otros abogados. "Lamentablemente algunos familiares aceptaron ese chantaje. La mayoría lo hizo por desconocimiento. Para la Fundación Amparo y Justicia el caso está resuelto con la detención del sicópata Julio Pérez Silva", señala Orlando Garay Castro, padre de una de las víctimas.

Los primeros días de agosto, familiares asesorados por APRODDIC viajaron a Santiago para entrevistarse con el presidente de la Corte Suprema, el ministro de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de la Familia del Parlamento, además de hacerles presente la negligente actuación de la ministra Eliana Ayala, que investiga las primeras causas judiciales. Los familiares no están de acuerdo con que la ministra Ayala acumule todos los procesos, pues mantiene la tesis de que Julio Pérez Silva es el único culpable y su trato no ha sido adecuado con los familiares. El ministro Sánchez, que investiga los casos más recientes, está buscando a los otros responsables. Roberto Vega explica que los familiares "exigen al gobierno que tome una actitud resuelta y busque a los demás responsables... Si en un momento se abocaron a la tesis del abandono, la prostitución, la violencia intrafamiliar, etcétera, hoy el gobierno debe ponerse a disposición, según los requerimientos de los familiares. En los informes policiales hay muchas irregularidades, incluso se señalaron elementos 'objetivos y testigos' para avalar la tesis del gobierno y las policías, lo que se demostró completamente falso...".

Los familiares de las víctimas exigen que esas primeras diligencias se esclarezcan. Que se investigue, en definitiva, quién proporcionó esas informaciones y quiénes manipularon las declaraciones de vecinos, amigos y familiares. "Creemos que esto va más allá de un error. Puede ser una operación para encubrir a los demás responsables. Son catorce casos, sin perjuicio de otros sin resolver aún como el de Ximena Eichman, que apareció muerta en una playa de Iquique, y otros similares... Cuando el afectado es una persona común y corriente la justicia y sus mecanismos no se activan, pero cuando está involucrado el poder hay un cien por ciento de efectividad. Eso es discriminación total y absoluta".

No actuó solo

Para Edith González, el Estado sigue marginando a los pobres. "Nosotros desde un principio hablamos de encubrimiento, pero se estigmatizó a las familias. La señora Ilia Urrutia sigue desaparecida, y hoy lamentablemente, la Policía de Investigaciones afirma que es 'un asesinato por encargo'. APRODDIC sigue su búsqueda. Queremos que se aclare éste y otros casos que continúan en las sombras, en el 'secreto'... Mantenemos la tesis de que hay otros involucrados e irresponsabilidad de los organismos competentes". Lo que ocurre en Alto Hospicio es un secreto a voces: "Se encubre a una mafia poderosa que, suponemos, maneja una red de prostitución y pornografía, entre otras, donde la propia policía está involucrada", señala.

En tres oportunidades los familiares solicitaron un ministro en Visita y las tres veces los tribunales negaron la petición, antes que aparecieran los cuerpos. En el caso del violador de La Dehesa, se designó un ministro en Visita a las pocas horas de ocurridos los hechos. En Alto Hospicio, las investigaciones judiciales se mantenían separadas; se pidió su acumulación, y tampoco accedió la justicia. "Las investigaciones en tribunales se revertían en contra de las propias familias de las víctimas. Policías iban a decirle a la mamá de Laura Sola Henríquez (16 años) que ella había 'asesinado a su hija', que la había 'vendido por dos millones de pesos'. A Orlando Garay, se le acusó de 'asesino' y que su hija se había ido porque era objeto de 'abusos sexuales'. Orlando Garay es un padre ejemplar... Hoy se sigue discriminando a las familias de Alto Hospicio, Iquique y Pozo Almonte porque para la ministra Eliana Ayala el único responsable de todo es Julio Pérez Silva, y no es así. Sabemos que no es así. Los cuerpos de las menores aparecieron en octubre, y en noviembre la ministra pretendió 'cerrar el caso'. La Fundación Amparo y Justicia de la UDI mantiene la misma tesis, pero es evidente que el sicópata no actuó solo. Hay una red de 'encubrimiento' al más alto nivel. Se quiere imponer la impunidad y que la verdad nunca se sepa".

Los familiares de las menores asesinadas no se explican de otra forma el que sigan recibiendo "llamados y amenazas", "seguimientos", "allanamientos de vehículos", "anónimos", etcétera. Tienen la certeza de que las pequeñas niñas y las cuatro adultas no solo fueron víctimas de violaciones y asesinatos, sino también de secuestros y retenciones. La menor Katherine Arce Rivera desapareció con su pelo largo, pero sus restos aparecieron con el cabello cortado.

"Las retuvieron en algún lugar, desde donde no podían salir. Incluso pudieron ser víctimas de una red de prostitución... las prostituyeron de manera obligada... En Iquique aseguran tener un 'video pornográfico' de algunas de las menores, sin embargo eso no se ha investigado. ¿Porqué... qué se quiere proteger, que se quiere ocultar? Queremos que se investigue a quienes tuvieron un oscuro accionar en el caso para saber si son cómplices o no, qué se investigue a los policías y a quienes mintieron, que se sepa la verdad... si hubo violaciones para pornografía o tráfico de órganos...".

Un menor de 16 años, José Cayo, fue raptado el año 2000. Su cuerpo apareció a los tres meses, atado, con las manos atrás y sin órganos vitales. Los familiares sospechan de actitudes extrañas de ciertos policías. Sospechan que algunos funcionarios pueden estar involucrados en una "banda criminal organizada" que más de alguna relación tendría con los crímenes de Alto Hospicio y su posterior encubrimiento. En agosto de 2000, los familiares entregaron un extenso informe al Presidente de la República, Ricardo Lagos, denunciando los hechos como el accionar de una "banda organizada": "Le entregamos los antecedentes en forma privada... incluso algunos nombres de policías que pudieran estar involucrados... Si se hubiese investigado, tres menores estarían vivas... Antecedentes que recibió Nelson Mery, director de la Policía de Investigaciones y, sin embargo, evacuó un informe donde, prácticamente, acusa a los propios familiares de ser responsables de las 'desapariciones' de las menores".

Testimonio de un padre

Orlando Garay Castro, padre de Viviana.

Orlando Garay Castro, padre de Viviana Garay Moena (16 años), entrega un testimonio desgarrador: "...Desde marzo mi hija estaba asistiendo a la escuela y el 30 de junio desapareció. Los días antes, fui a dejarla al colegio. Ese viernes no fui... y ella salió atrasada, un cuarto para las siete. Pienso que ahí la abordaron...". Al buscar a su hija, Orlando Garay se entera de "otras niñas perdidas": "...Me levanté temprano para seguir su búsqueda. Me contacté con sus amigas, su 'pololo' (novio), hice todo, y me dirigí a la población La Negra... Allí vi un afiche: 'se busca' -nunca le había tomado atención- 'Katherine Arce. Desapareció el 5 de abril de 2000'. Me percaté que también vivía en La Negra... Fui allá, conversé con su madre. Me dijo que su hija Katherine (16 años) llevaba desaparecida un mes y medio... Le pregunté qué pasaba con la policía y me dijo que sólo le preguntaban si ya llegó... y nada más".

En esa conversación Orlando Garay se enteró que no solamente estaban perdidas sus hijas, sino que también Patricia Palma Valdivia (17 años). Fueron a su casa, a pocos metros. "...Allí me entero que no eran las únicas, también estaba desaparecida Laura Sola Henríquez (16 años), que vivía en otro sector, pero a pocas cuadras...".

Las tres menores asistían a la Escuela Eleuterio Ramírez, a pasos de la Comisaría de Carabineros de Alto Hospicio. "Eso me llamó la atención, porque he visto niñas que fuman droga... otras vendiéndose por un par de 'pesos' (monedas). Pero ninguna de estas niñas era drogadicta o prostituta; eran liceanas que se levantaban en la mañana para ir a sus clases... Eran niñas que merecían que la justicia y las policías investigaran... que las buscaran, que les salvaran la vida... y no que estigmatizaran a sus familias, sin importarles el dolor que sentíamos y la impotencia...".

En ese momento, Orlando Garay vivió la discriminación que sufrían las otras familias de parte de las policías y autoridades políticas. Todas las denuncias se hicieron a pasos de la escuela, pues a pocos metros se encuentra la Comisaría de Alto Hospicio. Denuncias, en vano: "Hablamos con los oficiales... con el capitán González y el suboficial Arriagada. Rápidamente, el suboficial dijo que 'las niñas se iban para prostituirse'... ¿Cómo una persona, que es un policía, puede emitir un juicio así sin tener antecedentes?... Le dije, 'díganme dónde está la prostitución para ir a buscarla', porque era mi hija... Él lo dijo con completa seguridad como si tuviera antecedentes o quisiera ocultar la verdad...". Esa fue la tesis que se impuso, así no se hizo nada por descubrir lo que realmente ocurrió.

"Al poco tiempo desaparecieron Macarena Montecinos Iglesias (15 años) y Macarena Sánchez Jabré (13 años)... Con sus padres, éramos seis familias. Todas, salvo Montecinos que era de Iquique, asistían a la misma escuela... Fuimos a su casa... y nos enteramos cómo era, sus actitudes, su forma de ser... Pasaron los meses y seguíamos con el dolor y la incertidumbre... Seis niñas desaparecidas, porque no eran delincuentes como lo quisieron hacer creer. Los policías no lograban ninguna seña y asumían, a pesar de nuestro dolor, que la culpa era de nosotros pues decían: 'abandonaron el hogar por maltratos, abusos, prostitución', e incluso porque 'las violábamos', lo que mantuvieron siempre... Ni siquiera las buscaron... ¿Qué querían ocultar? ¿Acaso ellos saben realmente quiénes son los responsables de estos crímenes?... Fuimos nosotros mismos quienes las encontramos en la pampa, amarradas, semienterradas, con sus cráneos rotos... Golpeamos todas las puertas de las autoridades regionales pero incluso quienes nos asesoraron al hacer las denuncias por 'sustracción de menores', decían 'se fueron porque los padres las maltrataban'... El Intendente de Iquique, Jorge Tapia, hizo un llamado para que las niñas volvieran, que él las iba a 'proteger, castigando a los responsables', que éramos nosotros...".

Las autoridades asumieron que era un caso de prostitución y abandono de hogar. Incluso dijeron que "un día aparecerían". Hay testimonios de un alto mando de Carabineros, Bustamante, que dijo: "están vivas". Por meses lo plantearon en sus informes investigativos. En sus documentos oficiales señalaron que las menores se encontraban en el puerto de Arica, en la ciudad de Tacna (Perú), en el balneario de Papudo, en barrios populares de Santiago, para encubrir su horrorosa negligencia.

"Siempre hemos marcado ese punto; acá falló la justicia... Pienso que fue así porque somos pobres... la prueba está en el 'caso La Dehesa', donde se investigó inmediatamente las violaciones y se descubrió en tiempo récord al sicópata... porque en La Dehesa viven los ricos y los militares, los que tienen poder... También se nos discriminó cuando la prensa fue a Alto Hospicio a hacer reportajes... Se vio en pantalla la pobreza en la que vivimos... pero se dio a entender que la culpa de la desaparición de las niñas era nuestra. Ellas eran menores... y los derechos del niño y la mujer nunca funcionaron, qué decir del derecho a la justicia...".

Las puertas del gobierno siempre estuvieron cerradas. "Las golpeamos y golpeamos, nos cansamos de golpearlas, pero no hubo resultados... Hablamos con autoridades policiales y siempre pensaron que nosotros éramos los culpables. No éramos bien mirados. Nosotros mismos comenzamos a investigar qué había pasado, sin los recursos humanos y los medios que ellos tienen".

Muchas de las familias se vieron obligadas a vender sus pertenencias para dedicarse por completo a una búsqueda infructuosa y llena de dolor. Orlando Garay viajó con Juan Sánchez a la ciudad de Tacna, luego de la llamada telefónica de Macarena Sánchez, hija de este último, en julio de 2000. Por teléfono, Macarena relató a su abuela "que estaba encerrada", que era "obligada por hombres a prostituirse". Antecedentes que confirman que el sicópata Julio Pérez Silva no actuó solo. La abuela preguntó dónde estaba a la menor, que respondió: 'parece que en Tacna, abuelita'. La llamada es real pero, al poco tiempo, apareció el cuerpo de Macarena semienterrado en el pique Huantajaya de la I Región, lo que indicaría que el sicópata y otros involucrados idearon una estrategia muy bien armada para confundir la investigación.

La madre de Sara Gómez Cuevas (18 años), Marisol Cuevas, fue amenazada por teléfono: "no sigai hueviando porque sino vai a caer donde cayeron las demás". La intención de la voz anónima era que las familias de las víctimas de Alto Hospicio no investigaran la verdad de lo ocurrido. Otra amenaza similar la recibió la madre de Graciela Monserrat Saravia (17 años), la primera víctima de Julio Pérez Silva, en septiembre de 1998. Los familiares han denunciado "seguimientos de civiles" y extraños "allanamientos de sus vehículos", en más de una ocasión, sin que hasta ahora se sepa quiénes están involucrados en esos hechos.

"¿Y las amenazas telefónicas? No es alguien común quien las hace, ni sólo una persona... ¿Y las amarras, los golpes en la cabeza, los secuestros y raptos?... Todas las niñas fueron atadas en la espalda. Nosotros sabemos bien claro quiénes son los que operan así... Podrían estar implicados policías, tenemos esa inquietud... Se ha ocultado la verdad por mucho tiempo. Hay toda una mafia en esto... Se hicieron distracciones, hicieron aparecer mochilas y restos de ropas de las menores en otros lugares, lejos de donde aparecieron sus cuerpos... no sólo hubo negligencia de las policías y negación de justicia... Hay algo más que aún no sabemos".

Testimonio de Blanca Castro

Blanca Castro, hermana de Deysi Castro Mamani: "...Desapareció el 22 de mayo de 2001. Tenía 16 años y cursaba 2º Medio en Pozo Almonte, en un internado. Viajaba los viernes a Alto Hospicio y el domingo retornaba a sus estudios. En uno de esos trayectos la abordaron. El 2 de julio de 2002 apareció su cuerpo.

Vinimos a Santiago para solicitar a las máximas autoridades que tomen cartas en el asunto. Anteriormente, lo solicitamos, pero nos recibieron o no hicieron nada; los documentos duermen hasta esta fecha... Estoy muy indignada porque si el Presidente Ricardo Lagos nos hubiera escuchado, si hubiesen mandado al Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones como lo solicitábamos, o un ministro en Visita el año 2000, tres jóvenes, incluyendo mi hermana, estarían vivas.

La culpa parte por el Presidente y las autoridades. Nelson Mery, el director de la Policía de Investigaciones habló muy mal de las niñas y para mí es un encubridor, porque entorpeció la investigación, y eso motivó que no siguieran buscando... Me da pena volver a repetir mil veces lo mismo, pero Usted debe haber escuchado lo que dijeron de las niñas. Cuando fue Ricardo Lagos a Iquique no nos recibió. Él también es culpable de la muerte de mi hermana.

¿Piensa Usted, con todo lo que se sabe, que Julio Pérez Silva actuó solo? ...Le pregunto a una persona que tenga una mínima lógica. Inmediatamente se da cuenta que en los crímenes es la misma Ruta, el mismo modo, la misma edad, demasiadas coincidencias. ¿Cómo no se dio cuenta ese señor Mery? ¿Cómo va a ser tan tonto, qué tiene en su cabeza que se dejó llevar por un informe... no entiendo? Inventaron que se trataba de 'casos sociales' porque somos pobladores de escasos recursos y vivimos en tomas de terrenos.

Nuestra indignación es muy grande y solicitamos la remoción de la ministra Eliana Ayala que no ha actuado bien... De una u otra forma oculta información y antecedentes, prácticamente ha enviado el caso a la basura... Cuando me entrevisté con ella, no me dijo que mi hermana era prostituta... pero sí que 'Deysi estaba embarazada y se había ido con su pololo (novio)'... y mire donde apareció... Esa es la impotencia, el dolor... Dios me ha dado fuerza para seguir. Somos una familia modesta, pero honorable y digna.

Las autoridades no hicieron nada pues nos discriminaron. ¿Cómo es el trato para las personas modestas? Diferente en todo... Esa injusticia algún día va a terminar y muchos se van a arrepentir de lo que dijeron... y de habernos dado la espalda.

Le expusimos al Presidente de la Corte Suprema las irregularidades que existieron y siguen existiendo. Hay pruebas contundentes de que Julio Pérez Silva no actuó solo, pero para la ministra, es el único responsable... Cómo explica los llamados y amenazas telefónicas a altas horas de la noche... quién va a hacer eso, gastar dinero, sólo alguien involucrado. Aquí hay una mafia muy grande y Julio Pérez es el más bajo, el desperdicio... Por eso es difícil que un abogado nos patrocine.

El día que desapareció Deysi, testigos vieron un automóvil de Carabineros esperando y cómo una colegiala, con un bolso, fue abordada por los policías... y subió al vehículo... Ese antecedente es uno de varios que hemos entregado a las autoridades, incluso al Presidente Lagos... Recorrimos todo el lugar preguntando a niñas de nuestra edad y ninguna había subido a un vehículo policial... A la única que no pudimos preguntar fue a mi hermana. Eso debería investigarse, pero la negligencia en Iquique y en este país es tan grande...

Durante la campaña parlamentaria se encontraron tres cuerpos y Jaime Orpis de la UDI, apareció diciendo que él había estado con nosotros desde el comienzo. Es falso. Dijo que siempre nos había apoyado y cuando le preguntaron, ni siquiera se sabía los nombres de las niñas... Es mentiroso. Un día que lo vea se lo voy a decir en su cara... En cambio, el diputado Fulvio Rossi estuvo con nosotros y nos ayudó. Fue personalmente a darnos el pésame. Nunca he escuchado ni leído que él diga que nos ayudó, lo hizo, 'calladito' (en silencio)".

Testimonio de Nila Linares

Nila Linares, tía de Ornella.

Nila Linares, tía de Ornella Linares: "Quiero que se haga justicia. Ornella (14 años) desapareció el 5 de abril de 1999. Quiero saber si Julio Pérez Silva es el culpable... Quisiera que estuviera toda su vida preso... A veces, me gustaría que lo castraran... que le cortaran un brazo, para que sufriera, porque las niñas sufrieron mucho... Además de amarrarlas, les pegó, violó... las hizo caminar hasta donde las abandonaba a la muerte, las ocultaba con piedras... Ornella tenía partida la frente y el cráneo... ¿Porqué se entregaron sus huesos sin piel... sin pelo, sin uñas... ver eso fue una impresión muy grande.

...Mi niña era muy alegre, alta, un poquito gordita, y en el estado en que la entregaron es un dolor muy grande... Su padre todavía está muy mal, no se puede recuperar... Siempre pensamos que estaba viva, que se podía haber ido, como decían las policías... Nunca nos imaginamos que estaba muerta... Mucho tiempo la buscamos, pensando que estaba viva... Apareció el 2 de julio de 2002. Las autoridades lo único que hicieron fue tramitarnos... dijeron que se había ido por su voluntad, que la trataban mal en su casa, lo que era falso... Lo que creo es que no investigaron, no lo sé. No puedo culpar, pero siempre le inventaron a las niñas cosas, incluso, que se 'prostituían'... De mi sobrina dijeron que se había 'casado'... Que se sepa la verdad, es lo que quiero... se debe castigar a los culpables...".