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| 22 de septiembre del 2002 |
La (in)justicia de San Luis
Héctor Timerman
A Adolfo Rodríguez Saá le gusta que los periodistas le pregunten sobre la salud financiera de San Luis, en cambio, no le gusta nada que lo indaguen sobre los hechos vividos con su amante en un hotel y que, según su interpretación, se debieron a su oposición al Pacto de Olivos. Si a su esposa la respuesta le satisface, por qué involucrarse en pasiones no correspondidas.
Pero hay otro tema del que Rodríguez Saá habla poco o nada: el avasallamiento de la independencia judicial en su feudo provincial desde 1995. En un exhaustivo análisis del Centro de Estudios Legales y Sociales se detalla la estrategia saaísta para terminar con el último bastión que no controlaba. El primer paso fue violar la intangibilidad de los sueldos de los magistrados. Para evitar las medidas cautelares trabadas por los afectados, una nueva ley decretó la emergencia económica con efecto retroactivo. Y con otra ley se suspendieron las ejecuciones contra el Estado provincial y la declaración de inembargabilidad de sus bienes. La Fiscalía de Estado sistemáticamente recusaba a los jueces intervinientes con lo cual se necesitó apelar a conjueces. Claro que previamente se había modificado inconstitucionalmente la designación de los conjueces permitiendo el nombramiento directo por el gobernador con acuerdo del Senado, controlado por el adolfismo. Esto se llevó a cabo con tanta velocidad como se ve en la numeración de las leyes: la primera 5.062, seguida por las 5.067, 5.070 y 5.071. Como la felicidad del Adolfo con la premura demostrada por los legisladores fue empañada por el Colegio de Abogados de Villa Mercedes que cuestionó el procedimiento, la Legislatura disolvió los colegios de abogados de la provincia, confiscando sus bienes y reemplazándolos por asociaciones de abogados del Estado. Según el CELS, "la sanción de las leyes fueron acompañadas por una feroz campaña de desprestigio hacia el Poder Judicial, generada desde el partido gobernante", la cual forzó la renuncia de los miembros del Superior Tribunal de Justicia. El Adolfo no tuvo problemas en encontrar idóneos para reemplazar a los renunciantes. Entre los nuevos tribunos había una empleada de la Casa de San Luis en Buenos Aires, un ex secretario general de la Gobernación y Carlos Sergnese, quien acompaña a Saá desde 1983 en diferentes cargos públicos, además de ser su abogado personal. En otro gesto de noble independencia la Legislatura sancionó (ley 5.103) normas que le permitieron al Adolfo poder designar por decreto al abogado que representaría a la provincia en cada caso. Tal vez inquieto por si algunos jueces no entendiesen que las leyes homologaban una nueva etapa en la jurisprudencia puntana, impulsó el juicio político a un grupo de juezas que se opusieron públicamente a sus manejos. Los procesos contra dos de ellas, las doctoras Adriana Gallo y Ana María Careaga, quienes fueron destituidas de sus cargos, motivaron que la International Commission of Jurists, con sede en Ginebra, haya incorporado en sus informes ambos casos como ejemplos de persecución y ataque a la independencia judicial. También juristas argentinos -Gregorio Badeni, Andrés D'Alessio, Ricardo Gil Lavedra y Daniel Sabsay, entre otros-manifestaron por escrito su preocupación por el caso de Careaga. Saá insiste con su imagen de gobernador exitoso y tal vez, en sus parámetros, tenga razón en portar su sonrisa ganadora. Pero para medir sus 18 años en el poder también hay que considerar el respeto a la independencia de las instituciones y las libertades civiles. La eficacia administrativa no es todo, como ya se demostró cuando Mussolini era elogiado porque los trenes llegaban a su hora. |
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