Arnaldo Pérez Guerra y Victoria Torres: Chile: La doble moral de la Concertación

La detención y posterior expulsión de Marco Paulsen Figueroa, preso político de la dictadura, evidenció el doble estándar del gobierno en el tema de derechos humanos y el tratamiento brutal con los "extrañados" por la democracia.

Paulsen, que ingresó al país con pasaporte otorgado por la embajada chilena en Bélgica, fue detenido, encarcelado y acusado de "quebrantamiento de condena". Un completo absurdo, pues fue el propio gobierno el que le entregó un permiso provisorio por 15 días. La actitud del ministerio de Interior, luego de su detención, no sorprendió: inició un acelerado "trámite de indulto", mientras sus personeros declaraban que "todo estaba en manos de los tribunales", que debían determinar si había o no quebrantado su condena.

Evidentemente, el gobierno estaba al tanto de lo obrado por su embajada. El gobierno adoptó una actitud vergonzosa. El trámite de indulto, finalmente, se desechó a instancias del ministro de Justicia, José Antonio Gómez, quien le habría representado al Presidente Ricardo Lagos el "peligro" de otorgarlo "por el mal precedente que generarían decenas de extrañados volviendo a Chile" con similar exigencia.

El permiso provisorio le había sido otorgado a Paulsen para asistir al funeral de su padre, fallecido el 2 de septiembre, siendo recibido en el aeropuerto Pudahuel, el miércoles 4, por sus familiares y el abogado Hugo Gutiérrez, pero fue detenido apenas bajó del avión.

"Esta historia ha sido bastante surrealista porque ingresé al país con un pasaporte en regla que me entregó la embajada de Chile en Bélgica y, justamente, con una validez restringida para asistir al funeral de mi padre y volver. Avisé en Bélgica que venía. Yo no pretendía 'quebrantar la condena' sino que ejercer el derecho fundamental, elemental, de asistir al funeral de mi padre", declaró Marco Paulsen a Radio Nuevo Mundo, momentos antes de ser expulsado.

Lo vivido por él evidencia la doble moral en materia de derechos humanos. "Cómo será de 'extraña' esta democracia chilena que el gobierno no tiene control de su ministerio de Relaciones Exteriores, no tiene comunicación con los tribunales, no sabe lo que pasa ni cómo funcionan, ni quién toma decisiones en su embajada... No sé si esto será gobierno o desgobierno: un despelote cuando quieren, y mano dura y efectividad cuando se trata de reprimir. En Chile hay presos políticos que ni siquiera tienen condena. Eso demuestra lo que pasa en este país. Se les niegan derechos fundamentales a una gran cantidad de chilenos. Se les excluye de cualquier participación, se les empuja a la marginalidad, mientras se protege cotidianamente, y eso es lo descarado y vergonzoso, a los torturadores y a los asesinos", señala Paulsen.

El preso político permaneció recluido en la ex Penitenciaría de Santiago y fue puesto a disposición de los tribunales, siendo expulsado el viernes 6 en el vuelo de Lan Chile de las 12.10 horas con destino a Bruselas. A las 09:30 de la mañana, personal de ambas policías y de Gendarmería lo trasladó al aeropuerto internacional, tras un aparatoso operativo en el que incluso se utilizó un helicóptero.

El ministerio de Interior negó que existiera una autorización para que Paulsen ingresara al país, al mismo tiempo que señalaban, irónicamente, que "entendían " sus razones. Finalmente, le permitieron asistir a las exequias de su padre en el Cementerio General, pero bajo estricta custodia policial.

El injusto "extrañamiento"

En la mañana del jueves 5 de septiembre, Marco Paulsen Figueroa fue trasladado al 14º Juzgado del Crimen de Santiago para declarar ante la jueza Celia Catalán, quien determinó que no había quebrantado la condena de 12 años de extrañamiento que cumple en Bélgica, país donde reside como refugiado político desde hace 9 años. En la noche, fue trasladado por personal de Gendarmería al domicilio de su madre, donde permaneció bajo "arresto domiciliario" unas horas, a la espera del "decreto de expulsión".

Antes de ser nuevamente expulsado Paulsen señaló: "La pena de extrañamiento es injusta. Nosotros resistimos y combatimos a la dictadura. Ninguno de los presos políticos lo hemos negado o escondido. Lo hemos afrontado con dignidad y la cabeza en alto: luchamos y realizamos la resistencia armada contra la dictadura. Hay que recordar que Aylwin, el primer Presidente de la Concertación, fue elegido porque en su programa decía que iba a 'liberar a todos los presos políticos'. Él nos reconoció como presos políticos, porque eso era indesmentible. Lo que hoy pasa es una muestra más de las mentiras de la Concertación, de la falsedad de sus promesas. Aylwin no liberó a todos los presos políticos, mantuvo aquí a muchos, firmando en tribunales, y a un número importante los expulsó y no se nos permite volver. La Concertación es responsable hoy del exilio".

Paulsen declaró a la prensa, a través de los barrotes de la casa de su familia, que consideraba injusta su nueva expulsión y que era "una muestra de la injusticia que sigue reinando en este país, en que no se me permite siquiera caminar por mi barrio. Cuando fui expulsado por Aylwin, estaba tras las rejas; hoy también estoy tras las rejas y soy nuevamente expulsado. También manifestó que cuando regrese a Chile se reintegrará "a la vida política para luchar con la gente que sigue luchando en este país. Sólo puedo regresar el 2005. La única posibilidad de apelar a esa condena es ante el Presidente, pero me pregunto: si el Poder Ejecutivo no tuvo el valor, no tuvo el coraje de permitirme estar 15 días, no sé a quién tiene que responder, no sé a quién le teme para autorizarme a vivir en mi país. Más aun cuando hay un preso político de la dictadura, Rodrigo Morales Salas, que continúa preso".

Paulsen fue expulsado de Chile en noviembre de 1993, luego de permanecer encarcelado 4 años. Entre 1990 y 1994, el gobierno expulsó a distintos países europeos a un numeroso grupo de prisioneros políticos encarcelados durante la dictadura, todos militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), MAPU Lautaro y Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). Se les conmutó la pena de prisión por condenas de "extrañamiento" que oscilan entre los 5 y 45 años.

El "caso Paulsen" sacó a luz una de las numerosas debilidades de la "transición a la democracia": la nula solución del problema de los presos políticos. Recordemos que, además presos políticos encarcelados con posterioridad a 1990, que se encuentran en su mayoría cumpliendo condena o en espera de fallos judiciales en la Cárcel de Alta Seguridad, persisten los numerosos condenados a "extrañamiento", que también son presos políticos. Todos ellos, procesados por la Justicia Militar en aplicación de leyes heredadas de la dictadura.