Gabriel Papa: Uruguay, ¿es o fue?

Rota la promesa de insertar el país en la senda de la globalización exitosa, el nuevo objetivo del tercer batllismo parece reducirse a honrar la deuda exterior pública. Sin embargo, la cuarta administración posterior a la recuperación de la democracia parece decidida a delinear un nuevo Estado y una nueva sociedad.

El optimismo biológico es un rasgo de carácter que, muchas veces, brinda la coartada perfecta para eludir la necesidad de realizar cualquier autocrítica. Y la autocrítica no es, se sabe, una característica presente en los miembros del equipo que condujo al país a la mayor crisis económica de su historia. Que a partir del feriado bancario la sociedad tomó conciencia de que el Estado no es todopoderoso y de que estamos en presencia del nacimiento de una nueva civilización, fueron algunas de las conclusiones que uno de los principales operadores de la política económica -el jefe de la Asesoría Macroeconómica y negociador ante el fmi Isaac Alfie- compartió con la audiencia de un programa de televisión el viernes 30.* Tras evocar la satisfacción espiritual que le brinda el ejercer la docencia universitaria, el funcionario puntualizó que el tema de qué tan mal estamos es relativo porque depende del punto de comparación, y que en 1998 la sociedad vivió "el pináculo de su bienestar", cuando Uruguay era un país de "crédito muy barato". La soberbia y el autismo que lo caracterizaron en cada una de las apariciones públicas anteriores cedieron el lugar a la "intuición" -"no soy pitoniso", aseveró uno de los principales responsables de la programación y proyección de las variables económicas del país-, antes de prever una "solución" al tema de los bancos durante este mes -"hay muchos interesados"- y a la situación económica en general. Viabilidad cuestionada. La interrogante acerca de la viabilidad del país que titula esta nota deriva de la adaptación de un artículo en el cual el ex presidente Julio María Sanguinetti reflexionaba hace un año acerca de la debacle argentina. En línea con la ausencia de toda reflexión crítica acerca del modelo (neoliberal) o el sistema (capitalismo) -como planteara lúcidamente Juan Pablo Feinman en la contratapa de la pasada edición de BRECHA-, Sanguinetti indicaba que el problema argentino es cultural.

Lo cierto es que, en lo que a Uruguay respecta, la crisis es tan grande que el propio Estado está cuestionado en cuanto al cumplimiento de sus funciones básicas. La prioridad del equipo económico es -después de la primerísima obligación de honrar la deuda pública- pagar sueldos y jubilaciones, postergando el pago de gastos de funcionamiento y la realización de inversiones. Más de 30 mil empresas y profesionales que proveen de bienes y servicios al Estado verán postergadas una vez más sus cobranzas. La dinámica de un Estado que compra mal y caro y paga tarde y nunca parece un drama de nunca acabar. Tras años de trabajo de técnicos y profesionales contratados para mejorar la gestión y reformar el Estado, las reducciones de gastos se siguen haciendo al barrer y la opinión pública asiste estupefacta a las palabras de un ministro, el de Defensa, que plantea que la prioridad de su cartera es atender los gastos de alimentación y salud de sus dirigidos.

La estrategia de centrar la política económica en el problema fiscal -y llevarla adelante sin ningún proyecto productivo que la guíe- ha provocado un círculo vicioso de recortes indiscriminados, caída de la actividad y posterior caída de la recaudación, y vuelta a empezar. Mientras tanto el informalismo crece. La nueva presidenta de la Confederación Empresarial del Uruguay, Adriana Etchegoimberry, señaló que del 35 por ciento de comercios del interior del país que cerraron en lo que va del año la mayoría pasó al sector informal. Como indicador de la carencia de recursos y de la ausencia de cualquier atisbo de pensamiento estratégico que rebase los límites de la prioridad otorgada a honrar la deuda, ahora se sabe que la reforma de una dgi cuyo funcionamiento es impresentable para cualquier Estado que se precie de moderno no se puede realizar porque "no están los 12 millones en nuevos (¡!) tributos" que se requieren para instrumentarla, según informó el ministro de Economía, Alejandro Atchugarry.

La estrategia de atrasar el pago a los proveedores, así como la postergación del pago en junio del medio aguinaldo a los funcionarios públicos que permitió presentarle al fmi resultados fiscales aceptables en ese mes, fue tan ingeniosa como inútil. El análisis de los números fiscales puede ser engorroso, pero permite visualizar tanto la magnitud de la crisis fiscal como el fracaso de la estrategia elegida. En julio el déficit del gobierno fue de 154 millones de dólares, más de un 50 por ciento superior que en el mismo mes del año anterior. Lo ocurrido al cabo de los primeros siete meses de 2002 muestra el fracaso de la estrategia recesiva para bajar el déficit: mientras que, globalmente, los egresos del gobierno central no variaron en términos reales respecto a igual período de 2001, los ingresos disminuyeron en más del 5 por ciento. Pero las visiones globales ocultan, a veces, evoluciones inquietantes: a pesar de los aumentos en las tasas del irp verificados, la recaudación por este concepto disminuyó en valores reales más del 9 por ciento con respecto a los siete primeros meses del año anterior, mientras que la dgi aportó casi un 10 por ciento menos. Por el lado de los egresos, Presidencia gastó un 43 por ciento más y el pago de intereses creció 23 por ciento.

Pero todo puede empeorar. La línea adoptada se plantea pagar los compromisos de deuda en setiembre con las reservas, encarar un octubre "relativamente calmo" en materia de vencimientos, y recibir "a fin de ese mes y en diciembre los desembolsos del fmi" para pagar la deuda que vence a fin de año, según expresara el presidente del Banco Central, Julio de Brun. El año que viene el equipo económico espera que el retorno de la confianza (¿?) y el fenomenal ajuste comprometido con el fmi -un superávit fiscal antes de pagar los intereses de 4,2 por ciento del pbi- permitirán obtener las divisas con las cuales pagar la deuda. Mientras tanto, el ex presidente del bcu Carlos Protasi señaló que en los próximos años la población deberá hacer "un esfuerzo enorme" -de entre 9 y 15 por ciento del pbi- para honrar la deuda. Por si la capacidad de sacrificio de la población no alcanza, se informa que técnicos del gobierno ya están elaborando escenarios que implican, incluso, la reestructura de la deuda.

Detrás de los números. Si se tiene en cuenta que los cuatro pilares de la actividad económica son el consumo de los hogares, el consumo público, la inversión y el comercio exterior se podrán apreciar las dificultades de la hora. El consumo de los hogares se ve fuertemente afectado por una restricción salarial sobre la que opera una inflación que alcanzó en agosto la tasa más alta de los últimos diez años. La reducción indiscriminada del gasto corriente y la inversión públicos no ofrece alternativas. Por su lado, el endeudamiento interno opera tanto sobre la capacidad de consumo como de inversión. La expectativa de obtener rentabilidad de la exportación choca contra la falta de financiamiento: aquellos 5 mil millones de dólares de exportaciones que el presidente planteaba al comienzo de su mandato contrastan con los 2 mil millones con los que se cerrará el año.

Pero detrás de estos números hay un 17 por ciento de personas dispuestas a trabajar y que no encuentran la posibilidad de hacerlo siquiera por unas pocas horas a la semana. En el período mayo-julio los hogares vieron reducidos sus ingresos reales en más del 10 por ciento. Al cabo del año se prevé que el poder adquisitivo del salario privado caiga más del 25 por ciento respecto del nivel de diciembre del año pasado (más de 10 por ciento de caída si se toman promedios anuales), previéndose un desplome mayor para el asalariado público.

La interrogante acerca de la propia existencia del país como nación independiente y soberana tuvo la semana pasada una nueva respuesta al difundirse (véase la portada de la última edición de BRECHA) la existencia de otro acuerdo con una institución financiera internacional, esta vez el Banco Mundial, suscrito por el ex ministro de Economía Alberto Bensión. Este documento -además de acordar la modificación estructural del Banco Hipotecario antes de que ésta fuera considerada por el Parlamento- sigue la línea de los compromisos establecidos con el fmi, según reveló el miércoles 4 el diario La República. Algunas novedades son incorporadas: se establece, por ejemplo, la reducción de las remuneraciones vinculadas a la productividad en las empresas públicas así como cambios en el régimen de seguro de paro (eliminación de las prórrogas, limitación a 36 meses del tiempo total que un trabajador puede aspirar a ese beneficio en su vida laboral, necesidad de realizar servicios comunitarios durante el tiempo de usufructo). Argumentaciones del tipo "la probabilidad de estar desempleado por más de 36 meses a lo largo de la vida laboral para personas que buscan empleo es extremadamente baja" aplicadas a economías subdesarrolladas como la uruguaya no hacen honor al conocimiento de la realidad de los jerarcas nacionales y de las instituciones con las que se firman estos acuerdos. La revisión de los programas de asistencia social también está comprometida.

La crisis económica, además de implicar una destrucción de la capacidad de producir bienes y servicios para satisfacer a la población, implica una transferencia de riqueza entre los sectores de la población de la cual la clase media es, como nunca antes, la nueva víctima. Sin lugar a dudas, un nuevo país.

(*) Hoy por hoy, Tveo.