Carlos Angulo Rivas: Perú: Esquizofrenia política

Al parecer los más caracterizados demócratas tienen pánico a los votos y aunque sean dueños de su propio miedo, vienen perjudicando enormemente al país. Valga citar nuevamente a J. J. Rousseau, uno de los gestores de la democracia representativa quien en su obra El contrato social (compromiso entre el pueblo soberano y el Estado) señala: "Una sana y fuerte Constitución es lo primero que debe buscarse" y en otro acápite remarca "que todo acto que instituye el gobierno no es un contrato sino una ley; que los depositarios del poder (ejecutivo, legislativo) no son los dueños del pueblo, sino sus funcionarios, que puede el pueblo nombrarlos y destituirlos cuando quiera; que no es su incumbencia adquirir sino obedecer, y que, al encargarse de las funciones que el Estado les impone no hacen mas que cumplir con su deber de ciudadanos, sin tener derecho alguno a discutir sobre las condiciones". En otras palabras, nuestros gobernantes y los parlamentarios no son los dueños sino los intermediarios de la voluntad popular. La distorsión en el Perú de este principio fundamental, ha conducido cuando no a las dictaduras, a las frágiles democracias que conocemos. De allí la necesidad e importancia de enfrentar el problema de la transición democrática actual, como el de establecer un nuevo Contrato Social, con mayor seriedad y responsabilidad.

Sólo pedimos un poco de coherencia, pues se viene dando una falta absoluta de respeto por el voto popular y quienes fueron elegidos piensan que pueden hacer lo que les viene en gana por cinco años consecutivos. Estemos claros, no se está discutiendo la reforma constitucional de uno o varios artículos sino de la reformulación integral de la Carta Magna, luego del disloque de la sistematización jurídica del país. La Carta de 1993 es espuria de nacimiento e ilegítima de acuerdo a derecho, no fue aprobada en referéndum debido al fraude, no obstante, fue promulgada arbitrariamente por Fujimori; y el Congreso al haber retirado la firma del entonces presidente, en teoría ha derogado todo su articulado, dándose en la práctica una transitoriedad en la que es inaplicable su seguimiento. En consecuencia, la reforma total o parcial planteada por Henry Pease, en aplicación de un articulado abolido, es incongruente.

Esto es una parte del problema; la otra corresponde a la prepotencia de arrogarse una jurisdicción que los actuales legisladores no tienen, pues nadie les ha otorgado poderes constituyentes, ya que en última instancia no pueden ser jueces y parte dándose una Constitución a medida de ellos mismos. El mandato otorgado es para hacer leyes de facilitación al gobierno de ninguna manera para crear un nuevo Contrato Social. Lo extraño de la situación es que el aprista Agustín Haya procura la vigencia de la constitución de 1979, jurídicamente la única válida, para luego reformularla por el Congreso elegido para un mandato preciso y categórico, legislativo no constituyente; mientras que el aprista Alan García cambiando de posición en pocas horas, postula la discusión ambigua de ambas cartas a la vez (1979 y 1993). Ninguno asume la consulta popular de otorgar mandato constituyente a este parlamento o a otro elegido a plazo prudencial para ese único efecto. Sería tan fácil una solución al impasse preguntando, durante las elecciones regionales y municipales, ¿cree Ud. que el actual congreso está facultado para redactar una nueva Constitución?

Cuando no hay transparencia, sinceridad y honradez, los parlamentarios se enredan en su propio laberinto, hasta caer en enojosas contradicciones y en intragables embustes. La Asamblea Constituyente no puede ser un elemento desestabilizador de la democracia, sino por el contrario la reafirmación meridiana de ella. ¿Estaría dispuesto el congreso a autodisolverse sí el referéndum desautoriza la Constitución aprobada por ellos en este cálculo de intereses políticos antes que nacionales?