Jaime Barba: El Salvador: sin agenda metropolitana

El actual forcejeo interinstitucional que tiene lugar en torno a la construcción del llamado anillo periférico resulta en realidad un escandaloso caso de ausencia de agenda metropolitana. No es una cuestión de competencias, como falsamente se viene arguyendo de parte y parte (municipalidades y gobierno central). La clave del asunto reside en la incomprensión de lo que significa la expansión del espacio urbano y, en el caso nuestro, de su radical carácter metropolitano. No hay vuelta de hoja.

El itinerario que ha seguido este asunto del anillo periférico muestra cuán grave puede ser el extravío conceptual y qué lamentable resulta gestionar un país como El Salvador a base de coletazos políticos.

Aseverar, como soto voce se está haciendo, que la construcción de este importante proyecto de infraestructura no solucionará los problemas del transporte metropolitano, no puede menos que ser un juicio a priori y sin fundamentos sólidos. Es solución, aunque quizá no la mejor; no es la total, pero habrá una mejora de la situación. Cuando se implantó el relleno sanitario de Nejapa, hace unos años, con el claro propósito se salirle al paso al caótico y nulo tratamiento de los desechos sólidos de los municipios metropolitanos en torno a San Salvador, se dijeron toda clase de improperios y barbaridades, a cual más desatinados. Uno de ellos fue sentenciar que no era la solución. Sí, claro, hay otros caminos, pero la histórica irresponsabilidad en la gestión de los asuntos públicos en nuestro maltrecho país orilló a esta opción de elevadísimo costo financiero. Igual ahora con el anillo periférico (visto en tramos o en su conjunto), desacreditar la implementación de un proyecto de esta envergadura por la vía del expediente fácil de que el problema excede al remedio, tiene sazón demagógica, y que lo digan instancias municipales resulta impropio.

Sin embargo, la pertinencia de una obra vial como la del anillo periférico no es un cheque en blanco para que el gobierno central haga y diga cualquier cosa sin consideraciones de ningún tipo. Se supone que un trazo como el que corresponde al del anillo periférico, debe establecer anticipadamente -y claro, con un buen nivel de formulación- los impactos ambiéntales correspondientes, y no sacar a la luz pública el trazo ya definido y después ponerse a «negociar» en erráticas y nebulosas consultas el cambio de parte del trazo original. Esto, amén de improvisación comporta fuertes dosis, también, de demagogia.

Además, y esto sí que es grave para el dinamismo institucional del país, resulta que los permisos ambientales para los distintos tramos de la proyectada mega obra vial fueron dados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, instancia que -se supone- tuvo a la vista los estudios de impacto ambiental que el Ministerio de Obras Públicas presentó. Y si ahora resulta que éstos eran insuficientes, sería interesante consultarlos. ¿Es que son accesibles?

Si en el exterior se evaluara con cuidado esta situación en verdad que daríamos lástima, ya que los problemas que vive el país son tan grandes que todos estos ditirambos y diatribas cantinflescos no hacen más que contribuir a que el agua nos siga subiendo hasta el cuello.

Finalmente, hay que señalar otro aspecto de este delicado asunto en torno al anillo periférico. Y es que no se trata de parar o no -a como dé lugar- la ejecución de este proyecto.

En primer lugar, una de las resoluciones emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (la No. 187-2002), dice entre otras cosas: «Este Permiso Ambiental -se refiere al proyecto "Apertura interconexión nueva CA-1 con carretera Apopa Sitio del Niño, tramo I"- no constituye (...) autorización para talar arbustos y/o árboles, ni exime al titular del proyecto -se entiende que se está hablando del Ministerio de Obra Públicas- de obtener las demás autorizaciones que establezcan las leyes de nuestro Estado para la ejecución del referido proyecto».

En segundo lugar, resulta que todo proyecto vial, y éste lo es de gran envergadura, causa afectación medioambiental. Sin embargo, lo esencial de la cuestión es de que esta afectación no sea demoledora.

En tercer lugar, los permisos ambiéntales no son los únicos que debe solicitar el Ministerio de Obras Públicas; la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Salvador y de los Municipios Aledaños señala sin ambages lo que debe hacerse en un caso como el del anillo periférico. Y aún más, en la referida ley se establece la configuración de una auténtica instancia de carácter metropolitano, el Comité de Desarrollo Metropolitano, que está constituido tanto por instancias municipales como del gobierno central. Que no haya funcionado nunca no quiere decir que no sea importante; y sólo refleja la ausencia, a nivel de políticas de Estado, de una agenda metropolitana. Hay pues, una salida institucional a este impasse, pero se requiere de buena voluntad y preocupación genuina por la cosa pública y no de mera politiquería.

En cuarto lugar, el Ministerio de Obras Públicas -y su titular en primera fila- debe revisar con mucho cuidado todas las leyes de la república que deben aplicarse en relación con su desempeño institucional, porque la Ley de Carreteras y Caminos no es una isla; y es que al no considerar la otra legislación correspondiente se vulnera un mandato constitucional.

Así pues, madurez política, visión estratégica y legalidad son ahora los tres báculos que deben servirnos para andar sobre este espinoso caso del llamado anillo periférico. San Salvador, 1 de septiembre del 2002