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| 12 de junio del 2002 |
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¿Tercera vía, o neofascismo? Eva Greenberg
El gobierno británico ha presentado un proyecto al Parlamento para que funcionarios de determinados ámbitos de la Administración pública puedan espiar sin orden judicial el correo electrónico y las llamadas telefónicas. Según informó ayer el diario The Guardian, el Ministerio de Haciencia, los servicios secretos, la policía y los funcionarios de aduanas aplican la medida desde hace dos años.
Se da la circunstancia de que el proyecto del gobierno laborista sólo necesita el apoyo del comité parlamentario encargado de su estudio, por lo que podría entrar en vigor este verano sin prácticamente ningún debate. La medida implica que ministerios como los de Sanidad y Agricultura, al igual que los ayuntamientos y diversas agencias gubernamentales, podrán exigir información sobre sus clientes a proveedores de Internet, compañías de teléfonos y operadores postales. Entre los datos que estarían obligados a entregar se encuentran el nombre y dirección de los clientes, las páginas visitadas en Internet, las llamadas telefónicas realizadas y recibidas y hasta la localización geográfica de las llamadas con celulares. El rotativo The Guardian calificaba ayer el proyecto como «una burla al derecho a la privacidad», opinión compartida por varias organizaciones de defensa de los derechos civiles. |
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