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16 de febrero del 2002 |
Perú El magisterio: conflictos y lecciones
Gustavo Espinoza M.
Acaba de concluir un delicado conflicto magisterial. 19 días en huelga de hambre en Lima y otras ciudades, movilizaciones aguerridas de maestros, pronunciamientos y discusiones de distinto calibre desarrolladas en diversos escenarios y documentos en torno a la educación y sus problemas; han sido algunos de los elementos de un debate en el que han participado todas las gamas de la educación peruana opinando sobre asuntos medulares que interesan al país.
Aunque aparentemente simple, el tema del conflicto ha tocado aspectos de vital importancia: la calidad de la educacion, el papel del magisterio, la función del Estado y el confuso y contradictorio proceso democratizador en marcha. No siempre estos asuntos se han abordado de manera directa, pero sí han despertado expectativa y han creado condiciones para alcanzar una visión más nítida de lo que sucede hoy en el Perú. Como en el escenario de un teatro, los acontecimientos han ocurrido uno tras otro y han permitido a todos conocer el rol de los actores. Finalmente, la opinión pública estará en capacidad de extraer las lecciones. Veamos. De alguna manera el conflicto ha constituido el desenlace de una crisis que se venía incubando desde hacía más de una década. Ya en el gobierno de Alan García aparecieron elementos claros de una ofensiva de fondo contra el magisterio. Más precisamente, contra la carrera docente. Ella se expresó en la proliferación descarada de Institutos Pedagógicos Privados que comenzaron a repartir títulos a diestra y siniestra, el nombramiento de profesionales de otras ramas y aun estudiantes para la función docente, la caída de la capacidad adquisitiva de los salarios y el pésimo trato dado a la organización sindical del magisterio, entre otras perlas. El fujimorismo, en su momento, acrecentó esta ofensiva y le dio una connotación más pérfida a partir del desprecio natural que mostraba el gobernante de turno por el Perú y sus habitantes. La suma de ambos procesos descalificó sin duda a la educación pública y le dio a la iniciativa privada la posibilidad de ofertar servicios en condiciones de real ventaja. El Estado perdió la iniciativa docente y ella fue ganada por consorcios empeñados en convertir la educación en un negocio lucrativo. De allí surgieron los dos grandes retos que afronta hoy el país: el carácter profundamente mercantilista de la educación, y el bajo nivel profesional y académico de los maestros. Como tenazas, estos rasgos se complementaron y dieron nacimiento a una nueva crisis. Fue ella la que explotó en las recientes semanas. Partir de la defensa de la Carrera Docente para afrontar la crisis era ciertamente una pista correcta. Pero pasaba no solo por poner fin al sistema de contratos para el magisterio, sino también por la inexcusable necesidad de sacar a concurso las plazas docentes por una razón muy simple: es mucho mayor el número de docentes que el de vacantes en el sistema educativo. Hacer resistencia a los concursos entonces no solo resultaba erróneo, sino también improductivo. Una manera de remar contra la corriente en una circunstancia en la que, por lo demás, el sentido de la corriente favorecía al país y a los maestros. Así lo entendió la opinión pública y también la mayoría de docentes que, independientemente de su actitud hacia el gobierno, optó por aceptar los concursos e inscribirse para ellos. Concursar y ganar resulta hoy para los maestros un objetivo definido y perfilado. Y una manera práctica de poner fin al humillante período de los contratos dictados por la soberbia y el capricho. Se trata entonces de buscar que estos concursos sean legítimos, transparentes y limpios, y que se hagan en las mejores condiciones para los maestros. En ese sentido apuntaron sus esfuerzos todos los que realmente quisieron ayudar a la causa del magisterio, y no cebarse en su miseria. Fue ese el consenso que alcanzó Gloria Helfer con el apoyo de Transparencia y la Defensoría del Pueblo. Como consecuencia de ese rumbo se obtuvieron sucesivos decretos que fueron perfeccionando los concursos hoy en marcha. Aunque en un comienzo eso no resultó fácil de entender para algunos, finalmente se afirmó como una salida legítima y racional al problema. Y como un camino perfectible en la perspectiva. De estos primeros concursos aflorarán lecciones que permitirán mejorar el procedimiento más adelante. Pero de ellos saldrán los docentes con una legítimidad moral y legal que les había sido injustamente arrebatada. Por eso resulta objetivamente erróneo el hecho de que la dirección nacional del Sutep haya resuelto, en la fase final del conflicto, abstenerse de participar en la Comisión Nacional de los Concursos. Su deber era ñy esñ estar allí precisamente para defender a los maestros y asegurar que los concursos sean objetivos, imparciales, transparentes y precisos. Lo demás resulta anecdótico. Los dirigentes del Sutep, esforzados pero confundidos, terminaron buscando apoyos indebidos. "Patria Roja" fue a misa. Y el cardenal Juan Luis Cipriani abandonó temporalmente el rictus fascista que lo caracteriza, y lo cambió por una sonrisa democrática que le durará muy poco, apenas hasta que los obreros de la construcción reinicien la lucha por su pliego. |
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