La Europa de los mercados

Mañana día 12 se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión para dar luz verde a la incorporación de diez nuevos países. Si la disparidad entre los Quince resulta difícil de conjugar, la Europa de los veinticinco será un amasijo heterogéneo de estados con características económicas, fiscales y sociales totalmente dispares. El salario medio en Alemania es en la actualidad casi el doble que en España (un 85% superior). Esta diferencia, que en sí misma parece bastante considerable, se convierte en insignificante cuando la comparación se realiza con Bulgaria o Rumania (casi veinte veces).

La Unión Europea se está transformando en un monstruo. Camina a pasos de gigante cuando se trata de ampliar y extenderse a nuevos territorios, pero su marcha se torna de tortuga en todo aquello que representa profundización de la Unión. Crece hacia fuera pero no hacia dentro. Al tiempo que se va a ratificar la ampliación a diez nuevos países, el Ecofin no sabe salir de la encrucijada en que está metido, las negociaciones sobre la armonización de la imposición sobre el ahorro. Hoy mismo celebra una reunión extraordinaria para convencer a Suiza de que levante, aunque sea débilmente, el secreto bancario, condición impuesta por Luxemburgo, Austria y Bélgica para no bloquear la directiva comunitaria, que debe aprobarse antes de que finalice el año.

Las dificultades con que está contando la negociación que comenzó en 1997 se hacen tanto más significativas cuando se examina el contenido de la directiva, que de ninguna manera armoniza la fiscalidad de la imposición directa, ni siquiera del ahorro, sino que pretende tan sólo reducir mínimamente el impacto de los paraísos fiscales y establecer un sistema de información intercomunitario que ponga más obstáculos al dinero negro.

Aparece también en el paquete un código de conducta. Fenómeno curioso éste de los códigos de conducta, que pululan por doquier y que se han puesto de moda. Es la forma de decir y no decir, porque lo cierto es que no obligan jurídicamente. Con este código de conducta se pretende poner coto a lo que se denominan prácticas desleales, que mediante incentivos impositivos tratan de atraer las inversiones hacia zonas concretas de un Estado. Ejemplo típico sería las diferentes formas de vacaciones fiscales del País Vasco y Navarra. El problema radica en cómo calificar de prácticas desleales a estas medidas, que sin duda lo son, y no a los propios sistemas fiscales de los países miembros que se modifican a menudo con idéntica intención, la de atraer capital con condiciones fiscales ventajosas.

Una verdadera armonización en materia de impuestos directos está muy lejos ni siquiera de plantearse; incluso la armonización de los impuestos indirectos, única materia en la que se ha dado algún paso, no parece querer completarse. Por ejemplo, la negociación de la tributación sobre hidrocarburos, que debe finalizar también en estos días, lleva camino de dejar en vigor tantas exenciones que difícilmente va a poder recibir el nombre de armonización.

Ni armonización fiscal, ni social, ni laboral -¿qué armonización laboral cabe cuando los salarios en un país son veinte veces superiores a los de otro?-, ni presupuesto comunitario, ni constitución política. En todos estos campos se marea la perdiz, sin avances sustanciales. En lo único que avanza la Unión Europea es en la anexión de nuevos mercados. Se está cumpliendo lo que muchos habíamos previsto, que Europa camina exclusivamente hacia una unión mercantil (cuanto más grandes sean los mercados, mejor) y una unión monetaria, complemento eficaz para que la integración de los mercados funcione.

Cada vez aparece más patente la falta de razón de lo que algunos, seguramente con una santa inocencia, argumentaban: que tras la unión monetaria vendría todo lo demás. Una vez conseguida la unión de los mercados y la moneda única, los intereses económicos, que en realidad son los que mueven los hilos en Europa, carecen de cualquier aliciente para ir más allá. Para ellos la situación óptima es la actual: el modelo consagra en la práctica las aspiraciones más queridas del liberalismo económico: un poder político desvertebrado y, por tanto, impotente para controlarles y reducido al papel de simple policía.