Paula Benedict de Bellot: Bolivia: Marcar «X», ¿y después qué?

Paula Benedict de Bellot
Grupo Garabatá. Proyecto Sur, Santa Cruz (Bolivia). Abril del 2002.

En junio todos tendremos que marcar "X" en las papeletas electorales y en esta ocasión -más que nunca- la marca reflejará literalmente lo que significa: al igual que el analfabeto que firma con una X, corremos el riesgo de que otros se aprovechen de la ignorancia. Ante el deterioro actual del Estado no resulta relevante por quién votará el ciudadano; en realidad podemos votar al azar, ya que en definitiva no elegimos. En las urnas sólo cuenta la acumulación de votos que definirán a los grupos que realizarán las componendas postelectorales. Durante siglos hemos jugando a ser los ciudadanos "X"; en la medida que muy escasamente hemos sido representados por "doctos" y letrados políticos, nuestra función de anonimato y de masa votante -que entrega sus derechos, y que no se ocupa de entender lo que realmente hacen las elites políticopartidarias en las gestiones de gobierno- nos ha convertido en una masa informe y falta de conocimiento que han sabido aprovechar muy bien estos señores para utilizar el poder conferido de las maneras más insólitas y más alejadas del servicio a la nación.

En una reciente entrevista televisiva, un empresario, candidato a la diputación, se refería al pueblo como un desconocedor que se deja influir por las palabras de moda, en este caso refiriéndose a la expectativa y aceptación popular que ha causado la posibilidad de convocar en algún momento a una asamblea constituyente. Puede ser cierto: el ciudadano común no sabe con exactitud lo que es una constituyente, pues los sectores que se verían afectados por iniciativas de este tipo se han encargado de mantener en la oscuridad las opciones de gobierno directo del pueblo, al igual que la información sobre el fluir del dinero de las empresas capitalizadas, las AFP, fondos de ayuda internacional, donaciones, aviones, armas, turriles, etc.

La tremenda falsedad de que cualquier información está a disposición del ciudadano que así lo solicite, se ha evidenciado en la ausencia de respuestas y evasivas para proveer información, como el caso de las respuestas obtenidas frente a las denuncias de un diputado de la nación en los últimos días. Si a un diputado se le niega el acceso a dichas fuentes, qué le puede esperar a un ciudadano que se atreviera a ser más consciente de lo que ocurre en los laberintos del desgobierno.

Lo único bueno de las crisis es que ante la escasez y el temor a que la situación se agrave (sumando las peleas electoralistas), salen a flote inesperadas informaciones que confirman la alianza entre los distintos sectores que detentan el poder o que luchan encarnizadamente por él. Lo interesante es que se confirman las sospechas de que hay muchas cosas que no funcionan bien en la administración de país, algo que resulta hasta cierto punto ininteligible para el pueblo, y no por que el pueblo sea incapaz de discernir, sino porque así lo han diseñado los "dueños" de Bolivia. Por un proceso similar están pasando nuestros vecinos argentinos; urge que la ciudadanía aprenda de su experiencia, ya que no estamos lejos de esa realidad.

Los ciudadanos "X", debemos dejar de serlo; las bases que conforman los partidos -que en definitiva son parte del pueblo-, los simpatizantes y demás ciudadanos no podemos dejar nunca más que de manera autocrática los supuestos representantes nos excluyan de la participación directa en asuntos cruciales para la sobrevivencia de la nación.

Intuitivamente, el pueblo siente afinidad por la asamblea constituyente y el referéndum, ambos expresiones de la democracia directa. Los detractores argumentarán que su costo en dinero y en tiempo son excesivos para la nación, mas debemos tener la certeza de que los gastos que se implicarían en la implementación de la democracia directa serán infinitamente modestos, en comparación a los gastos que suponen la corrupción, los negociados y derivación de fondos en direcciones opuestas a la conveniencia de los habitantes de la nación.

Pertenecer a una sigla partidaria no obliga a portar mordaza a las bases; ellas mismas son las que deben ejercer el control y la exigencia para que las gestiones de gobierno respondan a los intereses de la mayoría de la cual forman parte junto con todos los demás ciudadanos. En vista de la realidad nacional, somos todos los ciudadanos los que debemos actuar como superintendentes, como directores o síndicos, en la medida en que la mayoría de los asignados oficialmente a tales funciones no gozan de independencia de pensamiento, ni ejercen un compromiso cabal y transparente con su pueblo.

"Los mecanismos de la democracia directa favorecen un tipo de gobierno más cercano a la ciudadanía. Obligan a los representantes a responder siempre a las demandas populares, no solamente en los momentos electorales. Los dirigentes se ven en la necesidad de tomar en consideración el pulso de la opinión pública antes de tomar decisiones." (Jean-François Aubert)