El petróleo venezolano, clave en la geopolítica de Estados Unidos

El Plan Nacional de Energía (PNE) presentado por el presidente Bush el 17 de mayo de 2001 establece un incremento del 50 por ciento en el consumo de petróleo proveniente del extranjero. Michael T. Klare, catedrático estadunidense especialista en seguridad mundial, advierte que para asegurar esa meta, el gobierno estadunidense tendrá que entrometerse en los asuntos políticos, económicos y militares de los países proveedores, una injerencia que podría adoptar un cariz diplomático, financiero y hasta bélico. Países productores en Medio Oriente, Asia, África y América Latina tienen sobre sí una amenaza a su soberanía. Tal es el caso en esta última región de México, Venezuela y Colombia.

En un artículo titulado "Petropolítica global", Klare desentraña en plan energético de Bush. Al anunciar el PNE, el presidente de Estados Unidos sostuvo que "los objetivos de esta estrategia son claros: asegurar una oferta continua y económica accesible a los hogares, empresas e industrias estadunidenses".

El mandatario señaló que la seguridad nacional y el bienestar económico del país peligran si las reservas de energía no aumentan. En consecuencia, propuso dos caminos: extraer petróleo del Refugio Nacional Ártico de la Vida Silvestre, una reserva ecológica, y relajar las normas gubernamentales sobre el mejoramiento de la infraestructura energética. Evidentemente, ambas propuestas suscitaron contreversias. Los ambientalistas se oponen a tocar el Refugio Ártico ya que temen que ocurran daños ecológicos y se considera que el relajamiento es un regalo a las poderosas industrias petoleras, muchas de las cuales dieron jugosas contribuciones a la campaña eñectoral de Bush. Pero otra cuestión que ha escapado a la atención del público estadunidense es que el Plan implica una mayor dependencia de las importaciones de hidrocarburos.

Estados Unidos tiene amplias reservas de carburantes: Según el Departamento de Energía, durante 2000 se produjeron 72 mil 800 billones de unidades térmicas británicas (btu, por sus siglas en inglés), lo que representó 73 por ciento del consumo nacional. No obstante, estas cantidades serán insuficientes para garantizar el suministro en el futuro, aún contando con la explotación del Refugio Ártico, y el aumento del consumo del carbón y de la energía nuclear, medidas que en 20 años proporcionarían un extra de 18 mil millones de btu. El problema radica en que la demanda de energía crece más rápido que la oferta, por lo que Washington se verá obligado a importar el faltante.

Esta situación es especialmente grave en el caso del petróleo, vital para mantener en funcinamiento el transporte terrestre y aéreo y que representa el 35 por ciento del consumo total de energía. Actualmente, el país importa el 53 por ciento de sus necesidades en este rubro y se espera que la cifra aumente al 62 por ciento en 2020, lo que significa elevar el consumo de crudo importado en un 50 por ciento, es decir que se pasaría de 24 millones 400 mil barriles diarios de petróleo a 37 millones 100 mil. La administración Bush no ha tenido reparos en calificar esta dependencia de amenaza a la seguridad nacional. "Si seguimos el curso actual de aquí a 20 años Estados Unidos importará casi dos de cada tres barriles de petróleo, y dependerá cada vez más de potencias extranjeras que no siempre toman en cuenta los intereses estadunidenses", dice el PNE. Aunque las autoridades planean hechar mano de toda de fuente de energía, como la solar y la eólica, ponen el énfasis en asegurar las importaciones, que representarán un gasto de 25 mil millones de dólares hasta el 2020 suponiendo que los precios se mantengan en un nivel moderado. Y ello sin contar con las necesidades de gas natural, que implican un gasto similar.

El Plan sostiene que para garantizar el suministro del exterior, las empresas estadunidenses tendrán que trabajar hombro con hombro junto a los productores foráneos para aumentar la producción anual.

Pero dado que muchos de esos países están ubicados en zonas conflictivas, el gobierno tendrá que proporcionar seguridad, incluso con el despliegue de tropas. Esta circunstancia afectará profundamente la política exterior, que ahora buscará impedir a toda costa que guerras, revoluciones y conflictos internos de diversa índole perjudiquen el suministro.

En ese contexto, América Latina, tanto por su cercanía geográfica como por sus reservas energéticas, es una de las regiones del mundo que estará bajo el ojo vigilante de Washington. Actualmente, Venezuela es el tercer provedor de Estados Unidos, México, el cuarto y Colombia, el séptimo. Como sostuvo el secretario de Energía, Spencer Abraham, "el presidente Bush reconoce no sólo la necesidad de un incremento en el suministro de energía, sino también el papel crucial que tendrá el hemisferio en la política energética del gobierno".

Parte de la estrategia de Bush consiste en establecer con los productores latinoamericanos un marco de cooperación mutua en la generación de energía. "Nos proponemos subrayar el enorme potencial de una mayor cooperación regional energética en el futuro. Nuestro objetivo es construir relaciones entre nuestros vecinos que contribuyan a nuestra seguridad energética compartida, que conduzcan a un acceso adecuado, confiable, ambientalmente sano y costeable a la energía", reveló Abraham durante la quinta Conferencia Ministerial de Iniciativa Energética, realizada en México el 8 de marzo de 2001.

Esos vecinos mencionados por el secretario son México, Venezuela y, en menor medida, Colombia. "Sus grandes reservas básicas, aproximadamente 25 por ciento mayores que nuestras reservas probadas, hacen de México una fuente probable de producción petrolera incrementada en la próxima década", asevera el PNE. En cuanto a Venezuela, este país cuenta con grandes reservas de crudo convencional, así como del llamado crudo pesado, que requiere de refinación. "El éxito logrado por Venezuela en volver comercialmente redituables sus depósitos de petróleo pesado sugiere que contribuirá en forma sustancial a la diversidad de la oferta global de energía, y a nuestra propia mezcla de abastecimiento energético a mediano o largo plazo", se lee en el Plan.

Pero el PNE no toma en cuenta que tanto México como Venezuela han protegido su sector energético poniéndolo bajo control estatal y con salvaguardas constitucionales y legales que limitan seriamente la participación extranjera en la producción nacional. Así, es problable que esos gobiernos se resistan a admitir la inversión estadunidense y a aumentar su producción de manera drástica.

Por tanto, el PNE hace un llamado a las autoridades para que presionen a los Estados mexicano y venezolano en el sentido de eliminar barreras al capital proveniente de Estados Unidos. Se espera que esa tendencia marque las relaciones bilaterales. En cuanto a Colombia, Washington desea incrementar las importaciones que vienen de ese país, pero su intención se ve obstaculizada por la acción de las guerrillas locales, que suelen atacar la infraestructura energética, con voladuras de oleoductos por ejemplo. Esta situación hace pensar a los analistas que el gobierno estadunidense aprovechará la lucha contra el narcotráfico, en el marco del Plan Colombia, para apoyar a las fuerzas armadas colombianas en el combate contra la subversión. El cálculo de los artífices de Washington es que si disminuye la actividad rebelde, aumentará la producción petrolera. En consecuencia, el PNE deja entrever una época de presiones e injerencias de Estados Unidos en América Latina.

Todo para asegurar que la primera potencia del mundo conserve su actual ritmo de crecimiento económico y su primacía política en el planeta.