Javier Diez Canseco: Perú: El reto de la Transición: Nunca más un 5 de abril

El autogolpe del 5 de abril del 92 se planificó con muchísima anticipación. Desde el 89, la sensación de parálisis y caos producto de la corrupción, la hiperinflación y el terrorismo alimentó los planes golpistas. En el "Plan Omega", convertido luego en el Libro Verde, las FFAA planteaban: primero, eliminar la democracia por inútil, para sustituirla por un régimen autoritario (varias zonas ya estaban bajo control militar), y, segundo, implementar una reforma neoliberal al amparo de la dictadura.

Fujimori, poco antes de ser electo, recibió la asesoría del núcleo del SIN y luego, el golpista logró incorporarlo en sus filas después de alojarlo en el Centro Militar. Este núcleo fue responsable de planificar los sucesivos enfrentamientos entre poderes durante el 91, y de encabezar una campaña para deslegitimar, debilitar, y socavar a los incómodos Legislativo y Judicial. ¿Su objetivo? Preparar el ánimo ciudadano para aceptar el autogolpe.

Luego de "disolver" el precario Estado de Derecho (legado del gobierno de García), se impuso un gobierno de dudosa legalidad, de falta de respeto a la Constitución, de Decretos de Urgencia o Decretos Supremos Secretos (que favorecieron a determinados monopolios), de asesinatos sistemáticos, de violación a los derechos humanos, de abuso de poder, de espionaje telefónico, de falta de libertad de expresión y de exiliados políticos.

El golpe fue instrumental a la aplanadora neoliberal que se impondría luego y que empezaría por las privatizaciones. Para colmo, en el proceso privatizador se produjeron graves hechos de corrupción. Subvaluaciones, privilegios tributarios, compromisos de inversión no penalizados por su incumplimiento, y hasta "privatizadores", que luego aparecieron empleados en las nuevas empresas privadas recién constituidas. Ese fue el caso de AeroPerú.

Debido a la presión de la opinión pública y de la comunidad internacional, el gobierno de Fujimori convoca a elecciones para el Congreso Constituyente (CCD). En el 93, el CCD promulga una nueva constitución luego de un referéndum fraudulento. La nueva Carta Magna legalizaba el autoritarismo en una magnitud sin precedentes históricos, al concentrar poderes y recursos en el poder ejecutivo. También despojaba al poder legislativo de varias de sus atribuciones. Sancionaba la "intervención" del poder judicial, e incluso le restaba atribuciones a la Contraloría, disminuyendo su control sobre el gasto público. A ello, sumaba la eliminación de numerosos derechos económicos y sociales, y una voluntad centralista evidente.

Gracias a la captura de Abimael Guzmán, la derrota de Sendero y la victoria sobre la hiperinflación, el gobierno dictatorial sale nuevamente elegido en 1995. Su segundo gobierno, desde el inicio, puso de manifiesto sus intenciones por perpetuarse en el poder. Recordemos la denominada Ley de Interpretación Auténtica, que preparó el camino para que Fujimori postule por tercera vez. Ley que provocó una gran batalla política. Incluso a algunos -como los magistrados del Tribunal Constitucional que se opusieron a la ley- les costó el puesto. El Congreso de la Infamia, a pesar de más de un millón y medio de firmas ciudadanas que exigían un referéndum sobre el tema, impidió que la ciudadanía exprese su voluntad en una justa electoral.

Para entonces, la corrupción ya estaba institucionalizada. La mafia infiltraba el Ministerio de Economía y el poder económico. Tenía como único fin favorecer intereses privados a través de medidas políticas. Así se dieron DS que permitieron enormes ventajas tributarias para algunos pocos. Pero, sin duda, el colmo de la corrupción fueron las compras militares. En efecto, el conflicto del Cenepa fue sólo un pretexto para que en tres años se lleve a cabo la mayor compra de material bélico de nuestra historia.

A partir de la cobarde huida de Fujimori y Montesinos, luego de la difusión del escandaloso video Kouri Montesinos, hemos iniciado el largo camino hacia la transición democrática. En él debemos instaurar la democracia representativa y participativa, como el sistema de gobierno que finalmente se consolide en el Perú. Asimismo, es necesario reformar la orientación de nuestra política económica. Más de la mitad de peruanos viven en situación de pobreza y con expectativas aún no satisfechas. Paralelamente, las grandes empresas -en su mayoría extranjeras- casi no tributan. Y tenemos un Estado incapaz de garantizar y promover los derechos básicos de la población.

No puede haber transición democrática real si no desentrañamos las raíces de los intereses que estuvieron detrás del golpe. Si no somos claros en la evaluación de lo que pasó, nuestro rechazo al golpe será superficial. El problema de la dictadura no fue sólo de modales democráticos sino también de la confluencia de tres poderes: la cúpula militar, el poder económico nacional y el extranjero. El capitalismo y neoliberalismo salvaje que se pretende continuar con las privatizaciones de las empresas públicas regionales significan beneficios para algunos pocos, así como centralismo y perjuicios para muchos. La centralización de los recursos que ha marchado a contracorriente de lo que el país necesita y ha tenido detrás el usufructo del Estado para beneficio de unos pocos en perjuicio de la gran mayoría también debe ser desterrada.

La nueva Carta Magna debe apuntar a democratizar el régimen político, a promover la participación ciudadana, la descentralización, la reactivación potencial del mercado interno, y a promover la justicia social y redistribuir los ingresos con mayor equidad. Asimismo, debe restituirse a los trabajadores despedidos en la oleada de privatizaciones y deben restablecerse los derechos expropiados de los pensionistas y trabajadores.

Superar el abismo social que detiene nuestro camino hacia la consolidación democrática exige reformar el Estado para liberarlo del autoritarismo, abrirlo a la participación popular y lograr la justicia necesaria para que la ciudadanía vuelva a confiar en su clase política y compruebe que sí es posible vivir en un país mejor.