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La insignia
7 de abril del 2002


Bush aprieta a Latinoamérica: La jugada contra Cuba


Arnaldo Pérez Guerra


Se intensifican las presiones sobre el gobierno de Lagos para que vote contra Cuba en la próxima Asamblea de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra. Al enérgico llamado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN) le ha salido al paso las intensas gestiones de la Democracia Cristiana (DC), encabezados por el senador Jorge Pizarro y los diputados Edgardo Riveros, Cristián Pareto y Jaime Jiménez, quienes incluso se reunieron con disidentes cubanos hace algunas semanas. También el gobernante Partido Por la Democracia (PPD) se ha sumado a las presiones. El lobby lo preside Gutemberg Martínez (DC) -presidente de la Organización Demócrata Cristiana de las Américas (ODCA)-, el esposo de la canciller Soledad Alvear.

El presidente de la UDI, Pablo Longueira, desvergonzadamente acusa al Gobierno de "mantener una posición ambigua en materia de derechos humanos". Su oscuro pasado durante la dictadura de Pinochet desenmascara su hipocresía. No merece siquiera que le contesten.

No pocos parlamentarios de la Concertación (DC y PPD), a raíz de la captura de los ex militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en Sao Paulo, Brasil, han vinculado ambos temas con la idea de condenar a Cuba.

Sebastián Piñera, presidente de RN, señaló que Chile "debe aceptar la solicitud realizada por EE.UU. para que nuestro país patrocine la acusación".

Según el gobierno, aún no existe un pronunciamiento oficial respecto de si Chile patrocinará el voto de condena contra Cuba. Soledad Alvear y el propio Lagos han señalado que no se puede adelantar un pronunciamiento admitiendo que la situación de los derechos humanos en Cuba "no es satisfactoria".

La presión desde EE.UU. no ha sido menor. El nuevo embajador estadounidense en Santiago, William Brownfield, afirmó que su país "no condicionará la firma del Tratado de Libre Comercio con Chile a un voto condenatorio contra Cuba". Nadie le creyó, ni siquiera la prensa oficial. "El nuevo embajador en Santiago hace gestiones para obtener una condena chilena a cambio de la suscripción del TLC", fue el análisis de todos los periódicos. Para nadie es un misterio que las relaciones con EE.UU. se manejen de esa manera.

La postura de Ricardo Lagos, hasta ahora, ha sido ambigua. Hace unas semanas señaló que la votación se ha convertido en "un rito sin efecto práctico". Fuentes del gobierno afirman que la intención del gobierno es abstenerse, pero aún no hay nada claro. El propio Brownfield fue despejó las dudas: Mientras decía que el TLC no tiene nada que ver con la eventual condena contra Cuba, recordó que "prevé que el acuerdo sea firmado en dos meses más", y en su visita a la canciller Alvear apenas había presentado las cartas credenciales, formalizó su mandato de "evitar que el gobierno chileno e abstenga de condenar a Cuba en la ONU".

La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha condenado en 11 ocasiones a Cuba, desde 1990, por "violar los derechos humanos". Sólo en 1998, la solicitud fue rechazada.

El año pasado, la resolución fue presentada por la República Checa. Los argumentos señalan que Cuba "deniega a sus ciudadanos derechos fundamentales, civiles y políticos", encarcela aún por "razones políticas a disidentes y a quienes critican al régimen", además de "malos tratos a prisioneros", entre otras. Los informes de Amnistía Internacional y HRW documentan cada año violaciones a los derechos humanos cometidas en Cuba y en casi todos los países del mundo, y que no se diferencian de las que sufren la inmensa mayoría de los pueblos latinoamericanos. La estrategia del EE.UU. es que "países representativos" de América Latina encabecen la presentación contra Cuba. Chile, Argentina, México y Perú son gravitantes y pueden inclinar la balanza en uno u otro lado. Hasta ahora sólo Argentina ha comprometido su voto contra Cuba.

Las presiones sobre México quedaron en evidencia luego del retiro del comandante Fidel Castro de la Cumbre de Monterrey. Sólo días antes de partir a México para participar en la Cumbre, George W. Bush, acusó a Cuba de ser "el único régimen no democrático" en América Latina.

Durante la Cumbre, Ricardo Lagos y el presidente mexicano Vicente Fox, se reunieron para concordar precisamente una actitud común en Ginebra. El periódico The Washington Times reconoció que la visita de Bush a Perú y El Salvador tenía como uno de sus objetivos "comprometer el voto de condena contra Cuba".

La actitud del gobierno norteamericano contrasta con la petición de varios miembros de su Cámara de Representantes que han solicitado el fin del bloqueo que lleva 40 años y de las restricciones de viaje y comercio contra Cuba, entre ellos el legislador republicano Jeff Flake y el demócrata William Delahunt.

La imposición en el Departamento de Estado de EE.UU. de Otto Reich como nuevo Secretario Adjunto para América Latina es una clara jugada contra Cuba y la soberanía de los pueblos latinoamericanos.

El periódico Granma de Cuba acusa a EE.UU. de ejercer "brutales presiones" sobre algunos gobiernos: "Las gestiones norteamericanas para condenar a Cuba en Ginebra vienen involucrando a importantes funcionarios de la actual Administración Republicana. Ello ha incluido ya gestiones en Nueva York y Ginebra, cartas y llamadas telefónicas". A ello se agrega la visita del propio Bush y la "quimera" del TLC, que puede hacer caer a Chile en la "jugada anticubana".


Otto Reich, el mafioso

Otto Reich es el nuevo Secretario Adjunto para América Latina del Departamento de Estado de EE.UU. Un siniestro personaje vinculado al terrorismo e impuesto en las esferas del gobierno como un representante de los intereses de la extrema derecha norteamericana. Se le indica, además, como uno de los mejores aliados de la "mafia anticubana" y partícipe del escándalo Irán-Contras.

Cómplice de tráfico de drogas y protector de terroristas cubanos como Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, también es un impulsor de la Ley Helms-Burton y la carrera armamentista en Latinoamérica. Su designación fue repudiada por numerosos políticos y personalidades en el propio EE.UU. y Latinoamérica. La administración estadounidense lo impuso aprovechando el receso congresional. Reich está estrechamente vinculado a la CIA y, entre 1981-1983, trabajó para el gobierno de Reagan como administrador asistente de la Agencia de EE.UU. Desarrollo Internacional (USAID), fachada utilizada por la CIA y terroristas cubanos. Reagan lo nombró en 1983 como Consejero Especial para Diplomacia Pública del Secretario de Estado.

Participó en la red de narcotráfico y terrorismo que apoyaba a la contra nicaragüense, recaudando y canalizando dineros hacia cuentas de bancos, principalmente en Islas Caimán y el Banco Lake Resources de Suiza. Sus operaciones fueron develadas cuando estalló el escándalo Irán-Contras y lo investigó el Congreso norteamericano. Su permanencia en Washington era incómoda y Reagan lo nombró embajador en Venezuela entre 1986 y 1989.

Regresó a EE.UU. y se dedicó a hacer lobby para promover legislaciones favorables a los intereses de grandes compañías norteamericanas, apoyando acciones anticubanas desde el Congreso. Como "recompensa" fue nombrado Embajador alterno de EE.UU. en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra.

Oscar Arias, ex presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, escribió en Los Angeles Times, que el nombramiento de Reich sería "un retroceso real para la cooperación hemisférica", y que el hecho de que hubiera sido cómplice de la campaña -como cabildero de la Lockheed Martín- para vender aviones F-16 a Chile, terminando con ello con la política norteamericana de oponerse a la venta de sistemas de armamento avanzado a Latinoamérica, le hacían sentir "muy intranquilo acerca de cuáles serían los propósitos que se cumplirían con su potencial liderazgo en nuestro hemisferio".



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