Crisis en Argentina: Revista de prensa: El año verde El año verde

Luego de dos días de pánico, el gobierno del senador Eduardo Duhalde ganó un respiro el miércoles y el jueves. La sucesión de feriados naturales lo prolongará hasta pasado mañana martes. La cotización del dólar, que había llegado a los cuatro pesos, retrocedió a 2,85 y el titular del Poder Ejecutivo volvió a aflojarse la mordaza que le ciñe el ministro de Economía, para anunciar que aguardaba nuevas bajas hasta el nivel del real brasileño, es decir cincuenta centavos menos que el cierre de la última semana. Pero igual que en el último año de la presidencia de Raúl Alfonsín, la contención parcial y transitoria de la escalada se logró al costo de la colocación de letras del Tesoro a tasas demasiado próximas al cien por ciento anual. Esto implica aniquilar cualquier posibilidad de crédito para la inversión productiva, ya que no hay ningún negocio legal y pocos ilegales que ofrezcan una rentabilidad comparable. El tironeo entre medidas recesivas e inflacionarias castiga a dos puntas a los sectores más débiles, destruye puestos de trabajo y deprecia los ingresos de quienes aún conservan el suyo. En esas condiciones, lo único que Duhalde podría festejar el 9 de julio es haber llegado a esa fecha al frente del gobierno.

Maniobra de pinzas

Pese al revés sufrido en Monterrey, Duhalde insiste en la fórmula del ajuste permanente y subordina todas sus decisiones al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que, sin embargo, reitera su absoluta falta de apuro por socorrerlo. Por si quedara alguna duda, su vocero oficial Thomas Dawson desmintió las expectativas atizadas por los incontinentes verbales del gobierno argentino sobre el reinicio de las negociaciones para esta semana. La misión sólo ayudará a identificar los problemas, rectificó Dawson. Las negociaciones recién podrían iniciarse, "si las cosas van bien", hacia fines del mes próximo. Y suministrar alguna asistencia que exceda lo imprescindible para el repago a los propios organismos financieros internacionales el año verde, dada la política de correr las metas cada vez que parecen a punto de cumplirse. Hasta ahora, los emisarios ni siquiera han comenzado a hablar de las negociaciones con los acreedores externos, por ejemplo, cuya incidencia en las posiciones del Fondo y del gobierno de los Estados Unidos no requiere demostración.

El FMI está practicando con la Argentina una maniobra de pinzas. Exige el cumplimiento de un duro pliego de exigencias, que incluye tanto decisiones políticas (la derogación de un artículo del Código Penal que eriza a los banqueros, la enmienda de la ley de quiebras) como económicas (la reducción del déficit fiscal, sobre todo en las provincias, el retiro de circulación en todo el país de los billetes del Estanciero). Pero mientras tanto, la dureza en las declaraciones de sus máximos funcionarios y la ausencia de cualquier alivio presionan sobre el mercado de cambios y disparan un proceso inflacionario que ajusta de facto todos los presupuestos. Por las buenas o por las malas el resultado será el mismo, es el mensaje implícito. Alguna razón que escapa a la razón impide al gobierno leer indicios tan claros y lo hace confiar en la inminencia de un entendimiento. Tanto que durante las reuniones del feriado largo en el Polideportivo de Olivos, Duhalde reabrió a discusión el ya anunciado incremento de las retenciones al comercio exterior. El debate abierto es entre quienes sugieren un porcentual fijo y aquellos que se inclinan por un mecanismo autoajustable o nivel gatillo (a partir del cual cualquier incremento en la cotización del dólar iría al fisco y no al exportador). Pero entretanto, medran aquellos que se oponen a cualquier aumento. Hace apenas tres semanas el presidente de la Sociedad Rural, Enrique Crotto anunció sin parpadear que si el nivel de las retenciones llegaba al 25 por ciento "prendemos fuego a todo".

El principal interés de Duhalde es anunciar con más ruido que nueces un programa asistencial. Aunque cueste creerlo, dedicó más tiempo y atención a la campaña publicitaria con que lo lanzará que al plan mismo. Sus lineamientos generales consisten en la utilización de grandes palabras: salario de inclusión social, asignación universal, redistribución directa de ingresos de los que más a los que menos tienen, seguro de empleo y formación. Pero los fondos previstos no exceden de los mil millones de dólares que ya estaban contemplados en el presupuesto 2002 antes de la devaluación. Sólo que ahora en pesos suenan más suculentos. Los 50 dólares al mes que dice que entregará a las cabezas de familia sin empleo, según mecanismos que aún no están definidos, sobre padrones inexistentes y sorteando las pugnas salvajes entre la Nación, las provincias y los municipios, son la contracara ineludible de sus opciones económicas ortodoxas y apenas una migaja de la fabulosa redistribución de ingresos que su gobierno ya ejecutó en la dirección contraria.

Apunten contra los jueces

Ante su impotencia para controlar el dólar, el gobierno eligió a los jueces como blanco. Los magistrados que conceden recursos de amparo contra el secuestro de los depósitos bancarios establecido hace cuatro meses y agravado hace tres, ponen al sistema financiero al borde del colapso y conspiran contra el interés general, afirman los abogados del ministerio de Economía en el recurso presentado ante la Corte Suprema de Justicia la semana pasada. El Ejecutivo desea que la Corte se apodere de todos los expedientes y expropie la capacidad de decisión a los jueces de todo el país. Traducida por los servicios de informaciones, esta interpretación devino en una disparata acusación contra la honestidad de los jueces. Sin prueba alguna los voceros oficiosos adujeron que estaban cobrando por conceder los amparos.

La Corte sostuvo el 1O de febrero en el caso Smith que ni siquiera una medida de emergencia podía conculcar el derecho de propiedad. Desde entonces jueces y cámaras federales del interior están concediendo los recursos que les llegan, con argumentos difícilmente refutables. La Cámara Federal de Bahía Blanca, por ejemplo, sostuvo que no es responsable por la política económica del país sino por los derechos individuales de los ciudadanos que acuden a su jurisdicción. Pero las causas de mayor significación económica están en la Capital Federal, donde la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal no ha repetido el fallo Smith y ha delegado en la primera instancia las soluciones de cada caso.

Sólo 10 por ciento

Esta deserción de la segunda instancia ha producido una confusa situación en la primera, donde los juzgados del fuero sostienen tres posiciones distintas. El juez Osvaldo Guglielmino rechaza todas las medidas cautelares, invocando el interés general, luego de una consulta con el Banco Central, que le respondió que los bancos no tienen el dinero suficiente para devolverlo a sus clientes. Su colega, Martín Silva Garretón las concede todas, sobre la base de los derechos individuales afectados, lo cual lo ha convertido en el ídolo de los ahorristas defraudados. El resto de los doce jueces del fuero analizan cada caso según sus merecimientos. Por ejemplo, al Colegio Público de Abogados de la Capital le concedieron la devolución de sus depósitos en dólares, pero no más de un 10 por ciento al mes. A los ahorristas menores suelen concederles la devolución inmediata de la mitad de sus depósitos. La idea de que el goteo que por esa vía escapa del corralito pudiera ser responsable de la disparada del dólar no resiste el análisis y es una clara elusión de responsabilidades por parte de las autoridades económicas. Estimaciones de distinto origen lo explican. Según datos del propio Poder Judicial, sólo el 10 por ciento del millón ochocientos mil ciudadanos acorralados presentó amparos en defensa de su propiedad. Una encuesta realizada por IBOPE la semana pasada indicó que sólo el 10 por ciento de quienes hacían cola frente a bancos y casas de cambio para comprar dólares llevaban pesos extraídos del corralito por vía judicial. La coincidencia de ambas estimaciones sugiere su confiabilidad. Pero además, la inversión de la tendencia del mercado entre el martes y el miércoles de la última semana termina por refutar la pretensión oficial.

Aunque los jueces siguieron fallando del mismo modo, la tendencia alcista se revirtió por completo. Lo que cambió fue la política oficial hacia los bancos, que tomaban redescuentos del Banco Central para comprar dólares, y hacia los exportadores, que no liquidaban sus operaciones a pesar de la obligación legal de hacerlo.

El mismo efecto sin híper En febrero el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires relevó a casi 600 empresas, cuando el dólar se cotizaba a dos pesos. Las conclusiones que con esos datos elaboró el Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano, dirigido por Matías Kulfas indican que el efecto de la devaluación sobre los precios fue potenciado por la enorme concentración económica producida durante la década de la convertibilidad. Esto produjo importantes dificultades de abastecimiento, fuertes incrementos de precios y endurecimiento de las condiciones de pago y contratación.

"Las empresas monopólicas u oligopólicas (grandes grupos económicos locales y empresas transnacionales) fijan precios y condiciones de manera independiente a la alteración real de sus estructuras de costos, incrementando precios incluso en productos cuyo componente importado es nulo o muy reducido", afirma el estudio. Esto se aprecia en el gráfico que se publica en esta página e implica una redistribución regresiva del ingreso, desde los sectores asalariados (que ven reducido el poder adquisitivo de sus ingresos) y las pequeñas y medianas empresas (que deben pagar precios más altos y en peores condiciones de contratación por los insumos y materiales que necesitan) hacia grandes grupos económicos y empresas transnacionales. El estudio abunda en ejemplos: Acindar y Siderar (del conglomerado italiano Techint) cobraban sus ventas en dólares billete contra culata del camión y ya habían aumentado sus precios hasta el 60 por ciento; Pasa Petroquímica cobraba el etileno según el precio internacional y Molinos Río de la Plata el jamón cocido con un aumento del 80 por ciento (ambas empresas pertenecen al grupo Pérez Companc); Bayer había incrementado 100 por ciento el precio del cloro y Dow Chemical (que controla el polo petroquímico Bahía Blanca) 80 por ciento el del polietileno. El precio del cuero había aumentado hasta el 110 por ciento y la mayor parte de la producción fue adquirida por el grupo Yoma para exportación. En estas condiciones y con una débil legislación en defensa de la competencia, el gobierno tiene pocos recursos para controlar la disparada de los precios. Para colmo, Duhalde designó en Defensa del Consumidor al lobbysta de los laboratorios medicinales, Pablo Challú, quien en un encuentro con las asociaciones de consumidores dijo impávido que los medicamentos no estaban dentro de su competencia.

Cuando Alfonsín renunció a la presidencia durante la primera hiperinflación, el 47 por ciento de la población de la Capital y el conurbano bonaerense había caído por debajo de la línea estadística de la pobreza. En octubre de 2001, antes del corralito y la devaluación, estaban en esa angustiosa posición el 35,6 por ciento. No sería necesaria una nueva hiperinflación para volver a los niveles de 1989. Bastaría con que el crecimiento del Indice de Precios al Consumidor del año fuera del 50 por ciento, algo más de lo incluido por el Poder Ejecutivo en la ley de presupuesto pero bastante menos de lo que prevén consultores de distintas tendencias. Un IPC del 50 por ciento significa en realidad un incremento del 75 por ciento para los sectores más pobres, dada la gran incidencia de los alimentos en sus consumos. Un golpe adicional se producirá cuando también las tarifas de los servicios públicos comiencen a actualizarse, cosa que hasta ahora la táctica dilatoria del gobierno ha conseguido impedir.

Asoman los carapintada

Sobre este cuadro angustioso se montan todas las operaciones imaginables. El gobernador bonaerense Felipe Solá señaló a los carapintada como responsables de los robos y saqueos en distintos puntos del conurbano. Desde hace un mes los informes de distintas fuentes que llegan a su despacho señalan la visita a los barrios de hombres de edad y clase media, bien vestidos, que llegan en camionetas importadas con tracción en las cuatro ruedas y piden reunirse con los punteros, las organizaciones locales y los pibes de la zona. Su lenguaje no es el de la izquierda. Se presentan como patriotas nacionalistas, postulan el fin de los políticos, proponen saquear alimentos. Su acción sicológica anuncia un Día D para hoy, domingo 31. En las últimas dos semanas los informes se multiplicaron y en los últimos días comenzaron a producirse algunos de los hechos anunciados. El jueves, Duhalde dijo que no piensa aplicar mano dura a los sectores más débiles de la sociedad, a quienes hay que ofrecer soluciones. Esta encomiable actitud entra en colisión con la dureza de su política económica, de transferencia de ingresos hacia el capital más concentrado.

La devaluación del peso también ha abaratado los costos argentinos medidos en dólares. El ingreso medio del país, que antes del 1O de enero era de 506 dólares mensuales ha caído ahora a menos de 170. En la misma proporción se han desinflado los ingresos de los asalariados formales, con ingresos blancos (de 735 a 245 dólares) y de los precarios, con ingresos en negro (de 334 a 111). Esto ha implicado además una dramática reubicación de la Argentina en el ranking latinoamericano. El año pasado lo encabezaba, ahora ha caído al décimo puesto. En la misma proporción ha crecido el atractivo de algunos activos locales, que podrán ser comprados a precios de liquidación, ya sea por las empresas transnacionales cuya economía se expresa en dólares como por los grupos locales que tienen activos en el exterior por decenas de miles de millones de dólares.

Por seis medialunas

En la década de 1990, mientras se remataba a precio vil el capital social acumulado por generaciones de argentinos en las empresas públicas, un detenido tomó un sandwich del escritorio de una secretaria del tribunal donde lo habían llevado y se lo comió. El juez no tuvo mejor idea que abrirle un segundo proceso. El caso se conoció como "El pebete federal", por el pan del sandwich y el fuero donde ocurrió. La repercusión pública indujo al juez al sentido común y la causa se cerró sin más consecuencias que el ridículo para sus protagonistas, que se ganaron un lugar en los libros de derecho. En abril de 2001, no por un pebete federal sino por seis medialunas provinciales, Emilio Alí fue condenado a cinco años y medio de prisión. Alí no se comió las medialunas robadas y ni siquiera hay pruebas serias de su vinculación con ellas. No obstante ya lleva un año y medio en prisión, condenado por los delitos de coacción agravada y extorsión, mientras la desocupación supera todos los registros históricos, la distribución de alimentos pasa a ser un tema político central y la devaluación y la pesificación de deudas implica una fabulosa transferencia de ingresos en favor del capital más concentrado. Se estima que hay en el país unos 3000 procesados por participar en protestas sociales.

Con la mayor solemnidad el fiscal general de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, firmó una declaración aduciendo que Alí no era un preso social, y lo repitió en reportajes para la televisión. Según el fiscal, Alí y otras personas amenazaron a un comerciante para que retirara una denuncia por robo. Lo que omitió es que el presunto robo había sido de seis medialunas y que no está probado que Alí tuviera algo que ver. La semana pasada, el abogado de Alí, Juan Carlos Capurro, presentó un memorial a la Cámara de Casación, que en los próximos días deberá decidir el caso. Según la acusación, recogida por los jueces del Tribunal en lo Criminal NO 2 de Mar del Plata en su sentencia, Alí habría amenazado al comerciante Teddy Vázquez Oyola para que "retirara la denuncia" de robo contra un joven vecino de su barrio. Otro detalle que falta es que Vázquez Oyola no había formulado denuncia alguna, por lo que el propósito "supuestamente perseguido por el imputado y los vecinos era de imposible realización, lo mismo hubiera sido que lo obligaran a volar", dice la apelación. Las amenazas no serían entonces calificadas, sino simples y en ese caso les cabría la larga jurisprudencia de tribunales de todo el país: no constituyen delito si fueron "proferidas irreflexivamente al calor de un altercado verbal, en un arrebato de ira, que no tiene idoneidad para amedrentar". Ni siquiera está demostrado que Alí haya sido autor de las amenazas, que sólo fueron escuchadas por la esposa del comerciante. "Los demás no lo mencionan. No escucharon sus dichos, o supieron del hecho por comentarios posteriores de Vázquez Oyola. Esto lo remarca el propio tribunal en la sentencia."

El otro hecho por el que Alí fue condenado ocurrió el 5 de mayo de 2000 en el supermercado Casa Tía. Para sus defensores es imposible sostener que un grupo de cuarenta a sesenta personas, en su mayoría mujeres, ancianos y niños, que no portaban armas ni elementos contundentes sino carteles, pueda ser considerado una amenaza en un local comercial "que cuenta con dispositivos de seguridad, alarmas, personal de seguridad privado y auxilio policial inmediato". Todos los testigos coinciden en que la supuesta amenaza no estaba dirigida a la integridad física del personal del mercado sino "sobre los comestibles que había en el establecimiento" y que debido al "operativo policial montado dentro del local, dispuesto a resistir el avance de los manifestantes, tal acción era de imposible realización". Lo relevante es que no se produjo ningún saqueo y los manifestantes se limitaron a pedir, con mayor o menor firmeza, que se les entregaran alimentos no perecederos y de extrema necesidad para la supervivencia del grupo. El gerente nunca perdió el control del local, llamó por teléfono tres veces a la casa central en Buenos Aires y por orden de sus superiores entregó las bolsas con comida.

Para la defensa, Alí puede ampararse en el estado de necesidad como causa de justificación y de disculpa. Entre la propiedad y la vida, no cabe duda acerca de cuál es el bien jurídico superior, afirma el memorial. Ese estado de necesidad fue reconocido incluso por la Cámara de Supermercados de Mar del Plata, cuyo gerente declaró que entre sus actividades "está la de distribuir alimentos a la gente necesitada". Los supermercados de la Cámara "organizan bocas de expendio y cada empresa tenía asignada una cantidad de bolsas de alimentos". Los defensores dicen que esto implica el reconocimiento del estado de necesidad y la habitualidad de la entrega de alimentos. "Por lo tanto el ir a buscarlos y reclamarlos era y es una conducta socialmente admitida", que no constituye delito. El acto de pedir comida, "con mayor o menor vehemencia, escapa al ámbito de protección de la norma penal. El hambriento, el desamparado, no está en condiciones de violar la norma penal, no puede coaccionar, ni extorsionar, pidiendo ayuda". Mientras el Procurador General Eduardo Matías de la Cruz, quien se dice discípulo de Arturo Jauretche, ha prometido que no se opondrá a la liberación de Alí, dos fiscales de ejecución penal de La Plata, Marcelo Romero y Maribel Furnus, que dependen de él, denunciaron por delitos contra la seguridad de los medios de comunicación y transporte a las personas que hace diez días cortaron el Camino Centenario en demanda, precisamente, de la libertad de Alí.