Wilfredo Ardito Vega: Perú: «Chachajaua sinti nuwitu»

En una comisaría de Huancané, una mujer repite esta frase, sin que los policías la logren comprender. Sólo la miran con el mismo desconcierto que quizás siente el lector, porque no entienden el aymara.

Como la mayoría de países del mundo, desde España hasta la India y desde Ecuador hasta Suiza, el Perú es un país plurilingüe, pero los hispanohablantes lo olvidamos con frecuencia. En nuestro territorio viven casi 8 millones de personas que hablan quechua en sus distintas variedades, medio millón de hablantes de aymara, cincuenta mil aguarunas, aproximadamente el mismo número de asháninkas y unos cien mil hablantes de otras lenguas amazónicas.

La mayoría de estas personas son bilingües, pero aproximadamente dos millones no hablan ni entienden castellano. Se trata en su mayor parte de habitantes de las zonas rurales de Ayacucho, Huancavelica, Puno y las provincias altas del Cuzco, aunque muchos han migrado a las ciudades, empujados por la violencia o la pobreza. La mayoría son mujeres, tradicionalmente marginadas de la educación.

Lamentablemente, el resto de la sociedad y el estado suelen comportarse como si esta población no existiera. En ninguna dependencia estatal hay un solo intérprete oficial de idiomas nativos (pero sí hay de inglés, coreano o ucraniano). Ninguna norma es traducida a estos idiomas, ni siquiera aquellas específicas para el mundo rural, como las referentes a comunidades o rondas campesinas.

La situación es más dramática cuando alguien que sólo habla quechua, aguaruna o machiguenga se ve envuelto en un proceso judicial, sea como procesado o como víctima. En muchos casos, los magistrados asumen que sabe castellano, simplemente porque puede contestar algunas preguntas básicas, como su nombre y su edad. En las zonas andinas, además, muchas personas ocultan a las autoridades que ignoran el castellano, porque temen que los traten con menosprecio si lo descubren... y la verdad es que esto es lo más probable.

En muchos casos, es posible que una persona sea detenida, juzgada y condenada, sin que siquiera comprenda la razón. En los pocos lugares donde existen Defensores de Oficio, no es requisito para ejercer el cargo hablar los idiomas locales y esto genera en las personas procesadas una total indefensión. A esto se une la perversa práctica seguida en algunas comisarías del Sur Andino, en que muchas veces se detiene a un familiar del supuesto responsable, para presionarlo a que se entregue. Es trágico, pero todos los involucrados, incluyendo el familiar que permanece en calidad de rehén, creen que la policía tiene atribuciones para este tipo de detenciones.

De otro lado, en el caso de las víctimas, éstas ni siquiera cuentan con el apoyo de un Defensor de Oficio. Muchas veces, no comprenden al abogado que han contratado y deben buscar que otra persona les explique en qué esta el proceso.

En el caso de los nativos amazónicos, normalmente dependen de sus parientes, por cuanto es muy difícil que dentro del tribunal se conozca de otra persona que pueda realizar una traducción. Sin embargo, tampoco este familiar suele manejar adecuadamente el castellano. Además, ¿qué sucedería si la persona que pretende traducir tiene un interés determinado en el problema que se ventila? ¿Cómo garantizar la necesaria neutralidad? Una situación similar se produce en Ica y otros lugares donde han llegado desplazados por razones de la violencia. Los jóvenes han aprendido castellano, pero muchas personas mayores sólo hablan quechua.

En algunas cortes y tribunales, se solicita la intervención de un empleado con formación jurídica, que maneja el quechua. Sin embargo, esto no siempre garantiza que se pueda trasladar a los idiomas indígenas distinciones tan complejas como dolo, premeditación o negligencia, de lo cual muchas veces depende la condena de una persona. De hecho, suelen confundirse términos como venganza y justicia, respeto y miedo, violencia y fuerza.

La realidad es que no se ha producido aún en el Perú una reflexión seria sobre los términos jurídicos en idiomas nativos, como si ha ocurrido en otras ramas de estudio. En la Universidad de San Marcos existe un curso de Quechua Médico y el conocimiento del quechua eleva el puntaje de los residentes. Se asume que el médico encontrará muchos pacientes que sólo se expresan en quechua. Sin embargo, no se ha pensado que un abogado, un juez o un policía se encuentran con frecuencia en una circunstancia similar.

Por otro lado, aún cuando la traducción es correcta, normalmente está orientada a que el magistrado conozca lo que declara el procesado, no a que éste comprenda el desarrollo del proceso. Ni las declaraciones de las demás partes del proceso, ni las intervenciones del fiscal o el defensor son traducidas al procesado o a la víctima, quienes contemplan el juicio totalmente inermes. Por lo tanto, desde el punto de vista de las garantías procesales, muchas condenas, inclusive a personas culpables, simplemente serían nulas.

Sin embargo, este problema podría comenzar a resolverse empleando los propios recursos humanos de las mencionadas instituciones: los magistrados, fiscales o policías que manejen quechua o aymara deberían ser asignados a las áreas donde estos idiomas se hablan. Por ejemplo, en Puno los policías de habla aymara deberían ser destacados a Juli o Ilave, y si hablan quechua a Ayaviri o Sandia. Parece bastante lógico, pero hasta ahora el momento, sólo algunas Cortes Superiores como Ayacucho, han tomado medidas similares con sus integrantes. No existe una política lingüística a nivel de la Policía Nacional, el Ministerio Público o el Poder Judicial. En cuanto a cargos como el defensor de oficio, en los distritos judiciales del Sur Andino, debería ser obligatorio que fuera ejercido por abogados que hablen ambos idiomas.

En los tribunales de donde no sea posible contar con un magistrado bilingüe, debería señalarse la plaza de traductor legal, a la cual no debería postular cualquier persona que maneje ambos idiomas, sino aquellos con un conocimiento especial de la legislación, de preferencia abogados o bachilleres. Una especial atención debería darse a los idiomas amazónicos.

Finalmente, los policías y demás funcionarios estatales que sean destacados a zonas donde el castellano no es la lengua predominante, deberían recibir una capacitación básica en el idioma. Esto para nada es descabellado, aunque para muchos peruanos todavía decir algunas palabras en aguaruna o quechua implica descender en la escala social.

Nos guste o no, uno de cada diez peruanos no puede expresarse en castellano y el Estado no puede seguir de espaldas a esta realidad. Es posible que la expansión de la educación y de los medios de comunicación incrementen el uso del castellano en las próximas décadas, pero para miles de personas no es posible esperar. Sean mujeres víctimas de violencia familiar o necesitadas de entablar un proceso de alimentos, sean personas acusadas o víctimas de diferentes delitos, su derecho a la justicia es una prioridad y el idioma no puede continuar siendo una barrera para poder ejercerlo.