19 de marzo del 2008

Uruguay: Con María Narducci, inspectora general de Trabajo

«Trabajamos con el ánimo
de que las cosas funcionen»

Sirel / La Insignia. Uruguay, marzo del 2008.

Fue inspectora de Trabajo durante casi 20 años, y también militante y dirigente de su gremio. En el año 2005, el gobierno de Tabaré Vázquez realizó cambios profundos en el Ministerio de Trabajo, a cuyo frente se nombró a Eduardo Bonomi. María Narducci llegó a su cargo de la mano de una trayectoria limpia y de una notable idoneidad. Sirel conversó con ella sobre el camino andado y el horizonte posible.

-¿Desde cuándo existe la Inspección de Trabajo?

-El primer antecedente es de 1915, cuando se aprobó la ley de ocho horas en el Parlamento. En ese mismo texto se creó un "cuerpo de inspectores" con el cometido, entre otras cosas, de verificar la aplicación de esa ley. Luego hubo otros crecimientos institucionales en las décadas del 60 y del 70, cuando el país se otorga los instrumentos básicos de la normativa laboral.

-¿Cuáles son las normas que rigen la tarea de la Inspección de Trabajo?

-El Convenio internacional para Inspección de Trabajo en Industria, Comercio y Servicios es el 81, y el referido al ámbito rural es el 129. Ambos convenios internacionales fueron ratificados y posteriormente reglamentados en Uruguay por el decreto 680 de 1977. En ese marco, el inspector de Trabajo está habilitado a ingresar sin autorización y a cualquier hora del día a un lugar donde razonablemente presuma que pueden haber trabajadores ocupados, y también a clausurar instalaciones cuando estime que hay riesgo de vida inminente para los trabajadores. Su obligación es, luego, informar a su jerarca que es el Inspector General de Trabajo.

En este momento estamos trabajando para modificar el proceso administrativo que se sigue una vez que la inspección constató infracciones laborales, con la meta de acortar el tiempo que transcurre entre el hallazgo de la infracción y la comunicación a la empresa de las medidas a implementar para solucionar el problema. Creemos que hay varios pasos administrativos que pueden ser reducidos, ya que en la actualidad en promedio los procedimientos insumen seis meses. Cuando se está hablando, por ejemplo, de situaciones como el impago de salarios o de personal que no ha podido gozar su licencia, seis meses es demasiado tiempo.

-¿Cuál era la situación de la Inspección General en 2005, cuando usted asumió el cargo?

-Como una vieja casa que nunca tuvo mantenimiento; sobreviviendo gracias a la voluntad de un puñado de funcionarios y con el mínimo esfuerzo de las autoridades institucionales. Cuando asumió el actual Ministro, Eduardo Bonomi, y definió una nueva política en la que se comenzó a convocar a los Consejos de Salarios, hubo que modificar de manera importante la estructura para poder acompañar estas instancias que se abrían en las relaciones laborales. De lo contrario, tendríamos Consejos de Salarios que resolvían nuevas pautas, pero luego no iba a ser sencillo que todo el mundo las cumpliera. Aún tenemos muchas dificultades, pero estamos trabajando duramente para lograr ese fortalecimiento.

-¿Cómo se alcanzará esa fortaleza? ¿Qué avance se ha logrado y qué falta?

-Muy rápidamente, ya en 2005, identificamos la necesidad de prepararnos para el Presupuesto quinquenal que empezaría a regir el 1 de enero de 2006. Lo hicimos planteando un conjunto de medidas como el ingreso de 33 nuevos inspectores, lo que significaba un incremento del 25 por ciento del cuerpo inspectivo, el ingreso de más abogados para que la estructura creciera armónicamente y de personal especializado que pudiera asesorar a la Inspección como un ingeniero químico, un estadígrafo para sistematizar la información disponible y transformarla en insumos para la elaboración de políticas concretas. Por otra parte, solicitamos 25 nuevos funcionarios administrativos para tener capacidad de procesar adecuadamente el volumen de trabajo que sobrevendría. Este último aspecto no fue contemplado en el Presupuesto y aún lo tenemos en el debe. También planteamos otorgar la exclusividad a los inspectores que desde 1992 tenían la posibilidad de acumular un segundo empleo. Personalmente había luchado desde el gremio por ese cambio, y después, del otro lado del mostrador, tuve la oportunidad de concretar esa aspiración. Ahora, desde marzo de 2007, todos los inspectores tienen un salario acorde a la exclusividad, tienen tiempo para capacitarse, para estudiar y perfeccionarse. Los que se ubican en el principio del escalafón perciben un salario de aproximadamente 2.000 dólares mensuales, y sólo tienen permitido ejercer la docencia ya sea en el ámbito público o privado. Tienen prohibido cualquier tipo de vinculación con empresas.

-¿Ya están en funciones los nuevos inspectores?

-Finalmente, el próximo 1 de abril ingresarán formalmente al servicio los 33 nuevos inspectores seleccionados, y todos irán al sector de Seguridad y Salud Laboral, donde apenas teníamos 30 inspectores. Quiere decir que estamos más que duplicando la atención a este rubro. También se han producido cambios notorios en otros eslabones de la Inspección, ya que el abandono histórico en el que estuvo el organismo había provocado desánimo entre algunos funcionarios, una pérdida del ritmo de trabajo y confusión con respecto a las responsabilidades del servicio público. Este es un aspecto muy importante en el que estamos trabajando a fondo.

-¿Se ha aumentado el presupuesto del organismo?

-El Ministerio de Trabajo no recibió una partida presupuestal muy diferente de la que se le asignaba anteriormente, pero se apostó a la redistribución de ese dinero, y así se pudo mejorar sustancialmente la presencia de la Inspección en el interior del país. Hay recursos para viáticos de los inspectores, ya que pasamos de una caja chica de mil dólares mensuales para viáticos de choferes e inspectores a disponer de casi 14 mil dólares mensuales. Los gastos de combustible se adjudican a otro rubro. Teníamos sólo dos vehículos, y ahora tenemos ocho con sus respectivos choferes. Desgraciadamente se trata de vehículos que todavía no son los adecuados para las inspecciones en el ámbito rural, ya que son 4x2, pero esperamos solucionar algunos aspectos burocráticos para poder licitar vehículos 4x4.

Estos aspectos materiales y de recursos humanos son en los que hemos podido avanzar más. También estamos terminando de elaborar protocolos para que el procedimiento de la inspección sea sistemático, lo que aporta seguridad y confiabilidad a la intervención. Por ejemplo, antes los inspectores no hablaban con los sindicatos, simplemente se presentaban con la empresa pero no tenían ninguna directiva de que lo hicieran también con los sindicatos. Ahora la tienen, y al llegar a la empresa deben comunicar su presencia al sindicato y recibir de los delegados, si fuera el caso, la información adecuada para realizar una visita que responda no sólo al objetivo básico de la inspección, sino también en los aspectos relativos al relacionamiento laboral para que esto sea reflejado en la información que elabora el inspector.

-¿Se está trabajando para ampliar y mejorar la normativa laboral?

-Estamos participando en un ámbito tripartito que se creó a esos efectos porque tenemos vacíos legales en materia laboral. Para mencionar las acciones más importantes, señalaría la reglamentación del Convenio Internacional 155 que establece las políticas nacionales en Seguridad y Salud Laboral, especialmente la instrumentación de ámbitos de trabajo en cada empresa, pública o privada, sobre este tema. Nuestra propuesta en ese ámbito fue la creación de las Comisiones de Seguridad y los Delegados Obreros por empresa, elegidos por los trabajadores. Esa propuesta no fue aceptada por los empleadores, por lo que resultó promulgada directamente por el Poder Ejecutivo. El decreto, además, creó las Comisiones Nacionales Tripartitas Sectoriales de Seguridad y Salud Laboral que reunirá al sindicato de rama, la Cámara correspondiente al sector y la Inspección de Trabajo para definir la política sectorial en la materia. Quiere decir que hay nuevas normas, promoción de políticas de seguridad y salud, capacitación de los trabajadores, etcétera.

El escalón de mayor jerarquía es el Consejo Nacional en Seguridad y Salud, que fue creado por la ex ministra Analía Piñeyrúa en 1996 pero que nunca promulgó una sola norma por consenso de partes. Ahora le hemos dado a ese Consejo Nacional una integración con los principales responsables de los organismos que intervienen en la materia como la presidencia de la Cámara de Industria y la de Comercio, los coordinadores del área de la central de trabajadores, el Ministro de Trabajo, el Ministro de Salud Pública, el presidente del Banco de Previsión Social y el presidente del Banco de Seguros del Estado. Junto a este organismo de primera importancia, trabajaremos los directores nacionales de estas áreas produciendo los insumos que este Consejo deberá consensuar para promover la Seguridad y la Salud Laboral en el país. El Consejo se reunirá por primera vez este mes. Será una reunión abierta, pública, porque pretendemos marcar la importancia que se le otorga al organismo, ya que el tema demanda un esfuerzo grande y sostenido para avanzar como es necesario.

También se promulgó, igualmente sin consenso con el sector empresarial, la limitación a 25 kilos el peso de los bultos que un trabajador puede cargar a repetición, ya que habitualmente trabajan con pesos de 50 kilos, lo que provoca una serie de enfermedades esqueléticas y musculares graves. Esto obliga a ciertos cambios en algunas industrias como la del cemento portland, los molinos, los ingenios, entre otros. Sabemos que esas adaptaciones pueden no ser fáciles, por lo que estamos dando plazos adecuados para que se puedan efectuar. Esta medida está vigente en los aeropuertos, y creo que Uruguay es uno de los primeros países en disponer oficialmente esta limitación de la carga. Ahora, debemos tratar de que el MERCOSUR la revalide.

-¿Cómo reaccionan los empresarios y los trabajadores ante estos cambios? -Ingresé a la Inspección de Trabajo en 1987, y nunca había tenido la oportunidad de trabajar en tantos ámbitos tripartitos como ahora, y en los que sí existían quizás no había la conciencia de que se debían abordar los temas con un compromiso real. Creo que ahora hay responsabilidad y preocupación al mismo tiempo. Los empleadores temen que la Seguridad y Salud Laboral, y los nuevos ámbitos que se crearon, les provoquen mayores problemas en las relaciones laborales. Los trabajadores, por su parte, viven este proceso de manera positiva, al punto de que hace pocos días, el responsable de la Comisión de Seguridad Laboral, Salud y Medio Ambiente del PIT-CNT, Walter Migliónico, anunció que estudian crear su propia "policía laboral" para colaborar con la Inspección y la aplicación del Convenio 291. Creo que ambas partes sienten que se está trabajando con el ánimo de que las cosas funcionen, y no para redactar normas en ámbitos que dialogan pero no concretan cambios reales.

Quiero destacar que entre esos ámbitos existe la Comisión que está reglamentando el Convenio 184 de Seguridad y Salud Laboral en el ámbito rural, que lleva más de un año de trabajo con presencia de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA), el PIT-CNT, la Asociación Rural, la Federación Rural, los Productores Lecheros. Hay un trabajo muy serio que va permitiendo alcanzar acuerdos. Pretendemos tener esto finalizado antes de que termine el primer semestre de 2008 para salir al medio rural con el respaldo legal necesario. La disposición sobre la Comisión de Seguridad y el Delegado Obrero que mencionamos antes alcanzan a los trabajadores rurales, y queremos apoyar a los integrantes de las Cámaras empresariales para que puedan incidir positivamente entre sus miembros. Muchas veces falta información o capacitación a ese nivel.

De las más de 20 mil inspecciones que hicimos en 2007, en más del 87 por ciento constatamos algún tipo de violación a la normativa laboral. Se dispusieron más de 500 clausuras preventivas parciales y totales por riesgo inminente para la vida de los trabajadores. Esto da la pauta de cuáles son las condiciones reales sobre las que tenemos que trabajar para promover cambios y mejorar estos datos. En quienes representan a los sectores en esos ámbitos existe compromiso, y también conciencia de que se está trabajando en serio.