20 de febrero del 2008

Reflexiones peruanas

Un camino irracional

Wilfredo Ardito Vega
La Insignia. Perú, febrero del 2008.

Hace varios años, visitaba el Instituto Pedagógico de Pucallpa cuando un obrero pasó a mi lado con una carretilla con cemento. "Es un alumno empujando su tesis", precisó resignada la profesora que me acompañaba.

Los egresados tenían la posibilidad de titularse si hacían alguna contribución tangible a la infraestructura del instituto, como levantar parte del cerco del perímetro. Algunos realizaban una tesis conjunta: entre varios construían un aula, y quienes tenían recursos simplemente pagaban a un albañil para que levantara su parte.

Con estos antecedentes, es comprensible que el Ministerio de Educación busque mejorar el nivel de los profesores estatales mediante medidas como contratar a quienes estaban en el tercio superior de su promoción. Muchos postulantes, respaldados por la mayoría de los presidentes regionales han rechazado lo que consideran una flagrante discriminación. Conviene aclarar, sin embargo, que no todo trato diferenciado o preferencial es discriminatorio.

No es discriminatorio, por ejemplo, disponer becas o cobros reducidos para estudiantes con menos ingresos. Tampoco lo es atender de manera preferente a una persona anciana o con alguna discapacidad. En las agencias del Banco de Crédito, por ejemplo, existe una silla amarilla reservada para que estas personas se sienten y sean vistas más fácilmente por los cajeros. En estos casos, se trata simplemente de compensar una desventaja.

En lo referente al empleo, no son discriminatorios los requisitos vinculados concretamente a la actividad a desempeñar, como licencia de conducir o experiencia previa. Afortunadamente, en los últimos años vienen desapareciendo expresiones como "buena presencia" de las ofertas de empleo, aunque subsisten otras como la edad o la universidad de origen.

En principio, por lo tanto, no sería discriminatorio que el Ministerio de Educación solicite a los profesores pertenecer al tercio superior, porque exigir una determinada capacidad intelectual es un requisito objetivo y la referencia al tercio debería ser una de las formas en que se puede comprobar. Pero al formular dicho requisito, el Ministerio demuestra mas bien su grave desconocimiento de la realidad, porque en muchos institutos pedagógicos de escasa calidad, es posible que en ese tercio superior estén personas muy poco preparadas o que obtuvieron su título haciendo de albañiles. No es la primera vez que en el sector de la educación se promulgan normas que hacen caso omiso de las diferencias culturales o geográficas: el año pasado, el examen único de admisión para los institutos pedagógicos afectó gravemente a las instituciones que promueven la educación bilingüe.

Por desgracia, lejos de aceptar un mecanismo más objetivo de evaluación que el tercio superior, el Ministerio de Educación se enfrascó en un conflicto totalmente innecesario y desgastante con las autoridades regionales. De manera similar, el gobierno ha defendido sus proyectos de privatizar las tierras amazónicas y otorgar en concesión los monumentos históricos, que tampoco fueron consultados previamente con los gobiernos regionales ni, menos aún, con la población que se siente afectada.

Las reacciones de ministros, congresistas oficialistas y del propio presidente García han ido desde amenazar con prisión a quienes "se rebelen", hasta tildar de "perros del hortelano", individuos "encabritados", "manipulados" o "comunistas que creíamos enterrados" a quienes están convencidos de que sólo defienden sus derechos. Esta arrogancia termina provocando mayor irritación, porque refleja el estilo tradicional de gobernar el Perú: dando por sentado que los funcionarios de Lima tienen toda la razón, simplemente porque están en Lima. Pareciera que en el resto del país no viven ciudadanos con derechos y opiniones, sino seres que deben obedecer de forma pasiva... como las llamas y vicuñas a que aludía el actual ministro de Defensa, Antero Flores Araoz.

Resulta reveladora la frecuencia con que políticos y periodistas limeños califican a sus compatriotas como "irracionales". Entretanto, nadie piensa en tildar de irracionales a quienes provocaron estos conflictos, sea los funcionarios del Ministerio de Educación o el congresista Carlos Bruce, quien promovió la ley sobre la concesión de monumentos históricos. En este caso, podría pensarse que Bruce tenía inclusive intereses personales, porque él ya obtiene ingresos por el uso comercial de uno de estos monumentos (su restaurante Chala en Barranco). Sin embargo, hay adjetivos que sólo se dirigen a quienes viven en determinados lugares del país.

Algunos amigos arequipeños me confiesan que participaron en las protestas del año 2002 aunque respaldaban la venta de las empresas eléctricas. Fueron los insultos y la prepotencia de los ministros Rospigliosi y Olivera los que generaron tanto rechazo de la población. Existe entonces un problema de respeto a los ciudadanos que no ha sido adecuadamente valorado.

Cada vez más, los peruanos del interior del país demuestran que no quieren ser tratados como ciudadanos de segunda categoría. El gobierno tiene la ocasión de demostrar que los escucha y de recuperar la confianza perdida. Insistir con un estilo arrogante y desdeñoso sería, eso sí, un camino irracional de consecuencias lamentables.