26 de febrero del 2008
La discriminación es un fenómeno generalizado en el Perú: racial, sexista, laboral, religiosa, de explotación de los niños y maltrato a los ancianos. A lo que se añade que esos segmentos de la población son los que reciben la peor educación, sufren el ultraje del poder judicial (y carcelario) y se someten a los servicios de salud más deficientes, si es que reciben alguno. En su gran mayoría, la exclusión recae sobre los más pobres de forma brutal y perfectamente transparente, por lo que podría evitarse si existieran la voluntad política (lo que ya es mucho pedir) y las instituciones indispensables (que es un proceso de largo plazo).
Sin embargo, existe una modalidad peculiar de discriminación que acompaña a las mencionadas pero se procesa de una manera bastante más sutil, porque los castiga a través de la aparentemente impersonal inflación. La forma más tradicional de plantear el asunto consiste en señalar que la inflación es dañina para los pobres porque no tienen cómo defenderse frente a ella, sea porque no están sindicalizados o no tienen trabajo o están jubilados o, peor aún, porque no poseen activos que les permitan sostener sus ingresos reales en procesos de alta inflación.
Esa visión es, sin duda, correcta. Pero hay otra forma aún más refinada de discriminación a través del sistema de precios, lo que puede suceder a partir del impacto indirecto de la inflación por su localización geográfica y por su ubicación en la pirámide de ingresos. Estas últimas, derivadas de los aumentos asimétricos de los precios básicos de la economía, son las que trataremos a continuación, a fin de demostrar que hasta los precios discriminan a los pobres.
A principios de año, el gobierno nos informó de que la inflación "del Perú" fue del 3,9% en 2007, lo que sus voceros volvieron a festejar como un triunfo más de la actual gestión económica. Por más que haya rebasado el límite superior (3%) de la meta de inflación fijada por el Banco Central para el año pasado, trataron de consolarnos aduciendo que era la más baja del continente, lo que es bien cierto si exceptuamos los casos de EEUU (2,5%), Ecuador (3,3%) y México (3,8%) (2), aparte de Canadá.
La cuestión es que ese guarismo no refleja realmente el aumento de los precios del país, ya que mide exclusivamente la "inflación de Lima-Metropolitana". Pero eso tampoco sería problemático si esos aumentos ponderados de los precios de la capital equivaliesen aproximadamente al promedio nacional. Sin embargo, si revisamos las cifras de las otras 24 ciudades para las que se dispone de datos sobre el aumento anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), nos daremos con la sorpresa que la inflación limeña fue la más baja de las principales ciudades. Incluso hay cuatro urbes que sobrepasan el 8% anual y la gran mayoría se encuentra entre el 5% y el 7%.
Esto resulta extremamente preocupante y podría explicar parte importante de las movilizaciones sociales reiteradas que se dan en el 'interior' del país. Téngase presente que el rubro más sensible de la canasta de los consumidores, el de 'Alimentos y bebidas dentro del hogar', aumentó en 8,9% a nivel nacional, destacando entre su componentes 'pan y cereales' (19,9%), 'grasas y aceites comestibles' (15,6%), 'leguminosas y derivados' (13,9%), 'frutas' (13,6%), así como 'leche, quesos y huevos' (13,3%), entre los más delicados. Sin duda, parte importante de tales aumentos es atribuible a la inflación importada (que se aceleró de 0,3% en 2006 a 10,5% en 2007), lo que explica gran parte de los sustanciales incrementos de los precios de los insumos, tanto los de los combustibles (petróleo), como los de aquellos necesarios para producir alimentos (trigo, maíz, aceite de soya, leche en polvo).
De manera que lo más adecuado sería aproximarnos a un cálculo de la tasa de inflación "del Perú" sobre la base de los datos pertinentes que disponemos de las principales ciudades. Con lo que nos acercaríamos bastante más a una medida ideal, aunque solo se refiera al Perú urbano (y, más específicamente, de las capitales de departamento, más Chimbote), lo que excluye a quienes viven en ciudades intermedias, pueblos, aldeas, villorrios, caseríos, comunidades y demás. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEI) ha realizado el cálculo referido (lo hace desde 2002), llegando a la conclusión que el aumento ponderado del nivel general de precios de las 25 ciudades encuestadas -Lima incluida- fue del 4,9% en 2007. De manera que la inflación 'nacional' rebasa en un punto porcentual a la de la metrópoli y en casi dos puntos porcentuales la frontera superior de la meta inflacionaria fijada por el Banco Central (3).
Precisando cifras y tomando los datos más recientes del INEI, referidos a la inflación anual enero-2008/enero-2007 de las principales capitales, nos indican que el proceso de inflación podría estar entrando en una espiral ascendente, lo que viene reforzado por el reciente aumento abrupto de las expectativas de inflación (4).
En tal sentido, si nos limitamos a las ciudades que han sufrido las tasas más elevadas de inflación, tal como figuran en la tabla siguiente, observaremos que se trata también de aquellas capitales de los Departamentos que, además de estar entre los más pobres del país, gozan de las más vastas riquezas naturales. Son las que han logrado el crecimiento económico más acelerado de los últimos años, comenzando con el auge espectacular de los sectores de construcción y comercio, pero sobre todo como consecuencia de las actividades mineras de exportación minera que albergan los Andes (marcadas con negrita en la tabla) o por tratarse de zonas costeñas de bonanza agroexportadora (5).
Aunque los trabajadores que están directamente involucrados en la minería han visto incrementarse sustancialmente sus remuneraciones (y el monto que reciben por su participación en las utilidades de las empresas) más allá de la inflación, los demás agentes económicos que se ubican en su entorno, así como los trabajadores no calificados que laboran en la actividad agroexportadora, habrán visto reducidos sus salarios reales. Todo ello es atribuíble a los precios de su canasta familiar, que aumentaron por encima y hasta en mucho más allá del 6% (7). Y es que, si bien en esas zonas ha aumentado el empleo no calificado, no lo han hecho también sus remuneraciones (la oferta es casi perfectamente elástica) y los pocos que sí las han visto aumentar, perdieron en términos reales por las altas tasas de inflación que consignáramos arriba.
Con lo que -cierto que es una atrevida hipótesis- las relativamente elevadas y crecientes tasas de inflación 'provinciales' se deberían al aumento de la masa de ingresos acumulada por el aumento del empleo que resultó del crecimiento económico, más que del alza de las remuneraciones reales por habitante. Porque, dado que la demanda de trabajo ha crecido mucho más de lo que han disminuido los salarios reales, los mercados regionales seguramente se han expandido aceleradamente, pero casi exclusivamente por el aumento de la oferta de trabajo (casi) perfectamente elástica, más que por el poder de compra de la remuneración por trabajador. Por lo demás, la espectacular expansión del crédito debe haber contribuido también a esa coyuntura expansiva.
Desde otra perspectiva también es posible detectar la cólera con la que los precios pueden ensañarse contra los pobres en determinadas circunstancias. En un estudio reciente, Eduardo Morón y Edgar Salgado (8) calculan la inflación de Lima y de las capitales de departamento segmentando la población en deciles de gasto, en el que no solo incluyen lo que se gastó en base a su ingreso corriente, sino "cualquier forma de pago (o financiamiento) para el consumo de cada bien; esto es, pago en especie, autoconsumo, transferencias públicas o privadas y la categoría no sabe".
Los datos los han recogido de las Encuestas Nacionales de Hogares (ENAHO), construyendo la canasta de consumo de cada 10% de la población en cuestión en base al promedio del periodo 2004-2006, diferenciando las que corresponden a las de Lima Metropolitana de las del resto del país. Desde ahí obtienen también la inflación nacional. Sus resultados se despliegan en la tabla II (9).
Como se puede observar, una vez más se presentan diferencias abismales en las tasas de inflación por deciles. Considerando solo los extremos de las distribuciones de gasto, el 10% inferior (el más pobre) afronta una inflación que es superior en 30% a la de los de mayores ingresos (10). En Lima la inflación resultó ser casi un punto porcentual superior en el estrato bajo (1) que en el más alto (10), mientras que en las 'demás ciudades' la diferencia llega a alcanzar los dos puntos porcentuales más, en promedio. Resultados verdaderamente sorprendentes, tanto que merecieron muy justificadamente la primera plana del diario El Comercio el sábado pasado.
En síntesis, se observa que los estratos pobres -específicamente a lo largo del periodo 2006/2007- sufrieron los mayores niveles de inflación, afectados por dos problemas. De un lado, por sus bajos ingresos, que sesgan sus patrones de consumo hacia los bienes esenciales (v.gr. alimentos), que son los que más aumentaron de precio en ese bienio. De otra parte, también se vieron perjudicados por su localización geográfica en ciudades del interior, donde el costo de vida subió bastante más que en Lima, básicamente por la reactivación económica de las regiones (por el lado de la demanda) y donde efectivamente aumentó el empleo agregado, pero no las remuneraciones reales de cada trabajador.
Y, aunque no lo hemos analizado aquí, este efecto redistributivo que ejerce la inflación también se ha dado en el país porque las remuneraciones nominales por trabajador han aumentado menos que los aumentos generales de precios. Por lo que no debería sorprendernos que, a partir de este año, la puja por aumentos salariales también contribuya a acelerar la aún débil espiral inflacionaria por el lado de costos.
Usted dirá que la inflación en el Perú es tan baja que no debería preocupar demasiado a pesar de estarse acelerando, en parte por las propias expectativas de mayores alzas. Pero, si se considera que los ingresos nominales prácticamente no han aumentado, su impacto puede ser sustancial, sobre todo por los elevados niveles de pobreza (oficialmente, más del 40%) y de pobreza extrema (extraoficialmente, en torno al 20%) que prevalecen y que, en el mejor de los casos, apenas permiten asegurar un nivel mínimo de subsistencia.
Lo interesante del asunto es que esos datos y el carácter innatamente discriminador de la inflación, nos permiten entender hasta cierto punto las recientes movilizaciones sociales en esas regiones, que vienen explotando por motivos aparentemente irrelevantes y que interesadamente, para liberarse de responsabilidades, son atribuidas por el gobierno a elementos 'sediciosos' (11). En nuestra opinión, buena parte de la insatisfacción y la frustración 'provincianas' provienen de las alzas de precios, especialmente las de los alimentos; ciertamente agravadas por el deterioro de los salarios reales, las pésimas condiciones de trabajo (para quienes lo consiguen), las precarias políticas sociales y la distribución extremamente desigual del ingreso y los activos.