25 de abril del 2008

Reflexiones peruanas

En caso de duda, que los encierren

Wilfredo Ardito Vega
La Insignia. Perú, abril del 2008.

"¿Y si me matan a mí? ¿Y si matan a alguien de mi familia?" Esos eran los terribles temores que asaltaban a los limeños allá por 1992, cuando la capital estaba asediada por coches bomba y los "paros armados" ordenados por los senderistas. Mientras esto sucedía, el régimen de Fujimori encarcelaba a miles de personas acusándolas injustamente por terrorismo. En procesos sumarios, con jueces sin rostro, eran condenadas a penas elevadísimas. Quienes trabajaban en las cárceles sabían que se trataba de personas inocentes, que eran hostilizadas por los verdaderos senderistas.

Sin embargo, para la mayoría de los ciudadanos, el miedo había sido tan grande que era preferible tener un inocente preso que arriesgarse a que un posible terrorista saliera en libertad. Dieciséis años después, esa misma actitud se repite frente a Carmen Azparrent, Melissa Patiño y las otras cinco personas detenidas en Aguas Verdes.

La señora Azparrent conoce la violencia de cerca, porque su propio padre, Fermín Azparrent, fue asesinado por los senderistas en 1989, cuando era alcalde de Ayacucho. Ella vivía en Huancayo, con su esposo y sus dos hijos, la menor de los cuales cumplió quince años hace dos semanas, mientras ella estaba presa en el penal de Chorrillos. A fines de febrero, Carmen Azparrent viajó a Quito para una reunión de la llamada Coordinadora Bolivariana que se llevó a cabo en la Universidad Politécnica, administrada por la congregación salesiana, y en la Casa de la Cultura de Quito. A ella le interesaba porque se iba a discutir la problemática de medio ambiente, cuestión que afecta gravemente al valle del Mantaro.

Durante el viaje de regreso, la señora Azparrent se dirigió a Machala para averiguar sobre las operaciones gratuitas a la vista que allí se realizaban; sin embargo, los hospitales de la zona estaban concentrados en atender a las víctimas de las fuertes inundaciones y decidió regresar al Perú. Al llegar a Tumbes, llamó al celular de otra huancaína, la señora Socorro Gabriel, que también había acudido a la reunión de Quito, para ver si podían regresar juntas. Socorro le contestó diciendo, entre sollozos, que la habían detenido por terrorismo con otros cinco participantes en el evento. La llamada se cortó y, desesperada, la señora Azparrent decidió buscar a su amiga en las comisarías de Tumbes, para llevarle agua y comida. Al no hallarla en Tumbes, decidió dirigirse hasta Aguas Verdes, donde efectivamente, se encontraban los detenidos... y a ella también la detuvieron. Es curioso que se pueda considerar terrorista a quien por voluntad propia acude a una comisaría.

Al día siguiente, la policía señaló que había detenido a siete terroristas que pretendían atentar contra las cumbres internacionales. La única prueba era la participación en la reunión de Quito y, francamente, resulta poco creíble la existencia de una red de terrorismo internacional que recluta mujeres de avanzada edad y enfermas (la señora Azparrent padece de lupus y la señora Gabriel y otra detenida sufren de cáncer). En el caso de Melissa Patiño, la única detenida joven, centenares de artistas e intelectuales sostienen su inocencia.

Pero como sucedió en los años noventa, muchas personas que supieron la noticia experimentaron una vaga sensación de alivio y, a pesar de la ausencia de pruebas, no les incomoda mucho que se prolongue la detención. En el penal de Chorrillos, además, se ha colocado a las seis mujeres bajo el mismo régimen estricto que se aplica a las terroristas más avezadas... aunque ni siquiera han sido juzgadas ni mucho menos sentenciadas.

Sólo cuando las personas se distancian de sus temores, comienzan a percibir lo evidente: la detención en Aguas Verdes se debe a la creciente intolerancia del gobierno y a que éste pretendía, a la vez, mostrar su eficacia e intimidar a posibles opositores.

En ese contexto, resulta lamentable el papel del director de la Policía Nacional, Octavio Salazar. Muchas personas en Trujillo recuerdan cuando logró reducir la delincuencia en esa ciudad, que actualmente debe ser la más peligrosa del Perú. Pero actualmente tiene mucho que explicar, como la muerte de tres campesinos el pasado mes de febrero, la violenta represión a todo tipo de manifestaciones sociales (desde activistas homosexuales hasta antitaurinos), los allanamientos a bares y cafés en el centro de Lima y las detenciones a decenas de personas por no portar documentos, todo lo cual termina presentándolo como un individuo poco preocupado por los derechos ciudadanos.

Ha pasado mes y medio desde que la señora Azparrent fue detenida y para desesperación de sus familiares, su salud se viene deteriorando seriamente. A pesar de ello, las autoridades del penal no permiten aún que la examinen en un hospital. El prolongado encarcelamiento de una madre de familia enferma, víctima ella misma de la violencia terrorista, genera graves dudas sobre que realmente estemos viviendo en un Estado de Derecho.