13 de abril del 2008

Chile

Libertad con las manos atadas

Roberto Ortiz
Gramsci e o Brasil / La Insignia. Chile, abril del 2008.

Christopher Cyril Harrison y Joffrey Paul Rossj, periodistas franceses, fueron detenidos en Collipulli, IX Región, mientras realizaban un documental sobre la situación del pueblo mapuche. Los documentalistas acompañaban al werken (vocero) de Temucuicui, Jorge Huenchullan, al Ministerio Público a cumplir medidas cautelares decretadas por el tribunal. Sin indicárseles motivos de su detención se les trasladó a la Comisaría de Collipulli, y luego fueron derivados al Cuartel de Investigaciones de Angol. La policía requisó sus equipos de filmación y cintas. La comunidad de Temucuicui ha denunciado desde hace años ser objeto de violencia policial, allanamientos masivos sin orden judicial y persecución de sus dirigentes, situación informada a las autoridades y la CIDH. Sólo hace un mes el periodista Marcelo Garay Vergara, de La Nación, fue detenido y formalizado por "desórdenes", luego de ser golpeado tras asistir a los funerales del mapuche Matías Catrileo, asesinado por Carabineros durante la toma de un fundo.

Varios periodistas y fotógrafos han denunciado ser objeto de golpizas y amenazas por parte de la policía, entre ellos el gráfico Jorge Zúñiga y los jóvenes videístas de Indymedia y otros medios de comunicación independientes.

La libertad de expresión en Chile sigue de manos atadas. Recientemente, la Corte de Apelaciones de Santiago desestimó una querella presentada por el ex militar y represor de la dictadura de Augusto Pinochet, Edwin Dimter, contra quienes lo evidenciaron como el responsable del asesinato del cantautor comunista Víctor Jara, ocurrido el 14 de septiembre de 1973.

Edwin Dimter trabajó por años, luego del retorno de la "democracia" en una repartición estatal dependiente del Ministerio del Trabajo. Sólo fue despedido tras las denuncias publicadas por internet. Dimter se querelló contra los periodistas Julio Oliva y Pascale Bonnefoy por injurias y calumnias. El titular del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, Cristián Sánchez, finalmente descartó la querella al considerar que los argumentos expuestos en ella no constituían delito alguno, según los tratados internacionales vigentes.

Pero otro criterio primó en la condena al redactor Arnaldo Pérez Guerra por la jueza subrogante del mismo tribunal, Cecilia Pastén. Arnaldo Pérez Guerra fue condenado, a principios de enero de 2008, a 61 días de prisión menor más el pago de una multa por un delito de "calumnias" en un artículo -Un abogado del PC que estafa a los trabajadores-, publicado por La Insignia de España en diciembre de 2006 y difundido en otras publicaciones de internet.

La Insignia publicó dicho artículo días después de que tres trabajadores se querellaron contra el abogado Jaime Gajardo Falcón por los presuntos delitos de "estafa, apropiación indebida y prevaricación". La nota se basó en las afirmaciones de los sindicalistas Raúl Aguilar, Emilio Jaque y Eliana Ferrada - así como del asesor legal Cristián Hidalgo y del también abogado Patricio Mora -, quienes acusaban a Gajardo de "no pagarles el dinero de sus indemnizaciones".

Dicha causa, en abril de 2007, fue sobreseída y cerrada definitivamente. Según la fiscal Giovanna Herrera "el dinero de los trabajadores fue repartido tal cual fue acordado en asambleas quincenales que mantenía el imputado con ellos, siendo sólo los querellantes los que no recibieron dinero debido a que renunciaron a ello, por lo que no se presenta ni el engaño ni la apropiación necesarias para que se configuren los delitos de apropiación indebida, estafa. Por otra parte la conducta del imputado no coincide con ninguna de las conductas típicas del delito de prevaricación".

Sin embargo, los sindicalistas mantienen que jamás renunciaron a su derecho a indemnización, que no llegaron a recibir citaciones para asistir al juicio, ni tuvieron ocasión de ratificar sus denuncias. Su causa se cerró y ningún abogado interpuso recurso alguno. Con la resolución de sobreseimiento, el abogado Gajardo se querelló por injurias en contra de los trabajadores, los asesores legales de éstos y quienes publicaron el caso.

"Escribí un artículo en diciembre de 2006, antes de que existiera una resolución definitiva en el caso y, sin embargo, fui condenado. Los trabajadores siguen reiterando su denuncia. Pienso que esto nunca debió salir de los cauces de la información. Es algo completamente insólito. Los trabajadores aún no han sido escuchados por algún tribunal. Sus abogados dejaron morir la causa y los dejaron en la más completa indefensión legal", dijo Arnaldo Pérez a La Insignia.

Otro caso que evidencia la precariedad de la libertad de expresión en Chile es el que afecta a los trabajadores sindicalizados de El Siglo, semanario del Partido Comunista, en huelga desde el 2 de octubre de 2007. La empresa sigue editando el periódico con trabajadores no sindicalizados. Los trabajadores Jorge Zúñiga, Magdalena Muñoz, Jorge Texier, Eliana Gómez, Ana Muga, Raúl Blanchet y Julio Oliva denuncian que la empresa mantiene un comportamiento hostil y difama constantemente al sindicato y sus dirigentes. No los reconoce como trabajadores ni admite la existencia legal del sindicato.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los recursos presentados por Editorial Siglo XXI, editora de El Siglo, que pretendían anular los dictámenes de la Dirección del Trabajo. La empresa apeló y, finalmente, la Suprema le dio la razón señalando que los trabajadores deben concurrir ante un tribunal competente, que es el Tribunal del Trabajo.

La huelga, próxima a cumplir seis meses, se mantiene en medio del silencio de los demás medios de comunicación. La Suprema se ha inclinado a favor de los empresarios en éste y otros fallos. En materia de subcontrato y relaciones contractuales la Corte Suprema ha intervenido en perjuicio de los trabajadores, pasando, incluso, sobre el derecho laboral internacional.