7 de septiembre del 2007
¿Por qué cualquier tipo de iniciativa o de medida de carácter social es tiltada, de manera sistemática, de electoralista? No me estoy refiriendo sólo a las recientes declaraciones realizadas desde la Junta de Andalucía en torno a la vivienda, o las referidas a las pensiones más bajas, ya que se ha recurrido al calificativo "electoralista", no sólo en los últimos meses o durante esta legislatura, sino que este latiguillo, reitero, cuando se trata de iniciativas o de medidas de carácter social, se ha venido utilizando desde hace ya varios años, desde distintos sectores, con un tono absolutamente descalificador.
Sin embargo esto no ocurre, o al menos yo no lo recuerdo, cuando se trata de acometer recortes, eso sí, bajo el eufemismo de "ajustes", o el más rebuscado todavía de "optimización de recursos" referidos a pensiones, mercado de trabajo o prestaciones por desempleo, por poner solo tres ejemplos que, sin duda, pueden ser ampliados a otras materias.
Estamos ante una doble vara de medir. En esta ocasión, como en otras, cualquier momento es bueno para acometer recortes sociales y son momentos malos, por "electoralistas", para abordar mejoras de carácter social.
Por otra parte, ¿qué tiene de negativo que las fuerzas políticas planteen abiertamente medidas de carácter social previas a unas elecciones, o que el Gobierno de turno impulse en su período de mandato iniciativas y medidas de este carácter? Es más, ¿cuándo mejor que un momento como el actual, que no es único ni extraordinario, sino que se repite a lo largo del tiempo, para que el debate político vuelva a estar en la sociedad, recuperando ésta su debido protagonismo en ese debate? Porque cuando hablamos de medidas sociales estamos hablando de política, de economía, de democracia, de prioridades, de agenda social en definitiva.
En nuestro país hoy siguen existiendo importantes déficts sociales, que se han de convertir en prioridades políticas; déficits sociales que hacen que, a pesar de los avances, todavía hoy nuestro país se mantenga alejado en términos sociales de los países centrales de la Unión Europea. Y uno de los riesgos que nos podemos encontrar, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, es que el término "electoralista", como elemento central del debate, termine por desviar la atención sobre las auténticas prioridades sociales que tiene este país.
Prioridades que necesitan amplitud de miras y una visión a medio y largo plazo y que, por tanto, no pueden verse condicionadas exclusivamente por determinados tiempos políticos, más teniendo en cuenta el entramado institucional de nuestro país, que imprime ritmos distintos, ya sea por convocatorias electorales de carácter general, autonómico o local.
El sindicalismo no desconoce la centralidad que deben tener las políticas sociales, ya que propuestas y reivindicaciones no satisfechas y muy vinculadas a la realidad, trascienden cualquier plazo y, desde luego, cuando de medidas de carácter social se trata, la mera coyuntura electoral.
En esta línea, las políticas de vivienda, la protección social en su sentido más amplio, la sanidad por tanto, la educación, las políticas de I+D+i, el empleo y su calidad, la siniestralidad laboral, los salarios y el poder adquisitivo -que no siempre van de la mano, tal y como está ocurriendo en estos momentos-, por mencionar algunas de las cuestiones que hay que abordar y que son las que deben marcar, de verdad, la agenda social y política, para enterrar definitivamente una etapa, la de la crispación política que ha vivido nuestro país, prácticamente desde el momento en que conocimos los resultados electorales del 14 de marzo de 2004, y que ha hecho invisibles estas prioridades.
Madrid, seis de septiembre de 2007.