15 de noviembre del 2007
Chile
La cultura del maltrato
Arnaldo Pérez Guerra
La Insignia. Chile, octubre del 2007.
Fotografía: IELCH.
El aumento de femicidios demuestra la situación dramática que viven las mujeres en los tribunales de familia chilenos. Entre 2005 y 2006 ingresaron más de 500 mil causas judiciales. Al 1º de octubre, la cifra se había elevado a 800 mil. La Región Metropolitana lleva la delantera con un 33,23 por ciento; seguida por la V Región, con un 12,21 por ciento, y la VIII, con 11,87. Estadísticas del Poder Judicial para los años 2003 y 2004, indicaban que sólo en los juzgados de menores existía un incremento de un 3,2 por ciento anual. Si se hubiera calculado igual variación para el 2005 y 2006, se habría concluido que se superaría la proyección calculada por las autoridades. Eso, sin incluir que los juzgados de familia también instruyen divorcios y violencia intrafamiliar. La dotación de personal se hizo en forma gradual. Hoy los juicios demoran tanto o más que antes.
Los Tribunales de familia son el "nuevo Transantiago" en el que viajan miles de mujeres violentadas ante la indiferencia de la sociedad. Ninguno de los proyectos que tipifica el femicidio como delito tiene urgencia. La justicia vive un colapso que es parte de la cultura del maltrato.
Sólo durante el primer mes de funcionamiento de los nuevos tribunales había 6 mil causas, superando el cien por ciento proyectado. El estudio El funcionamiento de los nuevos tribunales de familia, de la Universidad Diego Portales (UDP), expresa que las audiencias preparatorias demoran seis meses más de lo normal y que la reforma se elaboró sin el presupuesto necesario. Se prometió acceso a una justicia especializada, más cercana, humana y eficiente, juicios más rápidos, y que -a diferencia del antiguo sistema, escrito y secreto-, la nueva justicia sería oral, transparente e imparcial. Se dijo que se mejoraría la oferta de justicia y las herramientas para asegurar la protección de las familias. Que los conflictos serían abordados de manera integral y se promovería solucionarlos por la vía de la mediación. Apenas un diez por ciento del total de recursos destinados a la reforma procesal penal llegan a los tribunales de familia. No existe un Ministerio de la Familia, una defensoría de la Mujer o una entidad que coordine a instituciones que parecieran no funcionar.
Dictaron leyes de matrimonio civil, violencia intrafamiliar y otras. Se instaló la reforma a la justicia de familia invirtiendo 58 mil millones para habilitar 60 tribunales especializados y 258 jueces exclusivos. Se aumentó en cinco veces la dotación de magistrados dedicados al tema. Se afirmó que el proceso oral simplificaría los casos de pensiones alimenticias, visitas, tuición, divorcios, medidas de protección, filiación, etc. La ley se aprobó el 2004 y los juzgados iniciaron su trabajo en octubre de 2005. A los tres meses estaban colapsados: cientos de miles de causas ingresaron. Se pensaba en 160 mil, pero en 2006 excedían las 400 mil, la mayoría por pensión de alimentos y violencia intrafamiliar.
"Los tribunales de familia son inoperantes. Pero el tema es desde dónde miran. Operan con prejuicios patriarcales sobre las mujeres víctimas de violencia: 'por qué le habrán pegado, será sucia, no hace la comida', etc. La ley prometió una visión integral, pero no hay funcionarios capacitados. Prometieron audiencias para tres meses y hoy dan fechas para ocho o más meses. A eso se une el machismo y el clasismo. Acompañamos a mujeres por 7 horas en un tribunal para una medida cautelar. Las juezas salen al baño sólo dos veces al día. Necesitan una re-educación y de-construcción cultural. Dejar definitivamente atrás el concepto de que una mujer 'no puede ser testigo' o que 'la infidelidad es delito'", dice Victoria Aldunate, psicóloga de la Casa de primera acogida a mujeres de la Iglesia Evangélica Luterana (IELCH).
Si una mujer denuncia episodios de violencia graves debiera otorgársele protección inmediata. Pero muchas medidas precautorias no llegan a Carabineros. El tribunal no tiene cómo mandarlas. "Cuando una medida precautoria no llega, les decimos: 'Ustedes mismas llévenla a Carabineros'. Tienen altos de papeles. En la 39ª Comisaría de El Bosque hay 125 medidas cautelares y sólo tres funcionarios para hacerlas cumplir. La encargada de violencia intrafamiliar tiene la mejor voluntad, pero también investiga las presuntas desgracias. Funcionarios todavía les dicen a las mujeres agredidas: 'Si no es casada, entonces esto no le va a servir'. Van de un lugar a otro mientras sus vidas se deterioran, pierden el trabajo, precisamente lo que podría asegurarles independencia", agrega Victoria Aldunate.
A nueve meses de inaugurado el sistema las causas superaban las 302 mil, más del doble de lo estimado. El 75 por ciento se suspenden por problemas de notificación y menos del 40 por ciento concluyen en un mes. En junio de 2006 había 1.760 causas acumuladas. En un año aumentaron a 3.089.
Se pensó que la mediación resolvería más del 40 por ciento de los casos. Menos de un dos por ciento la utiliza. Entre 40 y 50 por ciento de las audiencias programadas no se realizan. Un juez puede ver 20 causas diarias, pero en lo familiar apenas ocho, señala la UDP.
Violencia: problema estructural
Desde agosto de 2006, se tramita el proyecto que perfeccionará la ley de tribunales de familia. Contempla recursos extraordinarios, aumenta los jueces y funcionarios y crea unidades para mejorar la atención y la tramitación de causas. Actualmente el reconocimiento de paternidad puede demorar un año. El Servicio Médico Legal entrega informes con meses de atraso. Cuando inauguró el sistema el presidente Lagos dijo que el número de jueces y tribunales era suficiente. Al igual que Transantiago, no cumplía con lo necesario ni lo prometido. Según la Corte Suprema la dotación ideal de jueces de familia es de uno por cada 840 causas anuales. Requieren entre 466 y 515 jueces. El proyecto gubernamental incrementa de 258 a 316 jueces. La jueza Gloria Negroni públicamente emplazó a las autoridades a hacerse cargo de la falta de recursos y personal: "Cuánto hemos denunciado que estamos colapsados, que hacen falta más jueces, funcionarios y que efectivamente eso no es preocupación de las autoridades. El sistema se diseñó mal, y no se cuenta con todos los medios para prestar la ayuda que la gente necesita. Basta de instituciones con miradas sesgadas como Sernam o Sename cuando los problemas son de la familia. Rogamos por cumplir la ley y no podemos cumplirla", dijo.
Laura Albornoz, ministra del Sernam, respondió criticando la desidia de los jueces: "Muchas veces el tema pasa por la actitud que se tiene frente a la víctima. Las medidas de protección están en la ley y hay que utilizarlas de inmediato cada vez que una mujer acuda pidiendo ayuda. Respecto de la violencia ya está bueno de excusas. Es deber de la justicia dar protección a las mujeres víctimas de amenazas y violencia". "Mientras quienes hacen funcionar el sistema mantengan prejuicios machistas, no tengan capacitaciones en feminismo y derechos humanos, no se resuelva el problema de las visitas del agresor a los hijos, medidas de alejamiento, no se aborde el problema de la violencia de manera integral, y no apartando la tuición y las visitas de la violencia y del divorcio, lo que se hace con la ley de violencia intrafamiliar es revictimizar a los afectados. La ley es un eufemismo. Niega las diferencias de poder al interior de las familias. Si bien una familia puede construirse por afectos, también es una estructura de poder, donde se tortura, abusa, se comete incesto y asesina. No especifica quiénes son las víctimas y los agresores, ni el delito específico de violencia. Chile no tiene una ley de maltrato infantil. Necesitamos una ley de violencia contra la mujer que debe reconocer que es un fenómeno estructural. Que la violencia contra la mujer no es la excepción sino la norma", dice Victoria Aldunate.
El femicidio de Katherine Casas-Cordero -murió degollada por su marido tras denunciarlo en tribunales-, evidenció la lentitud y desidia del sistema. Presentó una denuncia en julio de 2007 en el Primer Juzgado de Familia, pero fue citada para el 12 de octubre. Fue asesinada antes. Su causa nunca llegó a la fiscalía. Sernam cuestionó que una jueza se haya excusado de su mandato legal de decretar medidas de protección. El 2006, Carabineros derivó a los tribunales 96 mil denuncias de violencia intrafamiliar. Sólo se decretaron dos mil medidas de protección. "No se necesita que haya una audiencia para decretar medidas de protección. Si existen presunciones de riesgo, que es algo que debió evaluar el tribunal, se pueden decretar dichas medidas. El gobierno reconoce que hay atochamiento en los tribunales de familia y para resolverlo se discute un proyecto", dice la ministra Albornoz.
"Se deja a las mujeres en la indefensión. De nada sirven leyes y tratados internacionales que no se cumplen. El femicidio es el último paso de un fenómeno más amplio: la violencia contra la mujer, una política sistemática de control y dominio sobre los cuerpos, acciones, pensamientos y psiquis de las mujeres. Tipificar el femicidio no será más que cambiar una palabra por otra. No contempla los casos en que no se pueda probar una relación de pareja entre víctima y agresor. Legislaciones anacrónicas no reconocen que las mujeres viven violencia sistemática y que está vinculada con la violencia política que comenten los estados", dice Victoria Aldunate.
Humilladas en tribunales
La Casa de primera acogida de la IELCH atendió a 88 mujeres el 2006, la mayoría de las comunas de San Ramón y El Bosque. Hay casos dramáticos. Asisten a Cecilia y Jessica, dos de las hijas de Angelina Navarro, asesinada por su esposo, Héctor Orellana, en marzo de 2007. "Su caso demuestra que para el sistema la palabra de una mujer sigue valiendo menos", dice la terapeuta Eliana Salinas. Angelina trabajaba como costurera y cuidaba a su nieto. Denunció a su esposo por amenazas de muerte y violencia y dijo que tenía armas de fuego. Carabineros acudió y lo sacó de la casa, exhortándolo a entregar las armas, pero no allanaron. Héctor Orellana escondió un arma con la que mató a su esposa. Volvió de madrugada e irrumpió en la casa. La apuntó y obligó a salir bajo amenaza de que la mataría delante de la niña menor. Le disparó varios tiros frente a su casa. Luego llamó por celular a una de sus hijas: "Tu mamá está muerta", dijo. "Hoy sus hijas pasan por graves problemas económicos, depresión y dolor. Una de ellas abandonó estudios para trabajar. Otra hace el trabajo doméstico. Viven en la casa que está a nombre del padre femicida y no saben qué pasará con ellas", agrega Eliana Salinas.
Alicia Esparza, quien se atiende en la casa, fue a buscar a su hijo donde su ex pareja y agresor, Mauricio Reyes, funcionario de la Fach. Se lo había llevado sin permiso y en evidente estado de ebriedad. Reyes la insultó, no le entregó al niño, y le pegó en la calle delante de su hijo. Ambos llamaron a Carabineros. Los funcionarios a pesar de verla sangrando -perdió dientes-no le tomaron la denuncia. "Hace más de cinco años que intento que suban la pensión alimenticia en favor de mi hijo de diez años. Luego de un millar de trámites en el Primer Juzgado de Familia de San Miguel, se dictó sentencia a favor de mi hijo. Pero el cuento de hadas no duró mucho. Al pasar los días no había depósito. Transcurrieron meses y nada. Fui al Juzgado y me enteré que el 'padre' de mi hijo había apelado a la sentencia y fue modificada sin notificarme. Redujeron la pensión. El apeló basado en un escenario mentiroso y nadie se dio la molestia de investigar. Las visitas del padre se encuentran suspendidas por violencia intrafamiliar, pero tengo la convicción de que serán reanudadas. Si me declaro en rebeldía y no cumplo, seguramente seré castigada", dice Alicia Esparza.
Otra mujer atendida es Teresa Jopia, quien estuvo 17 años casada con su agresor: "Hoy me doy cuenta de que viví violencia toda mi vida. Lo cruel de esto es que si nosotras no lo comprobamos, no tenemos nada. Salí de mi casa y me decidí a denunciarlo por violación, pero Carabineros me dijo que fuera directamente a la Fiscalía. Allá me enviaron de vuelta. Finalmente lo denuncié por amenazas de muerte con arma blanca y abusos. Mi hija de doce años declaró como testigo. Me llamaron muchas veces, hasta que él se declaró culpable. Lo denuncié por violencia intrafamiliar. Se drogaba para golpearme, amenazarme y agredirme sexualmente. Tras cuatro meses me dieron una medida precautoria. Desde junio de 2006 estoy en tribunales y el juicio no termina. Dijeron que como 'no había ido a constatar lesiones inmediatamente' y era 'mi marido', 'no podía acusarlo de violación', 'que la amenaza de muerte con arma blanca no se podía probar'. La fiscalía me notificó enviando un papel que tiraron al patio, cualquiera podría haberlo leído. Tengo otro juicio por pensión, y otro por visitas en mi contra. Solicité que le suspendan las visitas, porque no va o llega atrasado. Las mujeres terminan cansándose, sintiéndose humilladas en los tribunales. No le creen a la mujer. Ni siquiera le han hecho un peritaje para comprobar que ya no se droga", dice.
Eliana Salinas, agrega: "De todas las mujeres que atiendo por violencia, muy pocas han tenido apoyo de los abogados de la Corporación de Asistencia Judicial. Los casos se dilatan. Los agresores presentan denuncias y las acusan. La mayoría de funcionarios no les cree a las mujeres a menos que lleguen sangrando, con un ojo en tinta o mostrando su cuerpo maltratado. Están en constante exposición, repitiendo la historia mil veces. Atendemos a un menor de tres años. Se acusó al padre de abusos deshonestos. Enviaron al niño a decenas de peritajes psicológicos. Dice que el padre lo golpea, y eso no es suficiente para acreditar el delito. Nuestra experiencia es que los tribunales no cumplen con proteger a la mujer y sus hijos. Les dicen que 'se desistan de denunciar porque los antecedentes de su ex pareja se van a ensuciar y le va a costar encontrar trabajo, pagar pensión', etc. Envían a mujeres a peritajes psicológicos o psiquiátricos, pero quienes los realizan no conocen las secuelas que produce la violencia en mujeres, y las catalogan como 'trastornos de personalidad', 'paranoia', etc.".
Muchas no se dan cuenta que viven violencia. Hay mujeres que viven abusos sexuales pero llegan a la Casa de primera acogida por que se sienten deprimidas. "No son capaces de verbalizar que son violadas por su pareja. También llegan mujeres que piensan que no están cumpliendo su maternidad a cabalidad. No existe una red de apoyo para mujeres violentadas. Somos una sociedad que no se mete con el de al lado, machista e individualista. La casa no es un refugio y no tiene infraestructura para alojarlas, pero muchas se han debido quedar tres, cuatro o cinco noches hasta que podemos encontrar, junto con ellas, una estrategia y enfrentar lo que están viviendo. Los refugios estatales comenzaron a funcionar este año. Sus cupos no son muchos y tienen una reglamentación peculiar. Sólo una mujer agredida brutalmente puede optar a que la fiscalía la derive allí. Si esa mujer espera a que la fiscalía se dé cuenta que está en riesgo su vida, puede morir", dice Aldunate.
Cuando se discutió la creación de las casas refugios les llamaron del Sernam, para que junto a otras organizaciones dieran "ideas". "Sugerimos que si no había un trabajo de autoconciencia, social y comunitario con las mujeres violentadas, no cambiaría nada. Las ideas quedaron en un sobre guardado y no fueron tomadas en cuenta", concluye.
Propuestas
La Corte Suprema anunció que se creará el Centro de Control y Evaluación de Medidas Cautelares y Violencia Intrafamiliar. Tras analizar informes de ministros visitadores que se constituyeron en los juzgados para verificar el atraso que presentan las causas, reconocieron el colapso. "Se desprende la existencia de distintos criterios para manejar situaciones de naturaleza común, y que tienen como marco los problemas que tiene la justicia de familia desde el origen de dichos tribunales", dijo el vocero de la Suprema, Urbano Marín. Según Carlos Maldonado, ministro de Justicia, el 2008 habrá un mejor procedimiento, 25 por ciento más jueces, 60 por ciento más funcionarios y 55 por ciento de más recursos. "Hay un serio atochamiento. Se produjo lamentablemente desde el principio del sistema en 2005, porque la demanda superó claramente a la oferta", dijo Maldonado a Radio Cooperativa. Se inyectarán 17 mil millones de pesos más. El proyecto de Bachelet costará 24 mil millones de pesos, e incluye acelerar las causas y establecer la derivación obligatoria a mediación -que será gratuita-, de los casos de alimentación, visitas y tuición. Quienes no puedan pagar abogados tendrán uno de la Corporación de Asistencia Judicial, que gozará de un aumento de presupuesto de 4.500 millones de pesos. "Con mayores jueces y personal judicial, con asesoría legal y mediación accesible y gratuita y mejoras en el procedimiento, esperamos descongestionar los tribunales de familia y, de esta forma, satisfacer las expectativas que tantas y tantos nos hemos formado respecto de una nueva judicatura de familia, oportuna, cercana y efectiva. Hemos tocado una fibra sensible y palpitante de la sociedad chilena, que estaba oculta. Si la demanda es tanta, no es porque hayamos estado equivocados en asumir con fuerza la reforma", dice Bachelet.
(*) Una versión de este artículo fue publicada por Punto Final (Chile).