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| 31 de julio del 2007 |
Semejanzas y diferencias entre García y Toledo
Wilfredo Ardito Vega
-¿Dónde pido garantías para el plantón que vamos a organizar? -me preguntó hace poco un estudiante de la Universidad Villarreal, empeñado en exigir la extradición de Fujimori. La pregunta refleja la mayor diferencia entre el gobierno de Alan García y su predecesor: la creciente restricción de los derechos fundamentales. Los ciudadanos tienen derecho a manifestarse pacíficamente en lugares públicos, salvo que empleen armas u obstruyan el tránsito. Pueden pedir garantías si lo consideran necesario, para evitar ser agredidos por terceros, y las Fuerzas Policiales están obligadas a proporcionárselas.
En los últimos meses, sin embargo, la Policía Nacional viene interpretando la solicitud de garantías como una especie de "autorización para manifestarse". Quienes no cuentan con las garantías corren el riesgo de ser golpeados, detenidos e incomunicados por la propia policía, a semejanza de lo que ocurría a fines del régimen de Fujimori. Este proceso es bastante comprensible, porque otra diferencia con el régimen de Toledo es que, a la sólida alianza que éste tenía con los grupos de poder económico, el régimen actual ha permitido que se incorporen entusiastas los sectores militares y fujimoristas. Como ha sucedido en otras experiencias históricas, cuando un régimen se vuelve paulatinamente represivo, la mayoría de los ciudadanos prefiere ignorarlo si no se sienten directamente afectados. Cuando el caricaturista Piero Quijano fue censurado en la Casa-Museo de José Carlos Mariátegui, algunos artistas y periodistas reaccionaron sorprendidos y escandalizados, pero deberían haber tomado en cuenta los antecedentes de los últimos doce meses: desde la desaparición de la columna de César Hildebrandt tras algunas revelaciones incómodas, hasta la absurda detención de los campesinos de Chacas; desde la ley que restringe las actividades de las ONG hasta la detención masiva de dirigentes del SUTEP sin orden judicial; desde el impulso a la pena de muerte, hasta la irrupción en las viviendas de Guillermo Bermejo y Omar Paredes. En cuanto a las demandas sociales, lamentablemente, no existen diferencias saltantes con los tiempos de Toledo: se mantiene la misma incapacidad e indiferencia, como lo ha demostrado la reacción improvisada ante la cantidad de campesinos fallecidos por el invierno en la zona andina. El agravante, claro, es que el gobierno actual tiene aún más recursos. Resulta muy positivo que se hayan restringido aquellos gastos suntuarios que caracterizaron a Toledo, desde los viajes a China en avión presidencial hasta los sueldos escandalosos de los funcionarios públicos, pero más allá de la retórica, la población no siente beneficios concretos. De hecho, ahora que se podría eliminar el analfabetismo, asegurar que los documentos de identidad sean gratuitos para todos los ciudadanos o que existan ómnibus escolares en las zonas rurales no hay pasos efectivos en estas direcciones. Ni siquiera el Ministerio de Salud ha cumplido la sentencia del Tribunal Constitucional para salvaguardar la salud de los niños de La Oroya. Eso sí, este régimen parece considerar más oportuno invertir dinero en golpes de efecto: en septiembre del año pasado millones de personas fueron vacunadas contra la rubeola... una enfermedad casi inexistente (el último caso que yo conocí fue hace más de treinta años). Para miles de puneños, cruzar la frontera y ser operados gratuitamente por médicos cubanos en Bolivia resulta más práctico que esperar que su propio gobierno se acuerde de ellos. En cuanto al empleo, debe reconocerse que existe una mayor incidencia de las inspecciones laborales, con el respaldo del Decreto Supremo 016-TR-2006, que establece sanciones graves para numerosas infracciones. Sin embargo, la mayor parte de la herencia de Toledo (y Fujimori) se mantiene intacta: dentro del propio Estado, millares de empleados, obreros y profesionales se encuentran por años en situación de precariedad a través de los llamados "servicios no personales". En el sector privado, los trabajadores precarios siguen siendo frecuentes víctimas de accidentes de trabajo, como sucede en el sector minero, donde las huelgas han sido mucho más numerosas que en tiempos de Toledo. En casos como Casapalca, la empresa textil Topy Top y la agroexportadora Camposol, los trabajadores han afrontado despidos y golpizas por el simple hecho de organizarse en sindicatos. Mientras esto sucedía, el gobierno de García aseguraba al de Estados Unidos la plena vigencia de los derechos laborales en nuestro país. Se trata, mas bien, de efectos retóricos, como instituir el Día de las Trabajadoras del Hogar, sin tomar medidas efectivas para apoyarlas. En cuanto al medio ambiente, aunque Toledo no estaba precisamente comprometido en este tema, los retrocesos han sido marcados: se ha impedido a las Municipalidades crear zonas ecológicas y se han otorgado mayores facilidades para que las concesiones de exploración minera, disminuyendo la participación de la población. Desde Perú Petro se busca inclusive negar la existencia de pueblos indígenas aislados para entregar los lugares donde éstos viven a empresas petroleras. Como Toledo, García ha tenido que enfrentarse a muchas protestas sociales, pero éstas ya no están motivadas por alcaldes corruptos o conflictos limítrofes con otras provincias, sino por un descontento hacia el gobierno central. En las últimas semanas, solamente Lima y algunas ciudades del norte del país no quedaron paralizadas por las movilizaciones. Más allá de las cifras económicas positivas, la sensación de malestar está muy presente, como recuerda el pronunciamiento por fiestas patrias de la iglesia católica. Afortunadamente, ningún vocero del régimen se atreve ahora a hablar de "chorreo", que se consideraría una expresión inaceptable e insultante. Sin embargo, probablemente la diferencia más marcada es la violenta respuesta del régimen a las protestas sociales y, en general, un accionar policial donde disparar primero y preguntar después se hace cada vez más frecuente, como ocurrió con las muertes del empresario Guillermo Li y el niño Imel Huayta cerca de Ilave. En los cinco meses desde que Luis Alva Castro asumió el Ministerio del Interior han fallecido más personas a consecuencia de excesos policiales que en cualquiera de los cinco años que gobernó Toledo. Al parecer, es muy posible que estas muertes se multipliquen: el 22 de julio se publicó el Decreto Legislativo 982 que dispone la inimputabilidad de los militares y policías que maten personas empleando sus armas reglamentarias y en cumplimiento de su deber. Seguramente, los policías involucrados en las ocho muertes ocurridas en lo que va del régimen invocarán esta causal para evitar cualquier sanción. Inclusive desde la prisión norteamericana donde se encuentra, puede usarla en su favor el sanguinario Telmo Hurtado, responsable de la masacre de Accomarca. Debe señalarse, en honor a la verdad, que ni en los peores tiempos de la violencia política se planteó una norma semejante. En general, no parece que el actual gobierno otorgue mucho valor a la vida humana: mientras la sanción penal para el homicidio es de 15 años, el Decreto Legislativo 982 dispone que si dos personas bloquean pacíficamente una carretera enfrentan hasta 25 años de cárcel, porque esta conducta es considerada una forma agravada de "extorsión". Las nuevas normas se presentaron como mecanismos eficaces contra el crimen organizado, pero más bien constituyen nuevas formas de criminalizar las protestas sociales. El transfondo político resulta muy evidente, porque en la concepción de extorsión se incluye la participación en huelgas de las autoridades regionales y locales, sancionándolas con inhabilitación. En realidad, existe un problema de redacción, porque las autoridades no suelen involucrarse en huelgas y sí en otras movilizaciones sociales, que sería aquello que se intenta impedir. En todo caso, el decreto no distingue entre la incitación a actos violentos, que sí debería acarrear la inhabilitación, y las expresiones populares pacíficas y justas. Mientras el Decreto 982 viene generando hondo rechazo al interior del país, los optimistas confían en que las nuevas medidas represivas sean una respuesta desesperada frente a las demandas sociales y que pronto serán derogadas. Los pesimistas sostienen que se trata de un camino sin retorno hacia el autoritarismo. La situación de las libertades democráticas y los derechos humanos en los próximos meses demostrará quiénes tenían la razón.
Relación de fallecidos en acciones policiales
Jonathan Condori, 30 de agosto de 2006, Sicuani, Cusco. Jonathan era un adolescente de 17 años, que protestaba con otras personas contra diversos bares clandestinos, cuando la policía abrió fuego contra la población. Víctimas de las Fuerzas Armadas Octavio Aquino, 19 de marzo del año 2007. Profesor de la comunidad de Huachocolpa (Huancavelica), falleció al parecer a consecuencia de una bala perdida durante un confuso incidente en el que al parecer los militares se enfrentaron a un grupo subversivo. Casos en los que subsisten dudas
Isidro Llanos, 2 de agosto del 2006. Campesino de Combayo (Cajamarca), sobre cuya muerte no existe total claridad, siendo también atribuida al personal de seguridad de la empresa Yanacocha. Esta muerte se produjo a cuatro días de asumir el gobierno Alan García y las investigaciones se encuentran paralizadas. |
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