20 de diciembre del 2007
Uruguay
Un gran golpe a la impunidad
Daniel Gatti
Sirel / La Insignia. Uruguay, diciembre del 2007.
Tarde pero llega: 23 años después del fin de la dictadura en Uruguay, se hizo justicia y el último "presidente" del régimen cívico-militar, el general retirado Gregorio Álvarez, ya ha pasado su segundo día preso en una cárcel especial construida para violadores de los derechos humanos.
Álvarez fue procesado, junto a otro uniformado, el capitán de la Armada, Juan Carlos Larcebeau, quien también fue detenido, y al capitán de navío Jorge Tróccoli, que hace unos días abandonó el país y contra el cual ya se cursó un pedido de captura internacional vía Interpol. Todos son acusados de "reiterados delitos de desaparición forzada de personas" en una causa seguida por el secuestro en Argentina, en 1978, y posterior traslado clandestino a Montevideo de más de 20 militantes de organizaciones de izquierda uruguayas.
Hasta último momento, el ex dictador dijo no saber nada sobre esos hechos, pero tanto la fiscal, Mirtha Guianze, como el juez, Luis Charles, entendieron que tal afirmación era "imposible de creer": Álvarez era en aquella época el comandante en jefe del Ejército y estos casos se inscribieron en un "plan sistemático de represión que incluía desapariciones forzadas, torturas, violación de mujeres y secuestro y apropiación de niños", según resumió Guianze.
De la misma opinión fue el juez Charles, quien en su auto de procesamiento contra Álvarez hace constar que el ex dictador había dejado constancia escrita de que en la eventualidad de que se procediera a acciones judiciales contra subalternos en casos de violaciones a los derechos humanos, él asumiría personalmente la responsabilidad por esos actos.
"Los hechos denunciados se ubican en el período dictatorial cívico-militar, comprendido entre 1973 y 1985, y responden a la coordinación operacional de las cúpulas de los gobiernos de hecho -denominada Plan Cóndor- que regían en los países del Cono Sur de América, es decir Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, cuyos objetivos eran el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con apremios psicofísicos, traslados entre países y desaparición o muerte de personas consideradas por dichos regímenes como subversivas del orden instaurado, o contrarias al pensamiento político o ideológico opuesto o no compatible con las dictaduras militares de la región", señala el auto de procesamiento dictado por el juez.
Antes de ser comandante en jefe del Ejército, Álvarez fue jefe del Estado Mayor Conjunto (ESMACO) y coordinador de las operaciones "antisubversivas". En 1981, ya en dictadura, asumió la Presidencia de la República designado por el Consejo de Seguridad Nacional, un organismo digitado que en la época integraban los mandos militares y algunos civiles que colaboraban con el régimen. Abandonó ese puesto en 1985, cuando tras una salida negociada con la oposición política se celebraron elecciones y resultó electo el conservador Julio María Sanguinetti.
El fallo contra Álvarez tiene una doble importancia simbólica: por un lado, se trata del militar vivo con mayor rango que haya ido a parar a la cárcel por delitos cometidos bajo la dictadura; por otro, es el primer procesado en aplicación de una reciente ley que penaliza la desaparición forzada de personas, un delito que, se considera, se sigue cometiendo mientras la víctima no aparezca, viva o muerta.
En la cárcel especial construida en 2006 en las afueras de Montevideo, en el predio de un cuartel del Ejército, Álvarez y Larcebeau se sumarán a otros siete militares y policías también procesados por delitos de lesa humanidad.
Además de estos nueve militares (debería haber un décimo, el oficial retirado Juan Antonio Rodríguez Buratti, pero se suicidó el año pasado antes de ser detenido) están también bajo arresto dos civiles, el ex dictador Juan María Bordaberry y su canciller, Juan Carlos Blanco.
El alcance simbólico de la detención de Álvarez se vio reflejado en la actitud de miles de habitantes de Montevideo, que salieron a festejar a las calles como no lo habían hecho cuando se dictó prisión para los otros uniformados o al propio Bordaberry.
Álvarez no se privó nunca de reivindicar en público lo actuado por las Fuerzas Armadas en dictadura, negando la veracidad de las denuncias por violaciones a los derechos humanos en esa época y tratando a la prensa con patoterismo y provocaciones. Con tono amenazador, acostumbraba responder las preguntas que se le hacían exigiendo al comunicador que se identificara. Hasta el día anterior a su detención solía salir a la puerta de su casa, donde estaban apostados periodistas de varios medios, para anotar con ampulosidad el número de matrícula de los autos de prensa.
El acto público con mayor concurrencia de los realizados el lunes 17 fue el convocado por la Coordinadora Nacional por la Anulación de una ley (llamada de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado) que limita severamente las posibilidades de sanción penal a los militares responsables de violaciones a los derechos humanos.
Ese organismo viene recabando a un ritmo cada vez más acelerado las más de 250 mil firmas necesarias para convocar a un plebiscito en que se ponga a consideración de los ciudadanos la anulación o no de la ley de Caducidad.
En tres meses de trabajo, la Comisión ha superado las 50 mil firmas y prevé que el procesamiento de Gregorio Álvarez dará un espaldarazo a su campaña.
"La caída de este dictador demuestra que se puede mandar a la cárcel incluso a los más altos jerarcas de la dictadura sin que se produzca el caos con que intentan amedrentar a la gente quienes dicen que la anulación de esa ley de impunidad desestabilizaría a la democracia", comentó a Sirel uno de los portavoces de la comisión, el abogado Óscar López Goldaracena.