5 de diciembre del 2007

Reflexiones peruanas

Discriminación ambiental

Wilfredo Ardito Vega
La Insignia. Perú, diciembre del 2007.

Hace unas semanas, los supermercados Vivanda anunciaron que entregarían bolsas biodegradables, siguiendo una iniciativa que comenzaron las tiendas Wong, donde también se recolecta vidrio, pilas, botellas de plástico y otros productos. La conciencia ecológica aumenta lentamente entre los peruanos. Pero todos se sorprenden cuando oyen por primera vez la expresión racismo ambiental, muy difundida en Estados Unidos, Brasil y otros países americanos.

En esos lugares se sostiene que, cuando en una sociedad existen graves desigualdades étnicas, éstas también se manifiestan en quienes sufren los peores impactos ambientales de actividades contaminantes o fenómenos naturales. En el caso del Perú, los ejemplos son abundantes: comenzando por la contaminación que soportan los habitantes de La Oroya desde hace ochenta años y los padecimientos de los achuares del río Corrientes, debido a la Occidental y la Pluspetrol. El racismo ambiental aparece también en la destrucción de la ciudad de Cerro de Pasco y la situación de muchos ríos en Cajamarca, La Libertad o Junín, afectados por los relaves mineros.

Para quiénes analizan el fenómeno, la discriminación étnica se encuentra muy vinculada a la económica y a la geográfica; las víctimas son poblaciones pobres, donde los rasgos físicos predominantes son diferentes del modelo dominante y que están ubicadas en lugares alejados de los centros de poder. La investigadora brasileña Tania Pacheco señala que, actualmente, estas poblaciones no sólo padecen contaminación, sino la posible pérdida de sus territorios a manos de grupos de poder económico.

Precisamente, los recientes artículos del presidente Alan García parecen una pretensión de convertir el racismo ambiental en política oficial del Estado. La causa de la pobreza del país es el egoísmo de los "perros del hortelano", los campesinos e indígenas, propietarios de tierras valiosas que, aparentemente, no saben o no quieren aprovechar. No explica García la pobreza por problemas estructurales, como la falta de redistribución del ingreso o de inversión estatal en educación, salud y carreteras hacia los campesinos. Por ello ha presentado el proyecto de ley 1770, para que esta tierra supuestamente desperdiciada pase al Estado y sea subastada para su adquisición por empresas privadas.

Hace veinte años, en nombre del interés general, García pretendió despojar a los propietarios de bancos y financieras. Ahora apunta hacia peruanos mucho más débiles en una especie de reforma agraria al revés, promoviendo la concentración de la propiedad, como ocurrió en 1824, cuando Bolívar disolvió las comunidades indígenas y así abrió la puerta a los grandes latifundios.

Se trata de una extraña forma de promover la paz social en el país, pero sería injusto, sin embargo, considerar a García como el único representante del racismo ambiental. Lo acompañan empresarios, periodistas y políticos de diversas bancadas. Cuando era primer ministro, Carlos Ferrero tuvo discursos similares hacia las comunidades campesinas e indígenas, y en octubre pasado el embajador Antero Flores Araoz llegó a negar la existencia de los indígenas en aislamiento.

Para los racistas ambientales, los campesinos son seres sin voluntad propia, manipulados por sacerdotes, periodistas u ONG. Por eso llevan a cabo virulentas campañas difamatorias contra los "manipuladores", como la sufrida por el arzobispo de Huancayo por enfrentarse a Doe Run o por toda la Red Muqui, calificada el pasado lunes 26 por el Correo de Piura en su primera plana como una entidad conspiradora y "antisistema".

Según Tania Pacheco, se trata de justificar un modelo de desarrollo económico que consigue el beneficio de pocos a costa del malestar de muchos, quienes se convierten en individuos "desechables". De hecho, mientras el 97% de los empresarios encuestados por la Universidad de Lima respalda la política económica de García, otros peruanos se ven relegados, en el mejor de los casos, a empleos mal pagados e inestables.

El fenómeno implica estigmatizar a quienes se oponen a los intereses económicos, acusándolos de terroristas, como ha sucedido recientemente en Chile con varios dirigentes mapuches, o extorsionadores, como ocurre en el Perú, con penas de hasta 25 años de prisión, según los Decretos Legislativos aprobados el 22 de julio.

Comprender la existencia del racismo ambiental nos ayuda a percibir que la discriminación va más allá de la publicidad de Ripley; y la ecología, más allá de las bolsas de Vivanda. Ecologistas y antirracistas deberían trabajar juntos por las personas cuya vida depende del medio ambiente y que sufren amenazas tan graves.