22 de agosto del 2007

Guatemala

Lo que es y lo que queremos que sea

Mario Roberto Morales
La Insignia. Guatemala, agosto del 2007.

Existe un pintoresco lugar donde la cooperación internacional financia a todos los movimientos sociales, de modo que dicta los criterios del feminismo local, de la agenda homosexual, de la lucha de los indígenas, de lo que deben pensar y sentir las prostitutas, los niños de la calle, los enfermos de sida, los sindicalistas, los dirigentes campesinos y la izquierda.

También financia a los ministerios de gobierno en una miríada de proyectos dispersos, de manera que dicta los criterios del desarrollo nacional, del funcionamiento de los sistemas de justicia, electoral, penitenciario, de salud, democrático, educativo, etc., hasta el extremo de que el poder ejecutivo no se mueve sin consultar antes y referirse luego a los jerarcas de la cooperación para justificar cualquiera de las decisiones de gobierno, pues ya no existen más planes de desarrollo que los puntuales y coyunturales que deciden los organismos de financiamiento externo.

Lo mismo ocurre con el pensamiento, tanto de izquierda como de derecha, y con los esfuerzos cívicos encaminados a aliviar las heridas del largo conflicto armado que dejó a miles de personas sumidas en los síntomas del estrés postraumático y, en consecuencia, listas para ser absorbidas por la drogadicción y la delincuencia, las cuales, en un país en el que la oligarquía impide el libre desarrollo capitalista y, por ende, la gobernabilidad democrática, se tornan puertas de entrada a la economía informal, que incluye no sólo las formas de trabajo irregulares sino también las alternativas como el narcotráfico, el delito organizado, las maras y algunas formas de organización empresarial dedicadas a la criminalidad monopolista.

En un lugar como este, que se sostiene con remesas y narcodólares; en el que no existe el Estado ni la sociedad política tiene autonomía, y en el que la sociedad civil compite deslealmente por los financiamientos externos y se enfrasca en un activismo centrífugo, disperso, fragmentario y sin plan estratégico, resulta ingenuo, por decir lo menos, hablar de proyectos de nación incluyente, de soberanía popular, de justicia social, de libre mercado, de democracia y de libertad. ¿Cómo se puede hablar de todo esto en un territorio en el que el poder lo ejercen los intermediarios de la cooperación internacional, los capos criminales, los narcotraficantes, las maras y los empresarios mercantilistas de la oligarquía, a ninguno de los cuales le interesa un Estado autónomo?

¿No cabría incluir el delito organizado, a las maras y a los narcos en el pensamiento político que caracterice a semejante lugar (que no país ni mucho menos nación), y reflexionar sobre la legalización de las drogas y la negociación corporativa con los criminales, quienes también manejan la seguridad pública? Y si esta idea se rechaza por demencial, en nombre de valores como la democracia, la libertad de empresa y la igualdad ante la ley, ¿cómo encajar este ideario -que supone la autonomía y la soberanía del Estado- en un territorio gobernado por los poderes fácticos mencionados, que también financian a los partidos políticos? ¿Por qué seguir jugando a ignorar estos hechos innegables? ¿Por qué continuar simulando una guerra contra el narcotráfico si todos sabemos que si esa actividad cesara el sistema financiero colapsaría?

Hay que pensar este lugar como lo que es, si es que insistimos en convertirlo en lo que queremos que sea.