Arnaldo Pérez Guerra: Chile: Viviendas de nailon

La ministra de Vivienda, Patricia Poblete, reconoció "responsabilidades administrativas" en la entrega de casas a medio terminar a pobladores de la ex toma de Peñalolén. Las "casas chubi" -llamadas así por su pequeño tamaño y colores-, no resistieron las primeras lluvias. Se inundaron pues no tienen ventanas ni canaletas. Las autoridades iniciarán un sumario en el Serviu: "Di instrucciones precisas que no se trasladara gente a casas que no estaban terminadas. El director del Serviu me aseguró que así se estaba haciendo. Esperamos en los próximos días tener las medidas administrativas que corresponden y se aplicarán con toda severidad", aseguró la ministra. Las autoridades recalcaron que no se trata de un nuevo caso Copeva. "Constaté en el lugar que efectivamente hay casas que se entregaron sin estar terminadas, pero estas casas tienen una buena construcción, no son casas Copeva", afirmó.

Ya se han entregado seis conjuntos habitacionales similares, que presentan problemas en ventanas, techos y junturas de paredes, además de deficiencias eléctricas. La lluvia se filtró desde los techos mojando paredes principalmente en los conjuntos Microbuseros, Medialuna y Huasos de Peñalolén. En muchas viviendas no se habían terminado los empalmes eléctricos. Los patios también se inundaron. Hubo roturas de pavimento por acción del agua. La empresa constructora responsable es Concreta S.A.

"No hay filtraciones, no hay problemas de humedad en las paredes ni son casas que se estén lloviendo", insistió la ministra Poblete. El último temporal en el centro y sur del país dejó veinte mil damnificados y obras recientes de infraestructura colapsadas. Unas 1.500 viviendas sociales sufrieron daños en Curanilahue. El 45 por ciento de los 33 mil habitantes de esa comuna de la VIII Región vive en la pobreza. Trece mil familias resultaron afectadas en ocho poblaciones de Curanilahue. Además, los muros de contención y defensas fluviales resultaron insuficientes para contener el desborde de esteros y ríos.

Entre otras comunas afectadas estuvieron Canela e Illapel, Valparaíso -con derrumbes en cerros-, San Fernando -500 familias anegadas-, y Toltén, Lonquimay, Teodoro Schmidt y Carahue, en la IX Región, donde dos mil personas resultaron damnificadas y localidades aisladas como Ñancureo y Troyo, habitadas por pehuenche. Nuevamente la solución fue distribuir nailon y sacos de arena.

En Santiago, colapsaron las autopistas del Sol, Central y Los Libertadores. En comunas como San Miguel y Pedro Aguirre Cerda, se volvieron a inundar los pasos bajo nivel. Juan Eduardo Valdivia, subsecretario de Obras Públicas, señaló que en 2007 se construirá el 50 por ciento de los colectores de aguas lluvias proyectados para Santiago, a un costo de 390 millones de dólares: "El compromiso es terminar para 2007 la mitad de los colectores primarios -con diámetro superior a 80 centímetros- que se necesitan para Santiago". Los colectores entregados son los de Grecia-Quilín, El Salto, Zanjón de la Aguada, Santa Rosa y Avenida Colombia, pero allí también hubo algunos problemas y un obrero resultó muerto.

La negligencia de las constructoras, del Minvu y Serviu se repiten. Familias recién trasladadas a las poblaciones "chubi" sufrieron las consecuencias. Volvió el nailon a cubrir techos y murallas de las casas recién inauguradas, que tienen 29 metros cuadrados y se ubican al final de Avenida Las Perdices, en Peñalolén. Las viviendas de 420 UF les fueron entregadas con problemas en el cableado eléctrico y de terminaciones, incluyendo baños, puertas y ventanas: el Serviu y el municipio se apresuraron en trasladar a los pobladores a casas que no reunían condiciones mínimas de habitabilidad.

No hay para todos

Los pobladores de la toma de Peñalolén habían denunciado este problema con antelación. Unos 450 pobladores aún habitan la toma, algunos a la espera de que les entreguen sus casas "chubi" y otros, que no accedieron a ninguna solución, serán desalojados definitivamente. El 26 de mayo maquinarias municipales y de la Intendencia echaron abajo el jardín infantil El Canelo. Al jardín acudían a diario unos 50 menores. "No sólo se echó abajo el centro infantil sino también los hogares de los niños. La sede social también fue destruida. Hay familias que quedaron con lo puesto y otras corren igual riesgo", señalan. Algunos hechos: un grupo de seis pobladores inició una huelga de hambre el 25 de mayo. Cuatro días después, Carabineros realizó un violento desalojo. Sobre el techo de sus hogares, dos jóvenes intentaron quemarse a lo bonzo, provocándose quemaduras en caderas y piernas.

La lucha ha sido asumida por la Agrupación de Allegados y Arrendatarios 'No Nos Moverán', que agrupa a unas cien personas. No Nos Moverán presentó un proyecto al Serviu para una solución habitacional fuera de la comuna, en terrenos de 100 metros cuadrados con una construcción de 42 metros cuadrados. Un sueño en comparación con las casas "chubi". Cuentan con los requisitos que Serviu establece para la postulación, pero las autoridades aún no cambian el uso de suelo de los terrenos. Está el compromiso de compraventa de la hacienda El Sol y La Luna, en Lampa, y el loteo y diseño de las viviendas. El alcalde de Lampa, Carlos Escobar, apoyó la solución planteada por los pobladores y en Maipú, el alcalde Alberto Undurraga también los apoyó en principio, pero luego se opuso. Señalan que el alcalde de Peñalolén, Claudio Orrego, jamás los ha apoyado: "La Intendencia es la única que nos ha escuchado y orientado. Nuestra gente tiene libreta de ahorro, algunos tienen subsidio y otros subsidio y boucher -donación de 117 UF-pero lamentablemente no podemos vivir en las libretas de ahorro ni en los subsidios. La responsable de nuestra situación es la política habitacional, que segrega y discrimina", dice Carol Alvear, dirigenta del comité.

Para el municipio, los pobladores se quieren "apropiar" de los terrenos en la ex toma de Peñalolén: "Son gente que se ha colado y que nunca ha vivido en el lugar", dice el alcalde Claudio Orrego. Pero los pobladores señalan que viven ahí hace años: "Algunos llegamos en 1999 con una organización de allegados que se había preparado para la ocupación. Otros vinimos al escuchar las noticias. Con la toma denunciamos la injusticia del sistema de vivienda básica, su segregación social, mala construcción a manos de empresas como Copeva, y la vergüenza de departamentos que a poco de entregados tenían que revestirse de nailon para que no se filtrara la humedad", agregan.

Los terrenos hoy en conflicto se expropiaron pero no para viviendas sociales, sino para un "Central Park" que contempla estadio, cine y tiendas comerciales. No Nos Moverán ha dialogado con asesores de gobierno planteando que el terreno Serviu de Las Torres con Tobalaba está disponible y que lo podrían comprar. Pero no hay respuesta.

Altos del Maipo

Con las primeras lluvias también vuelve la angustia para los pobladores de viviendas sociales en Puente Alto. Dirigentes de la Agrupación Nacional de Deudores Habitacionales (Andha-Chile) de la población Altos del Maipo relatan algunos problemas que sufren 700 familias que habitan el conjunto. Sonia Gutiérrez señala: "El 80 por ciento de la gente tiene dividendos atrasados, unos pocos han podido repactar y los bancos llaman amenazando que van a rematar las casas. Vivimos en la angustia".

Altos del Maipo se encuentra al lado de la Villa El Volcán y de la población Marta Brunet. Es un sector peligroso por la delincuencia y marginalidad. "Hay viviendas que han sido desmanteladas cuando entran a robar. Hay familias asaltadas en la puerta de sus casas y jóvenes que han quedado inválidos producto de la delincuencia. Nos llevaron a un sector marginal y le estamos pagando al banco un crédito hipotecario usurero", agrega. Sus viviendas sociales no superan los 42 metros y pagan entre 50 y 80 mil pesos mensuales de dividendo. Quienes han repactado han sido obligados a hacerlo a 30 ó 40 años plazo. "Si siguen repactando no acabarán de pagar nunca y perderán sus casas. Hay ancianos a los que se les dio un crédito pero no tienen renta, otros no tienen seguro de desgravamen. Si es una vivienda social no tiene por qué pagar a un banco, debiéramos estar todos en el Serviu. Lo único que pedimos es pagar lo justo. Nuestras viviendas no valen más de 5 millones de pesos, y están mal construidas", dice.

Participan con otras organizaciones de deudores en una mesa de trabajo con autoridades del Ministerio de Vivienda y esperan una respuesta del Ministerio de Hacienda. Señalan que el último anuncio del gobierno benefició a algunas familias del Fondo Rotatorio y a otras -un treinta por ciento- que les condonaron deudas porque habían postulado al Serviu y fueron mandados directamente a la banca privada: "Ese fue un error del Serviu que debieron reconocer. A un porcentaje de deudores del Serviu se les condonó la deuda o se les bajó la cantidad de años a pactar, sin embargo, para nosotros no hubo beneficio. Estamos en la banca privada como las familias del Fondo Rotatorio y queremos pagar lo justo por una vivienda social. Exigimos que a los discapacitados, tercera edad y personas que tienen enfermedades catastróficas se les condone la deuda. También hemos pedido pagar un dividendo justo, que no sobrepase el diez por ciento del sueldo mínimo, y en un plazo máximo de diez años. El avalúo fiscal de nuestras viviendas es de cuatro millones y medio a seis millones de pesos. Pero estamos pagando -sin ningún atraso y sin repactar- entre 18 y 22 millones, es decir 4,4 veces una casa. Es usura y una injusticia con los pobres y la clase media-baja. Es increíble el robo que hizo el Estado al mandarnos a la banca privada", dice Sonia Gutiérrez.

Pliego de la familia

Ingrid Figueroa, vive en el pasaje río Valdivia en Altos del Maipo. Señala que tras las fachadas de las casas se esconden muchas realidades y necesidades de la gente. "Las casas son un poco más grandes que las de las villas circundantes, pero por lo mismo hay más allegados. Y los dividendos son más altos. Muchas familias que ya han repactado hoy no pueden pagar. Sabemos de vecinos que deben nueve y hasta 24 dividendos. ¿Cómo puedes pagar si no tienes trabajo? Así no es posible salir adelante. Estamos luchando porque queremos una solución a esto y pagar lo que es justo. Muchos tenemos hijos pero no podemos mandarlos a buenos colegios para que surjan, tenemos que conformarnos con la educación municipalizada que es pésima. Es injusto terminar pagando hasta cuatro veces una casa que además no vale ni siquiera el costo de una. Si no podemos pagar nos van a dejar en la calle junto con nuestros hijos".

Las viviendas de Altos del Maipo pertenecen al Programa Especial de los Trabajadores (PET), que fue instaurado durante el gobierno de Aylwin como solución para pobladores que tenía un ingreso algo superior a quienes normalmente postulan a viviendas sociales. Tatania Díaz, señala: "Algunos trabajadores al momento de postular al PET tenían una renta suficiente para hacerse cargo del pago. Una primera etapa fue entregada en 1999 y quedó muy mal echa. Estaba a cargo de Copeva. Cuando estalló todo el problema de las casas nailon en la Villa El Volcán y Villa Ferroviarios, Copeva se vio en la obligación de construir la segunda etapa de nuestra población con ladrillo princesa. La primera etapa esta hecha sólo con bloques. Nuestras casas presentan problemas estructurales, defectos y fisuras de construcción. Las cañerías de baños y cocinas están hechas de PVC. Las casas no valen lo que nos cobran por ellas. Además, el sector está abandonado por las instancias de gobierno y municipales. Hay pobreza, delincuencia y mucha frustración. Hemos llamado la atención de las autoridades por problemas con la compañía telefónica, por el robo de cables, por los basurales aledaños y las plagas de garrapatas y ratones. Pero el alcalde brilla por su ausencia. Ha bajado la plusvalía de nuestras casas. Nos condenaron a vivir en un hoyo. El gobierno dice que entrega ayuda social a los pobres pero esa ayuda no llega a quienes hacen esfuerzos sobrehumanos por estar al día en sus compromisos y pagar sus dividendos. La gente con problemas sociales va mucho más allá de la que aparece en las cifras como indigente".

Puente Alto posee la mayor cantidad de deudores hipotecarios en todo el país. Luis Mondaca, dirigente de Andha, señala: "Nos organizamos para lograr un cambio en la política habitacional. El ministerio y el gobierno han mostrado su disposición para conseguir una solución para los deudores de la banca privada con garantía estatal llamados PET, los del subsidio general unificado e, inclusive, quienes se están en el Fondo Rotatorio. A todos los unifica el régimen bancario, la ley de bancos, la garantía estatal en el seguro de remate y la garantía de la letra hipotecaria. Eso hace un conglomerado de, al menos, 400.000 viviendas y familias. El Estado da una cifra de 700.000 viviendas, pero creemos que se debe 'limpiar' esa cifra. En 1990, Aylwin promulgó la ley 19.003 que condonó deudas. En diciembre de 2005 se logró que a muchos vecinos del Fondo Rotatorio se les condonaran deudas. Los deudores del PET, el Decreto 120 Leasing y el Subsidio General Unificado también debieran ser beneficiados pero existen operadores financieros que transan en la bolsa las letras y están interesados en mantener deudores habitacionales y grupos de presión social". Andha ha levantado el "Pliego de la familia" que resume las reivindicaciones del sector: Extinción definitiva de la deuda Serviu; el aseguramiento de una política de vivienda digna y de calidad para todos los sin casa; la reparación al daño causado para aquellas familias que han sido víctimas de la política habitacional; retorno de las familias deudoras del Fondo Rotatorio al Serviu; reconocimiento del avalúo fiscal como el valor real de las viviendas; pago de dividendos que no supere el 10 por ciento del sueldo mínimo con un tope de 25 por ciento del ingreso; pagos con un tope de 10 años como máximo; traspaso de los deudores del leasing al BancoEstado; tasas de interés fijas; condonación de la deuda hipotecaria con garantía estatal a quienes están imposibilitados de pagar: tercera edad y enfermos catastróficos.