Jeannette Sánchez: Ecuador: Una alianza de centroizquierda

Rafael Correa, candidato presidencial de la tendencia de centroizquierda en Ecuador, goza de la mayor preferencia del electorado ecuatoriano. Según las últimas encuestas (CEDATOS/GALLUP), hechas el 2 de octubre, el candidato cuenta con el 37% de respaldo. Su oponente más inmediato, que también forma parte de la tendencia, aunque articulado en un partido político tradicional de la socialdemocracia (Izquierda Democrática) le sigue muy de lejos con 16 puntos de diferencia (21%). El siguiente candidato en las preferencias es un candidato de derecha, el hombre con la mayor fortuna económica de Ecuador, Alvaro Noboa (19%). Si Rafael Correa logra alcanzar el 40% de los votos válidos en la elección del 15 de octubre, y mantiene una diferencia igual o mayor al 10% respecto a su inmediato seguidor, será el próximo presidente de los ecuatorianos en la primera vuelta electoral. Si no cumple con esta condición se dará una segunda contienda electoral con los dos candidatos finalistas en el lapso de un mes.

Varios factores favorecen la candidatura de Rafael Correa. Por un lado está su discurso contra lo establecido, luego de una seria crisis económica y política vivida en Ecuador. También cuenta su juventud, su alta capacitación y su independencia de los grupos de interés económico. Estos factores junto a su posición irreverente frente a la burocracia internacional dominante como el FMI o el BM que han impuesto largamente sus agendas en el país, lo hacen el candidato ideal del cambio, de la renovación, en un país cuyo sistema político y económico ya no da para más.

Su movimiento, Alianza País, es una agrupación formada por varias organizaciones y movimientos sociales y políticos que van desde posiciones políticas del centro hacia la izquierda, y ha tenido como virtud la capacidad de organizarse en el muy corto plazo, contrarrestando así la falta de estructura partidaria. Por otra parte el movimiento cuenta con un equipo activo de alto nivel académico que ha elaborado las propuestas de gobierno tras el candidato presidencial. La consigna del movimiento y la propuesta ha sido la revolución ciudadana. Su plan de gobierno gira en torno a cinco ejes.

Una revolución política que plantea devolver el poder a los ciudadanos, luego de una seria crisis política y de institucionalidad. Para ello se plantea convocar una Asamblea Constituyente que tendrá entre sus puntos clave de agenda: reestructurar el Congreso Nacional, para que verdaderamente represente a la ciudadanía, despolitizar los tribunales y las autoridades de control, quitar a los partidos políticos el control de los organismos electorales.

Una revolución ética, que plantea una lucha frontal contra la corrupción. Para ello se propone, empezar con el ejemplo de honradez y compromiso del mismo Presidente, quien podrá ser revocado de su cargo si no cumple con su cometido; la transparencia en la gestión pública; la institucionalización de veedurías ciudadanas; y, hacer cumplir la ley cuando existan actos corruptos en la gestión pública.

Una revolución económica y productiva, que plantea favorecer la estabilidad de la economía real, esto es de la producción y el empleo, fortalecer la economía popular y el empleo para los jóvenes, quienes están particularmente afectados en el mercado laboral. Para ello se plantea la centralidad del objetivo de empleo en la política pública, y en la política macroeconómica. Se plantea una política sectorial que fomente los sectores económicos de mayor impacto en el empleo e ingresos, una política comercial responsable con el interés de las mayorías (empleo e ingresos) y no con ciertos grupos de exportadores. Existe oposición al TLC con Estados Unidos, por su agenda extra-comercial que compromete la soberanía y sostenibilidad del país, se apuesta, sin embargo, a un comercio exterior basado en una competitividad genuina y no en pobreza o degradación ambiental. Finalmente, esta revolución plantea políticas activas y pasivas para favorecer el trabajo. En suma, se propone movilizar todo instrumento y recurso público para favorecer una reactivación económica incluyente y ambientalmente sostenible en un país que debe confrontar sus altas desigualdades sociales y regionales, además de sus graves problemas ambientales y de manejo de sus recursos naturales.

Una revolución educativa y de salud, que mira la educación y salud como derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas. Se reconoce que el mayor potencial del país es su gente, y que se requiere invertir en ella. Se da prioridad al impulso de la educación básica de calidad gratuita para todos, articulada con los programas de salud preventiva, nutrición y producción, dando énfasis a las zonas populares urbanas y rurales, así como al mejoramiento continuo de las capacidades docentes del sistema educativo. Se plantea apoyar la mejora en la calidad y pertinencia de la educación según las condiciones de multi-culturalidad de la sociedad ecuatoriana, integrando la tecnología más moderna.

Finalmente se plantea una revolución soberana y la integración latinoamericana. Para ello se propone hacer respetar la soberanía y dignidad del país e impedir la injerencia de ejércitos extranjeros, por lo que no se firmará la renovación del Acuerdo de la Base de Manta, que permitía al ejército estadounidense tener una base en Ecuador para la lucha contra el narcotráfico originario en Colombia, que en los hechos ha implicado una intervención geopolítica para control de la guerrilla en ese país. Se expresa también una posición clara de impedir la injerencia de las burocracias internacionales, que imponen agendas, al margen del interés nacional y las prioridades de su gobierno. Otros propuestas plantean el manejo soberano del petróleo y el impulso de un Fondo latinoamericano para las Finanzas y el Desarrollo, así como la constitución de empresas latinoamericanas en petróleo, electricidad, gas y telecomunicaciones, que buscan apoyar la construcción de una patria grande, Latinoamérica, y hacer realidad el sueño de Bolívar.

De triunfar el candidato Correa y la Alianza País, se reforzaría la tendencia de centroizquierda que recorre la actual coyuntura de América Latina. Esto implica una orientación de política económica confrontativa con la política neoliberal y la agenda del Consenso de Washington, que heterogeneamente ya se viene aplicando en varios países de la región.