Un éxito sindical en el Parlamento europeo

El 14 de febrero, cerca de 50.000 sindicalistas, convocados por la CES y las federaciones sindicales europeas, llenaron las calles de Estrasburgo en apoyo de unas propuestas que, en lo sustancial, han sido recogidas tras un largo proceso de negociaciones que llevaron al mencionado acuerdo de los grupos socialista y popular.

En efecto, en el artículo uno se recoge íntegramente la redacción propuesta por la CES para excluir del ámbito regulador de la directiva las condiciones de trabajo en su definición más amplia, por lo que en la actividad de cualquier empresa de servicios en otro país de la UE sus trabajadores se regirán por las leyes y convenios del país en donde desarrollen su trabajo; si la actividad requiere un desplazamiento temporal de trabajadores a otro país, la regulación laboral se regirá por la Directiva de desplazamiento de los trabajadores del año 1971.

El texto incluye una referencia al respeto a los derechos sindicales incluidos en la Carta de Derechos Fundamentales.

En relación a los servicios de interés general y la petición de exclusión de los mismos de la directiva, los resultados son más parciales pero las mejoras son claras, sobre todo porque el controvertido principio del "país de origen" (para la regulación y control de la actividad) queda suprimido, lo que puede considerarse como uno de los mayores logros del acuerdo parlamentario. No obstante, el artículo 16 reconoce el principio de libertad de prestación de servicios y exige que los gobiernos no le pongan trabas artificiales, aunque sí permite de modo general que los gobiernos puedan regular los aspectos de la actividad relacionados con "orden público, seguridad pública, protección del medio ambiente y salud pública". A los servicios económicos de interés general (agua, gas, electricidad, gestión de residuos, etc.) no se les aplica este artículo, lo que significa que pueden establecerse regulaciones nacionales a las que deberán someterse todas las empresas que quieran actuar en este sector.

Quedan excluidos de la Directiva: los servicios de interés general, cuya definición y ámbito se hará por los gobiernos nacionales, pero que, en todo caso, incluyen los públicos fundamentales (salud, educación obligatoria, los servicios sociales añadió el PE, etc.); los ya regulados por otras directivas europeas (financieros, transportes, comunicaciones electrónicas, etc.); agencias de trabajo temporal (ETT), servicios de seguridad, audiovisuales, culturales, etc.

Los cambios adoptados por el Parlamento Europeo (PE) suponen un notable éxito para la CES que durante los dos últimos años ha sabido combinar medidas de presión con capacidad de propuesta y negociación. También ha sabido articular el trabajo de sus órganos permanentes con las federaciones sindicales europeas y las centrales nacionales. En España, al igual que en otros países de la UE, se han defendido las propuestas de la CES -por CC.OO. y UGT- ante el Gobierno y nuestros parlamentarios europeos, y se han celebrado acciones complementarias a la euromanifestación.

No hay que bajar la guardia

El procedimiento de codecisión significa que a partir de ahora la Comisión elaborará un informe que someterá al Consejo junto al texto aprobado en el PE; el Consejo podría remitir un nuevo texto con las modificaciones que considerase oportunas al PE que debatiría en segunda lectura; si las posiciones divergen se formará una comisión de conciliación entre ambas instituciones para lograr un acuerdo final o el proyecto decae.

La patronal europea y numerosos gobiernos del centro y el este de Europa ya han expresado su oposición al acuerdo PSE-PPE, reivindicando la vuelta al espíritu del proyecto Bolkestein. No puede ser otra, a pesar de la ambigüedad del texto, la intención de los gobiernos de seis países (Reino Unido, Holanda, Polonia, Chequia, Hungría y España) que nada más conocido el acuerdo parlamentario pedían que no se "desvirtuara la directiva". Resulta difícil entender qué hace el Gobierno español con esas compañías en un tema como éste, por lo que habrá que pedirle con firmeza que apoye el acuerdo de los eurodiputados socialistas y populares.

(*) Javier Doz es secretario confederal de Acción Sindical Internacional de CCOO.