Intervención del Colectivo Hetaira en la comisión del Congreso de los Diputados de España

Intervención del Colectivo Hetaira en la comisión del Congreso de los Diputados de España

Señoras y señores diputados:

En primer lugar, desde Hetaira (Colectivo en Defensa de los Derechos de las Prostitutas) queremos agradecerles la invitación a esta comisión. Una comisión que cuando fue anunciada nos llenó de alegría y esperanza, pensando que la sensibilidad que este gobierno está demostrando tener para garantizar los derechos democráticos de las minorías, por ejemplo de gays, lesbianas y transexuales, quizás alcanzaría también a las trabajadoras del sexo.

Pero esta alegría duró poco. El 9 de mayo el periódico El País recogía las declaraciones que los dos partidos mayoritarios habían hecho antes de empezar el trabajo de esta comisión. Ambos se manifestaban partidarios de anteponer la lucha contra la trata de mujeres a la regulación de la prostitución. Y, en este sentido, nos preocupa que el objetivo fundamental de esta Comisión, según hemos visto en la página web, sea elaborar un plan integral de lucha contra el tráfico de mujeres, niñas y niños. ¿Por qué no un plan contra el tráfico de seres humanos independientemente del sector laboral al que este tráfico va dirigido? El que las mujeres aparezcan con las criaturas ¿no es más de lo mismo? ¿No implica una cierta consideración de las mujeres como seres menores de edad?

Pero no sólo nos preocupa este planteamiento sino que también creemos que es erróneo. La experiencia ha demostrado que la lucha contra el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual es más eficaz cuando se da en un marco en el que la prostitución voluntaria es legal ya que sólo cuando el delito está claramente diferenciando de la legalidad es posible perseguirlo eficazmente. Por el contrario, en la situación actual las mafias se amparan en la situación de alegalidad y semiclandestinidad que rodea a la prostitución voluntaria siendo más difícil su persecución como recoge el informe de la Unidad Técnica de Policía de la Guardia civil publicado en 2004 que reconoce que: "el ejercicio de la prostitución…. tampoco está claramente reconocido como actividad laboral, por lo que la actuación policial contra el TSH con fines de explotación sexual se complica".

Frecuentemente en los debates sobre prostitución se contrapone la erradicación de la prostitución a su legalización, tratando la prostitución como si se desarrollara siempre de una única manera. La experiencia nos demuestra que la prostitución se puede dar en circunstancias muy diferentes y que, desde el punto de vista legislativo es imprescindible tener presente estas diferencias. Especialmente hay que diferenciar aquellas situaciones en las que se obliga a una persona a ejercer la prostitución en contra de su voluntad mediante violencia, chantaje, coacción o engaño de lo que es la prostitución ejercida por voluntad propia. Cuando la prostitución es ejercida de manera obligada y se desarrolla, frecuentemente, en unas condiciones semejantes a la esclavitud (manteniendo a las mujeres secuestradas, amenazando sus vidas, obligándolas a ofrecer todo tipo de servicios sexuales…) hay que empeñarse en erradicarla y nuestro Código Penal cuenta con instrumentos suficientes para perseguir y castigar estas prácticas.

No obstante, para que esta persecución sea eficaz es necesario desarrollar medidas de protección a las víctimas que hoy son claramente insuficientes, como recoge el informe de la Guardia Civil mencionado anteriormente y que plantea que: "La oferta de los beneficios de la Ley de Protección de Testigos no motiva mucho a la denuncia, debido a que conseguir esos beneficios en la práctica es muy difícil y costoso" ya que tiene que "proporcionar datos esenciales" que sirvan para desmantelar la red. Este planteamiento representa un grave problema pues esos beneficios se aplican a modo de contraprestación y no como medidas de protección para las personas que han sufrido graves violaciones de sus derechos más elementales.

En su artículo 3.1 la ley de testigos protegidos dice textualmente: "Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Ministerio Fiscal y la autoridad judicial cuidarán de evitar que a los testigos o peritos se les hagan fotografías o se tome su imagen por cualquier otro procedimiento, debiéndose proceder a retirar el material fotográfico, cinematográfico, videográfico o de cualquier otro tipo a quien contraviniere esta prohibición". Sin embargo, todos hemos visto en alguna ocasión imágenes en televisión, ofrecidas por los propios cuerpos de seguridad del Estado, en donde las mujeres son alineadas frente a la barra del club, tratadas como auténticas delincuentes y no como víctimas de un delito.

Frente a la prostitución forzada es necesario que se persiga con determinación a las mafias que mantienen a las mujeres trabajando en un régimen de esclavitud. Pero las acciones que se realicen deben poner en primer término la protección de las mujeres que denuncian sin criminalizar a las víctimas y dándoles posibilidades de quedarse en nuestro país, pues eso es lo que muchas de ellas desean.

Los gobiernos de Holanda e Italia tienen en marcha una serie de medidas que sería interesante estudiar. Algunas de estas medidas podrían ser:

-una ley y un programa de testigos protegidos que garantice la seguridad de las víctimas y les de garantías suficientes como para colaborar en la detención de las mafias que les extorsionan.
-que no se tenga en cuenta la situación de irregularidad administrativa de quienes han sido coaccionadas por mafias de tráfico de seres humanos y por tanto que no se expulse a las víctimas.
-centros de atención donde puedan vivir y donde se procure su recuperación (física y psicológica). Instituciones que les aseguren tranquilidad para que puedan decidir qué hacer con sus vidas.
-que se les garantice información y orientación jurídica.
-atención sociolaboral y la colaboración del INEM para facilitarles formación e información sobre ofertas de empleo.
-que se facilite el retorno, lo antes posible, de aquellas víctimas que deseen regresar a sus países de origen.
-la prohibición de emitir las imágenes grabadas por miembros de fuerzas de seguridad del Estado de detenciones y redadas y su emisión por los medios de comunicación (sean de titularidad pública o se trate de cadenas privadas).

Pero, como antes he planteado, desde el punto de vista legislativo la mejor garantía para una lucha eficaz contra el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual es la legalización de la prostitución ejercida de manera voluntaria. En este sentido, considerar que todas las mujeres inmigrantes que ejercen la prostitución son víctimas obligadas a trabajar en ello ni se corresponde con la realidad ni parece el mejor camino para proteger los derechos de estas mujeres.

Últimamente se ha repetido hasta la saciedad que un 95% de las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen obligadas. Esta cifra ha sido dada por la Plataforma para la Abolición de la Prostitución y repetida en el informe que elaboró la UGT, en las declaraciones que hizo el Instituto de la Mujer a raíz de la propuesta de la Conselleria de Interior de la Generalitat de Catalunya y reproducida en una editorial que el periódico El País sacó en el mes de marzo. Este dato es en sí mismo falso y no está basado en ningún estudio ni trabajo de calle, como recientemente reconoció el Defensor del Lector de El País. Pero lo más preocupante es que sirve para argumentar que no se puede regular la prostitución ni reconocer los derechos de aquellas trabajadoras del sexo que quieren seguir trabajando porque estas prácticamente no existen, ya que son un porcentaje bajísimo, según estos sectores y lo que hay que hacer es abolir la prostitución y luchar para que desaparezca, siendo una regulación de la misma contraria a esta finalidad.

Las cifras que ha recogido Hetaira así como las que he tenido ocasión de consultar no reafirman para nada este dato. Por el contrario, el trabajo que venimos haciendo en Hetaira desde hace 11 años nos dice que un 85% de las mujeres que captan su clientela en las calles de Madrid lo hacen por decisión propia, aunque obviamente esta decisión está condicionada por el nivel económico, cultural y social de estas mujeres así como por el hecho de ser, en su mayoría, mujeres inmigrantes en situación irregular. Pero estas circunstancias no quitan para que, muchas de ellas hayan venido a este país con la intención de trabajar como prostitutas y otras muchas lo han decidido una vez aquí cuando han visto las posibilidades laborales que nuestro país les ofrecía. Un 5% de las mujeres que Hetaira se encuentra trabajan claramente obligadas por mafias, que las controlan permanentemente y que no dejan que hablen con nadie salvo con los clientes para establecer el trato. Así mismo, aproximadamente en un 10% de casos vemos que las mujeres tienen "amigos que las protegen" y que, probablemente, las someten a algún tipo de coacción, pues manifiestan miedos y están siempre muy alertas a lo que ellos puedan hacer. Parece claro que estas cifras no pueden generalizarse porque no están basadas en un estudio que tome una muestra amplia de la prostitución en el conjunto del estado español ya que están basadas en nuestra experiencia en Madrid, pero creo que dan una idea más clara de la realidad de la prostitución de calle.

Dejando de lado la guerra de cifras, no creo que con unas cifras u otras quede justificada la actitud de posponer el reconocimiento de derechos para quién ejerce la prostitución voluntariamente. Incluso suponiendo que fuera un tanto por ciento pequeño de trabajadoras las que lo hicieran sin coacción de terceros, si estas quieren seguir ejerciendo, el estado debería contemplar sus derechos laborales y sociales para garantizar que nadie las explote laboralmente ni se aproveche de la situación de alegalidad en la que actualmente se mueven. Un estado democrático se define precisamente por defender los derechos de las minorías. Son las posiciones autoritarias quienes se oponen al reconocimiento de dichos derechos, como escuchamos con el matrimonio gay, sobre la base de que atentan al bien común del matrimonio heterosexual. Pero ¿contra qué supuesto bien atenta la oferta y la demanda de servicios sexuales entre personas mayores de edad que deciden por sí mismas?

Cuando la filosofía abolicionista guía las decisiones políticas presenta una serie de problemas que, en lugar de favorecer a las mujeres, como se pretende, acaba empeorando su situación y dejándolas más desprotegidas que como están en la actualidad. El abolicionismo no es realista, plantea que sólo hay que penalizar a proxenetas y clientes y que hay que "convencer" a las mujeres para que abandonen la prostitución pero ¿qué pasa con aquellas que no quieren abandonarla? ¿alguien les pregunta qué quieren hacer? Porque uno de los problemas fundamentales de esta filosofía es que no tiene en cuenta las opiniones de las trabajadoras del sexo ya que siempre son consideradas víctimas, sin capacidad para decidir por sí mismas. Incluso, cuando éstas dicen abiertamente que quieren continuar ejerciendo la prostitución esta decisión es cuestionada por considerarlas alienadas por la explotación sexual que los hombres ejercen sobre ellas. En consecuencia, no merece la pena preguntarles pues se presupone que lo mejor para ellas, quieran o no, es reinsertarse y abandonar la prostitución.

Llevamos años defendiendo desde el feminismo la capacidad de decisión de las mujeres y que las medidas necesarias para proteger a los sectores más vulnerables de mujeres, no consideren a éstas sujetos menores de edad y tengan en cuenta sus decisiones. La protección debe servir para aumentar los márgenes de decisión que tienen las mujeres. Por el contrario, lo que estamos viviendo en la actualidad con la prostitución de calle en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia va en la dirección contraria. Las medidas que han adoptado los Ayuntamientos de dichas ciudades empeoran la situación de las trabajadoras del sexo que captan su clientela en la calle y las someten a situaciones de mayor riesgo y vulnerabilidad. Con la excusa de luchar contra la explotación sexual de estas mujeres se las persigue y acosa, vulnerando sus derechos más elementales, como es la libre circulación o el respeto a su dignidad. Es decir, con la filosofía abolicionista como bandera se acaban aplicando políticas criminalizadoras y represivas contra las prostitutas y su entorno.

La realidad, nuevamente, se impone aunque quienes defienden posiciones muy ideologizadas no quieran reconocerlo. En Suecia, país modelo de lo que significa legislar desde el abolicionismo no ha desaparecido la prostitución. Por el contrario, lo que ha pasado es que la prostitución es clandestina y las condiciones en las que las mujeres ejercen han empeorado, por lo que se produce una mayor discriminación de las trabajadoras del sexo, según manifiestan las propias trabajadoras sexuales y numerosas analistas del caso sueco. Incluso el Consejo Nacional de Salud y Bienestar del gobierno sueco y el subjefe de la Brigada Antivicio de la Policía de Estocolmo, plantean que ha disminuido el nº de mujeres suecas que ejercen la prostitución en la calle aunque ha aumentado la prostitución en apartamentos y por Internet y, lo más terrible, es que ha aumentado el nº de mujeres extranjeras traficadas por las mafias (El Mundo, 24/11/05).

Es decir, las legislaciones abolicionistas acaban discriminando más a las trabajadoras del sexo y sometiéndolas a condiciones de mayor explotación y abuso por parte de clientes y empresarios. La persecución de los clientes empeora las condiciones de trabajo porque los tratos deben ser rápidos y semiclandestinos con lo que las prostitutas salen perdiendo en esas negociaciones y los clientes imponen sus condiciones. Así mismo, la penalización de los dueños de los clubes tratándoles como proxenetas dejan totalmente desprotegidas a las trabajadoras que deben aceptar las condiciones empresariales (horarios de 24 horas sin descansos estipulados, imposición de la clientela y los servicios sexuales que ofrecen, porcentajes abusivos sobre el trabajo que realizan...) sin ninguna ley que las proteja. En última instancia, además, estas políticas favorecen el desarrollo de mafias y chulos dado que no hay una división clara entre lo que debería ser legal (la prostitución voluntaria) y las prácticas delictivas y coactivas que encuentran un terreno abonado para desarrollarse al amparo de las prohibiciones que las legislaciones abolicionistas establecen sobre todo el entorno de la prostitución.

Quisiera ahora hablar de un tanto por ciento muy elevado de mujeres, mayoritario según nuestros datos, que desea continuar ejerciendo la prostitución pero en mejores condiciones. Desean ser tratadas con dignidad, sin ser estigmatizadas por desarrollar ese trabajo; desean no ser discriminadas y tener los mismos derechos que otros trabajadores; aspiran a poder trabajar en la calle pero en zonas tranquilas, seguras, sin ser molestadas y sin molestar ellas a nadie... Este sector de mujeres es el que con frecuencia queda en el olvido cuando se habla de prostitución reduciéndola toda al problema de las mafias, de la trata de mujeres y de la esclavitud sexual.

Ya he dicho que nos parece imprescindible denunciar que hay mujeres obligadas por las mafias a prostituirse en régimen de esclavitud, que temen por su vida, que están secuestradas, amenazadas y que no tienen ninguna capacidad de negociar ni los servicios sexuales ni la clientela. Y estas situaciones no pueden ser minimizadas al equipararlas con las de aquellas que deciden ejercer por decisión propia, aunque esta decisión este condicionada por múltiples factores, como ocurre con todas las decisiones que las personas tomamos a lo largo de nuestra vida. Ser amenazada por terceros para obligarte a ejercer la prostitución es algo terrible que no puede ser trivializado al compararlo con los condicionamientos sociales o económicos que te llevan a tomar determinadas decisiones. Obviamente, para algunos sectores de mujeres estos condicionamientos son muy fuertes y muy determinantes, pero de lo que se trata es de mejorar la situación social de las mujeres en general y de aquellas más marginadas, pobres y excluidas en particular, para que cada vez los condicionamientos sean menores y el margen de decisión sea mayor.

Parto del hecho de que las trabajadoras del sexo son mujeres que, como la mayoría de nosotras, buscan la manera de vivir lo mejor posible dentro de las opciones que la vida les ofrece. En esta medida, la oferta de servicios sexuales es un trabajo para ellas, trabajo que debe ser reconocido legalmente, acabando con la hipocresía que hoy existe al respecto y articular los derechos sociales y laborales que se desprenden de ello. Seguir negando esto y mantener a las prostitutas en la situación actual colabora a que sigan siendo explotadas laboralmente, perseguidas y acosadas por la policía y sufriendo abusos y agresiones de cualquiera que se lo proponga como está sucediendo últimamente en Barcelona y Madrid.

Lo importante para nosotras es que las trabajadoras del sexo se constituyan y sean reconocidas como sujetos sociales y sujetos de derechos y consecuentemente cualquier medida legislativa que se tome tiene que tener en cuenta la voz de las trabajadoras del sexo. Se les tiene que consultar sabiendo que no tienen una voz unificada ni homogénea porque sus situaciones de trabajo y existencia son muy diversas y esta diversidad debe ser considerada a la hora de proponer medidas legislativas en relación a la prostitución. Así mismo, es necesario que se legisle pensando fundamentalmente en defender los derechos de la parte más vulnerable del entramado de la prostitución, es decir, las trabajadoras.

En concreto:

-Inmigrantes: considerar el trabajo sexual un medio de vida legítimo para conseguir legalizar la residencia.

-Prostitución de calle: Negociar la utilización de los espacios públicos, considerando en pie de igualdad a las trabajadoras del sexo y a los vecinos. Creación de zonas de tolerancia o barrios rojos donde se pueda trabajar en buenas condiciones de seguridad, tranquilidad e higiene. Esta medida debe imponerse a partir de políticas persuasivas en lugar de políticas criminalizadoras. En primer lugar porque, como la experiencia ha demostrado, las políticas prohibicionistas y criminalizadoras no acaban con el problema sino que lo agravan al empeorar las condiciones de trabajo de las mujeres y favorecer el desarrollo de mafias y chulos que encuentran en la ilegalidad un caldo de cultivo propicio para sus intereses. Pero en segundo lugar, porque estamos convencidas de que si existen lugares seguros y tranquilos para ejercer el trabajo sexual, la gran mayoría de trabajadoras se establecerá en estas zonas pues ellas son las primeras interesadas en trabajar en buenas condiciones. Así, solo quedarían fuera de estas zonas sectores muy minoritarios de trabajadoras sexuales que podrían ser asumidos por el vecindario sin generar grandes tensiones.

-Prostitución en clubs: Hay que entrar a regular las relaciones laborales cuando median terceros. Para ello es fundamental que se deroge la última modificación que se hizo del artículo 188 bis del Código Penal que considera delito "lucrarse explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma". Este añadido impide los tratos comerciales de las prostitutas con terceros y enmascara las relaciones que hoy se dan en muchos clubs donde los empresarios participan de las ganancias de las trabajadoras del sexo que están en ellos e imponen sus condiciones de sobreexplotación laboral (horarios sin descanso, sin vacaciones, imposición de los clientes y los actos que se venden, etc.) Esta realidad es recogida por el informe de la Guardia Civil antes mencionado, en el que se reconoce que: "Ahora muchas de las mujeres se captan (e incluso se ofrecen ellas mismas a las organizaciones) sabiendo desde el primer momento que van a trabajar como prostitutas. Por tanto se observa que la explotación va teniendo un carácter más laboral que sexual, puesto que los proxenetas reciben altísimos porcentajes del dinero (…) sin riesgos y sin necesidad de llegar al empleo de medios de coacción". Frente a esto: ¿por qué no evitar la explotación laboral, las malas condiciones de empleo, los sueldos abusivos, el exceso de horas de trabajo, la falta de convenios colectivos que regulen la situación? No sería más fácil entonces "detectar" las situaciones reales de TSH?

Nosotras creemos que hay que tener en cuenta que la prostitución no es un trabajo como cualquier otro, sino que tiene características especiales tanto por el estigma que recae sobre quien la ejerce como por ser actos sexuales lo que se ofrece. Teniendo en cuenta esto y la situación actual en la que los empresarios hacen lo que les da la gana sin que las trabajadoras tengan reconocido ningún derecho, las leyes no pueden contemplar sólo los aspectos de licencias, localización de los locales, aspectos sanitarios, etc. sino que deben defender la capacidad de autodeterminación de las trabajadoras en su trabajo y especialmente en relación a qué actos están dispuestas a vender y a quién. En este sentido es importante que se recorten las prerrogativas de la patronal (limitación de horarios, descansos semanales, separar el lugar de trabajo del de vivienda…) y que las licencias se concedan prioritariamente a los locales autogestionados y las cooperativas de trabajadoras sexuales. Para montar locales de alterne se debería tener en cuenta:

Permisos preferentes para los locales autogestionados y cooperativas de trabajadoras sexuales.

No conceder licencias a los "trusts" ni a personas individuales que tengan antecedentes penales por tráfico de drogas o agresiones. Somos conscientes de que defendiendo esto entramos en un conflicto de derechos pero tomamos parte por los derechos de las trabajadoras aunque eso implique cierta discriminación para aquellos que han tenido antecedentes penales.

No permitir que la patronal imponga el tipo de prácticas sexuales o las condiciones de trato con los clientes

Horarios pactados por ambas partes y en los que entre turno y turno haya, como mínimo, 10 horas para descansar. No a la disponibilidad total.

Libertad de movimientos para entrar y salir

Libertad para romper el contrato en cualquier momento por parte de la trabajadora.

Según el Ministerio holandés de Asuntos Exteriores en este país, con la legalización de la prostitución, se han reducido las mafias, la prostitución infantil y han mejorado las condiciones de trabajo de las trabajadoras del sexo. Con la equiparación de los burdeles a otros locales similares se ha conseguido la normalización y por tanto: la reducción de la criminalización; el que no haya menores; reducir el número de indocumentadas; que nadie con antecedentes penales esté al frente de los negocios; que los locales tengan normativas como sistemas de incendios, estándares de higiene, licencias y deberes fiscales; que las leyes de trabajo se apliquen a la industria del sexo; que el trabajo sea autónomo o sujeto a las reglas de la Seguridad Social, pero siempre contando con la autonomía sexual de las mujeres. Aunque la Ley holandesa también tiene problemas, siendo uno muy grave la exclusión de las inmigrantes como sujetos de derecho -lo que favorece el desarrollo de las mafias en este sector- y el que muchas competencias quedan en manos de las administraciones locales, etc.

Parece claro que ante la prostitución caben diferentes valoraciones morales, habrá a quién le parezca mejor o peor en función de las ideas que se tengan sobre la sexualidad, porque creo que, en última instancia, este es el problema. Todos vendemos algo para poder subsistir y lo que históricamente se ha planteado es mejorar las condiciones en las que se realizan los trabajos, nunca la abolición de uno en particular. Pero se diría que si esto se plantea con la prostitución es porque lo que se intercambia son servicios sexuales. Así, equiparar la prostitución con la violencia de género o con la esclavitud sexual parece que responde a una determinada idea de la sexualidad en la que la heterosexualidad y los hombres aparecen siempre bajo sospecha.

Respetando las posiciones de cada cual en relación a la sexualidad no creo que las feministas tengamos que ser las garantes de la moral pública, estableciendo lo que es políticamente correcto en el campo de las relaciones sexuales entre mujeres y hombres. Para mi, las relaciones sexuales deben regirse por los mismos valores que el resto de relaciones humanas: respeto, libertad, solidaridad,… el que sean comerciales o no solo incumbe a quienes lo practican, cuando éstos son mayores de edad y lo deciden por sí mismos. Defender que siempre la prostitución atenta contra la dignidad de las mujeres tiene el riesgo de caer en moralismos normativos que acaben coaccionando y limitando la capacidad de autodeterminación de las propias mujeres.

Espero que mi intervención haya servido para transmitirles que, independientemente de la opinión que nos merezca la prostitución, no podemos seguir permitiendo que un sector tan amplio de mujeres se vea desposeído de los derechos más elementales. Reconocer los derechos de todas las personas que ejercen la prostitución, no sólo de las que lo hacen obligadas, sino también de aquellas que voluntariamente hacen de la prostitución su trabajo es una cuestión de justicia que no puede posponerse por cuestiones electoralistas ni moralistas.