Chile: Represión a mapuches

Amnistía Internacional (AI) ha expresado al gobierno chileno su preocupación por las recientes detenciones de mapuches y la gravísima situación que afronta Juana Calfunao Paillalef y la Comunidad Juan Paillalef, en la comuna de Cunco, IX Región.

El 21 de diciembre de 2005, un grupo de mapuches bloqueó un camino del sector Laureles, en la comuna de Cunco, en protesta por la construcción estatal de un camino privado que cruza los terrenos donde está asentada la Comunidad Paillalef. Carabineros arremetió contra los comuneros mapuches usando bombas lacrimógenas y disparando balas a quemarropa en contra de manifestantes desarmados. Según organismos de derechos humanos, varias personas resultaron heridas y el caballo que montaba la lonko Juana Calfunao fue herido a bala por la policía.

Apenas dos días después -23 de diciembre-, unos doscientos efectivos de Carabineros ingresaron nuevamente a la comunidad disparando bombas lacrimógenas y balines. Esta vez, allanaron las viviendas sin que existiera una orden judicial. La casa de Juana Calfunao fue prácticamente destruida. Durante el allanamiento ilegal la policía causó destrozos en las viviendas y enseres, destruyó alimentos, generadores y confiscó herramientas de uso agrícola. Juana Calfunao y su hermana Ana Luisa fueron golpeadas y trasladadas, en calidad de detenidas, a la Tercera Comisaría de la localidad de Padre Las Casas.

Al día siguiente -24 de diciembre-, se les dejó en libertad por orden de la jueza del Tribunal de Garantía de Temuco, quien señaló que "el procedimiento de la detención se había realizado en forma ilegal e irracional". La jueza Luz Mónica Madariaga observó las heridas que presentan las hermanas Calfunao en el rostro y extremidades, lesiones que fueron constatadas ante el Servicio Médico Legal (SML) por disposición de la jueza, quien ordenó iniciar una investigación.

En una misiva enviada al gobierno chileno Amnistía Internacional (AI) señala: "Nuestro organismo se ha dirigido a las autoridades en varias ocasiones respecto a las situaciones de amenazas, hostigamiento y malos tratos denunciados a las autoridades por Juana Calfunao. Ha sido motivo de grave preocupación para la organización el que, según la información recibida por parte de las autoridades chilenas, las investigaciones no han concluido a pesar de que algunas de esas denuncias datan desde el 2000". Agrega: "Preocupa que agentes encargados de controlar el orden, en este caso Carabineros de Chile de la IX Región, hagan uso de armas de fuego para dispersar protestas en bloqueos de caminos. Es importante que las autoridades pongan en práctica la aplicación de normas internacionales a este respecto. Igualmente, Amnistía considera que el accionar de las fuerzas de seguridad se debe apegar a las disposiciones del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los principios básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Estas normas internacionales señalan límites estrictos sobre el empleo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y establecen que la fuerza solo podrá ser usada cuando sea estrictamente necesario y en proporción al objetivo o amenaza que se presente, y que el uso de fuerza letal solo deberá emplearse cuando sea inevitable para proteger vidas".

Antiguas y nuevas denuncias

Durante los meses de octubre y noviembre de 2005, Juana Calfunao visitó varios países europeos, en el marco de una gira de denuncia pública y presentación de su caso ante organismos internacionales, con el objetivo de denunciar la persistente campaña de persecución política de que sería objeto por parte de la institucionalidad chilena, además de las amenazas de muerte y hostigamientos cotidianos de parte de latifundistas locales que se empeñan -según denuncia- en arrebatarle las reducidas tierras de su comunidad. Uno de los puntos de su visita fue Ginebra, Suiza, y desde allí el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). Estos organismos solicitaron al gobierno chileno "tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad física y sicológica de la Sra. Juana Calfunao, de su esposo, sus hijos y todos lo miembros de su familia, incluyendo la asistencia médica urgente, apropiada y gratuita que ella y su familia necesiten". La petición internacional ha sido completamente desechada por las autoridades chilenas.

A pesar de la preocupación manifestada por los organismos internacionales y otras organizaciones de derechos humanos, el 4 de enero de 2006, nuevamente funcionarios de Carabineros -esta vez con orden judicial de detención, registro y allanamiento- detuvieron a Juana Calfunao y a otras seis mujeres, incluyendo a su hija, Relmutray Cadin Calfunao, de siete años, y las menores Carolina Landero Calfunao -17 años-, Rosnelia Neculmán Calfunao -17 años-, Catalina Ramírez Calfunao -tres años-, y Mercedes Paillalef Moraga, de 71 años. Luego de un control de identidad, se les dejó en libertad, mientras que Juana Calfunao era trasladada bajo "prisión preventiva" al Centro de Reclusión Femenino de Temuco, acusada de "desórdenes públicos" y "amenazas a Carabineros".

Según Amnistía Internacional "la detención de Juana Calfunao puede estar vinculada al uso de su legítimo derecho de protesta pacífica y por lo tanto sería una presa de conciencia. Amnistía Internacional considera presos de conciencia a aquellas personas privadas de su libertad en cualquier parte del mundo a causa de la expresión de sus convicciones, sin utilizar la violencia".

En junio de 2004, Juana Calfunao denunció el asesinato de su tío Basilio Coñoenao y el incendio provocado en su vivienda. Las comunidades Juan Paillalef y Juan Pichunlaf mantienen disputas con terratenientes locales, las familias: García, Ríos y Muñoz. La madrugada del 26 de junio de 2004, se desencadenó un incendio en la casa de Juana Calfunao, que se quemó totalmente. En su interior se descubrió el cadáver calcinado de su tío, Basilio Coñoenao, lonko de la vecina comunidad Juan Pichunlaf. Ambas comunidades creen que fue asesinado en otro lugar y, posteriormente, dejaron su cuerpo en la casa para encubrir el crimen. Días antes, Basilio Coñoenao y su sobrino recibieron amenazas de terratenientes que les exigían que abandonara la propiedad. Coñoenao denunció los hechos ante la Fiscalía Regional. AI señala: "No existe información acerca de alguna investigación que hayan realizado las autoridades por las amenazas o el incendio. Juana Calfunao y su familia fueron objeto de amenazas e intimidación en cuatro ocasiones durante el mes de julio de 2004. Arrojaron piedras contra su casa provisoria y efectuaron disparos al aire frente a ella. Los afectados denunciaron estos hechos a los Carabineros de la ciudad de Los Laureles, a ocho kilómetros de Juan Paillalef".

Las comunidades y los terratenientes mantienen desde hace tiempo una disputa por la demarcación de las tierras. Según informes de organismos de derechos humanos, los terratenientes han intimidado a mapuches de las comunidades en reiteradas ocasiones. Una demanda contra varios terratenientes locales se tramita el Primer Juzgado Civil de Temuco. Juana Calfunao también denunció que en mayo de 2000, fue detenida por carabineros de civil. Durante los tres días que permaneció en el cuartel de la policía sufrió agresiones que le provocaron un aborto. "Tampoco se sabe si ha habido avances en las investigaciones sobre este caso, que está en manos de la fiscalía militar de Valdivia", señala AI.

En una misiva desde el interior de la prisión, Calfunao anuncia que inició una huelga de hambre desde el 10 de enero de 2006: "Fui encarcelada por la jueza de garantía María Elena Llanos a petición del fiscal Alberto Chiffelle. Se considera que soy un 'peligro para la sociedad' como supuesta autora de los delitos de desórdenes públicos y amenazas a carabineros de servicio. En la audiencia realizada el día señalado el fiscal se atrevió a llamar a mi comunidad indígena como una 'pandilla' y a mí como 'la jefa de ella'. Ese es el respeto que muestran los representantes del Estado de Chile por sus habitantes de origen mapuche que reclaman y luchan por sus legítimos derechos".

El Estado usurpa tierras mapuches

Según Calfunao, el proceso que el Ministerio Público inició en su contra se origina en la reclamación que la comunidad Juan Paillalef hace al Ministerio de Obras Públicas (MOP) por la "inexistencia de expropiación de casi 10.000 metros cuadrados de terreno de la comunidad que han sido usurpados para la construcción de un camino. En octubre de 2004, después de tomarnos el camino, llegamos a un acuerdo político con la seremi de Obras Públicas en el sentido que si se determinaba que los terrenos no habían sido legal y legítimamente expropiados, dicho organismo concretaría a la brevedad la expropiación que nos afectaba".

El 1º de junio de 2005, la seremi Jazmín Balboa le informó a Juana Calfunao que por Decreto N° 947, fechado el 10 de abril de 1947, el Director General de Obras Públicas autorizó la expropiación, entre otros, del Lote N° 6 a nombre de Ambrosio Calfunao. Expropiación que habría sido notificada en enero de 1949, con un pago de 600 pesos consignado con fecha del 13 de enero de 1949 en la Tesorería Provincial de Santiago. El Decreto habría "autorizado la expropiación de 300 metros cuadrados".

Según Calfunao "los 600 pesos nunca fueron pagados efectivamente a mi padre Ambrosio Calfunao, de quien abusaron en su buena fe y en su ignorancia, por cuanto él era analfabeto en castellano, ya que sólo hablaba mapudungun. Además, no era el propietario de aquella tierra, ya que estas pertenecían a la familia Paillalef, según título de merced de 1913, y él nunca se casó legalmente con mi madre, propietaria por herencia, por lo que no había sociedad conyugal que mi padre representara. Es decir, se le expropió y, supuestamente, se le pagó a quien no era propietario. El Estado chileno, con todos los medios a su alcance ni siquiera fue capaz de hacer legalmente este despojo. El refrán jurídico dice 'el que paga mal paga dos veces'. Pero el despojo es más evidente porque aun cuando esto fuera legal o formalmente correcto, el camino construido en los terrenos de mi comunidad tiene un largo de 670 metros por 25 de ancho. Es decir, tiene una superficie de 10.200 metros cuadrados. Aun cuando aceptáramos que 'legalmente' fueron expropiados 300 metros cuadrados, existen 9.900 metros cuadrados que nos han sido despojados y no expropiados y pagados", agrega.

La Comunidad exige a las autoridades que cumplan su compromiso y ordenen la expropiación legal y el pago por los 9.900 metros cuadrados que les pertenecen. Pero el gobierno ha rehuido su responsabilidad.

"Miente diciendo que el camino fue expropiado y pagado y no honra su compromiso y pretende resolver nuestro legítimo reclamo mediante la represión policial. Ustedes saben que este encarcelamiento no es más que la guinda que corona la torta, porque durante años he sido víctima de atropellos, abusos y delitos causados por agentes del Estado y por particulares. Hace años producto de la golpiza que recibí de parte de Carabineros perdí un hijo que llevaba en mi vientre, el que aborté. Posteriormente, por defender a un hijo que estaba siendo golpeado por Carabineros en una manifestación, me rompieron un diente producto de un golpe propinado por el jefe de fuerzas especiales de Temuco. La autoridad regional reconoció implícitamente sus hechos. Mi casa en el campo ha sido quemada intencionalmente tres veces, y pese a la existencia de dos procesos a cargo del Ministerio Público, en uno de los cuales existió un fiscal con dedicación preferente por más de un mes, no se ha llegado a descubrir a los autores. Entre los atentados incendiarios, he sido hostigada, amenazada y amedrentada por grupos de paramilitares que pasan frente a mi casa exhibiendo su armamento. Varias veces han disparado en contra de mi casa, especialmente de noche. Me han matado animales domésticos. Me han amenazado de muerte varias veces, directa e indirectamente, también a mi madre y a mis hijos, incluso a uno de ellos lo han acuchillado. Está claro que mi labor como defensora de los derechos humanos de mi pueblo incomoda a varios vecinos poderosos, que son los actuales 'propietarios' o poseedores de tierra que han usurpado a las comunidades mapuche vecinas. Cada vez que he sido detenida por carabineros han usado fuerza irracional, provocándome lesiones notorias y evidentes, que han sido negadas por el médico legista de turno y por el fiscal, pese a que fueron constatadas personalmente por una jueza de garantía. Por todos los atropellos y abusos que he descrito someramente, y porque el Estado de Chile ha demostrado en mi caso ser un Estado racista y represor, que se vale de sus agentes, carabineros, fiscales, jueces para callar mi legítima lucha, para golpearme, para encarcelarme y ni siquiera escuchar mis legítimas demandas es que he decidido renunciar a mi nacionalidad chilena. No puedo ser parte de un Estado que tiene una cara internacional que lo muestra como democrático, progresista, respetuoso y fomentador de los derechos humanos, y que cuando internamente han sido requeridos por justicia, responde con su careta de represión y encarcelamiento contra las legítimas demandas mapuche."

Nota

(*) Azkintuwe es el primer periódico mapuche.